ANÁLISIS DECRETO N° 3390 Y LEY DE INFO GOBIERNO

ANÁLISIS DECRETO N° 3390 Y LEY DE INFO GOBIERNO

Autor: Arkel A. Millán R. C.I. 18.188.352

Caracas, mayo 2016

        El decreto N°3390 surge con la iniciativa de promover el uso continuo y prolongado del Software Libre en Venezuela, solo para los entes públicos en primera instancia. Podemos decir que software libre es la denominación del software que respeta la libertad de todos los usuarios que adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas; un ejemplo vivo de esta aplicación es el software Canaima, posee varias versiones y es la versión que se utiliza para aplicar el decreto N° 3390.

        Sin embargo la aplicación de este decreto no ha sido bien recibido puesto que la implementación de nuevas tecnologías desde las raíces no solo es como cambiar un periférico, existen varios riesgos a las cuales la información está sujeta. Primeramente, el tipo de hardware, el principal problema de una migración es saber el nivel de compatibilidad que tiene un dispositivo cualquiera, en este caso servidores con estándares de recursos bastos para surtir de servicios a sus clientes. Para una migración de esta magnitud la cantidad de pruebas necesarias a realizar, son casi ilimitadas por lo que el decreto establece que debe hacerse este proceso de manera progresiva y continuada para poder cumplir con el objetivo.

        Otro punto muy importante, es poseer el personal capacitado con los conocimientos y experiencias necesarias para una implementación óptima y cumplir en un menor tiempo. Esto es un punto contradictorio para este decreto, ya que no hubo previamente una inducción al personal para la implementación y mucho menos a los usuarios finales (estaciones de trabajo finales), por lo que el no hacer esto conlleva a la contratación de un personal especializado en este tipo de tecnología, el costo de este servicio es mucho más elevado ya que este tipo de conocimiento es muy valioso en este campo.

        De esta manera se puede observar que una implementación de este tamaño va a manejar tiempos a largo plazo, por lo que se puede pensar que se da la inducción necesaria sobre el software libre durante la implementación, pero los usuarios siempre se van a resistir a los cambios y hay que guiarlos sabiamente para no impactar en los resultados esperados.

        Otro punto importante son los usuarios con estaciones de trabajo especiales, con actividades necesarias para la institución tales como diseño de planos, edición de imágenes, etc. Actividades donde se requieren recursos específicos o aplicaciones de nombre (pagas) para poder ejecutar un servicio específico. Este tipo de usuarios o estaciones de trabajo son difíciles de migrar ya que conlleva aprender a hacer exactamente lo mismo pero con herramientas diferentes y se debe hacer en el mismo tiempo en el cual estás acostumbrado a entregar tus trabajos, este tipo de problemas arroja como consecuencia que el personal involucrado no tome este cambio como algo productivo para sus actividades.

        Finalmente para este decreto, no ejecuta sanciones al no migrar al software libre, por el contrario existen excepciones establecidas donde si no es posible realizar una implementación puedan continuar con el software pago, siempre y cuando tengan la debida autorización del ente regulatorio de este decreto.

        Ahora bien, la ley de Info gobierno establece el carácter de obligatoriedad del uso de las Tecnologías de Información en el ejercicio de las competencias del Poder Público. Establece las normas, principios y lineamientos aplicados a la Tecnología de la Información, con el fin de mejorar la gestión pública y hacerla transparente, facilitar el acceso de las ciudadanas y ciudadanos a la información en sus roles de contralor y usuario, además de promover el desarrollo nacional que garantice la soberanía tecnológica.

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