La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio

Genocidio

La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, define este crimen así:

“... se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: (a) Matanza de miembros del grupo; (b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; © Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

EXTERMINIO Y TERROR AFRONTA LA COMUNIDAD INDIGENA AWA

Jueves 12 de febrero de 2009

Bogotá, febrero 12 de 2009 

Las organizaciones abajo firmantes, repudiamos el genocidio que se viene cometiendo contra la comunidad indígena Awa y  lanzamos a las organizaciones nacionales e internacionales un S.O.S. para que se pronuncien a la mayor brevedad y exijan al gobierno colombiano y a los actores armados que hacen presencia en la Costa Pacifica Nariñense frenar de inmediato los crímenes atroces que están perpetrando contra la comunidad que habita esta zona. 

Exigimos a los actores armados se pronuncien sobre la autoría de la masacre contra 27 indígenas Awa,  la retención de niños y su responsabilidad en el desplazamiento forzado, hasta el momento, de por lo menos 70 familias de la comunidad.   

Desde el pasado 4 de febrero, según información recaudada por las organizaciones indígenas: Unidad Indígena del Pueblo Awa _UNIPA, y Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, por lo menos 27 miembros de la comunidad han sido masacrados.

Los hechos han sido perpetrados al parecer por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC o quienes se hacen pasar por ellos y utilizan sus distintivos. Por ello la exigencia a las FARC de manera perentoria es que se pronuncie.  Una comisión compuesta por organismos de Naciones Unidas, Organizaciones Indígenas, Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, Gobierno Departamental, entre otras estudian las condiciones de acceso a la zona, para verificar los hechos con el fin de obtener una versión confirmada sobre los autores de este repudiable crimen.    

Desde la ultima semana del mes de enero, en la vereda Volteadero y Bravo del Resguardo de Tortugaña Telembí (Barbacoas).  Miembros del Ejército nacional pertenecientes al  Grupo Cabal, Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres de la Brigada 29, adscrita al Tercera División hicieron presencia en el área presionando a la comunidad indígena para que les entregara información  sobre el paradero de la insurgencia.  

Los Hechos  

1. Según información hasta ahora recaudada por las organizaciones indígenas: El 4 de febrero, hombres armados con distintivos de las Farc retuvieron a 20 personas (hombres, mujeres y niños), las cuales fueron llevadas amarradas a una quebrada denominada el Hojal de la comunidad el Bravo y se les observó asesinando a algunas persona con arma blanca.

1. El 5 de febrero a las 4 de la tarde se registraron enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Este mismo día la comunidad la zona en particular los que habitan entre la vereda el Bravo y el Cerro de Sabaleta fue objeto de bombardeos por parte de la Fuerza Aérea del Ejército Nacional, hecho que genero terror y desplazamiento de la comunidad.

1. El día 6 de febrero, a las 5 de la tarde se presentaron combates entre el ejército y las Farc, los cuales se reanudaron el 7 del mismo mes. Como resultado de todos estos hechos se han desplazados varias familias al interior del territorio y hacia Samaniego, Buenavista (Barbacoa), a Planadas Telembí, a pesar de la presencia de minas antipersonales sembradas por la guerrilla en las diferentes vías de acceso. De igual forma se encuentran al rededor de 1300 personas en situación de confinamiento, padeciendo situación de hambres y enfermedades con graves impactos sobre la población infantil.

Exigimos al Gobierno garantías para las comunidades indígenas, respetar el derecho internacional humanitario y no utilizar a la población civil como escudo humano.

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