ESPACIO COTIDIANO

remite al sentido político de lo colectivo, el rol de la agrupación de personas que comparten aspectos de la vida en común y se identifican mutuamente como parte de un grupo que configura un nosotros.

El ejercicio colectivo de la ciudadanía es un requisito para una sana democracia, donde la visión de los diversos actores locales esté representada. Hoy en día esto es obviado por la mayoría de nosotros, ya que remitimos nuestra participación en las decisiones nacionales y locales al acto de votar cada par de años por las autoridades instituidas por el Estado, delegando toda nuestra responsabilidad en la construcción cotidiana de la sociedad y el desarrollo de los espacios en los que vivimos. Esto se hace más preocupante al no existir una opción real de elegir, ya que el sistema electoral se sustenta en la competencia de partidos políticos que nos ofrecen un mismo modelo de desarrollo.

Es así que vivimos en la creencia de que el orden social y las instituciones que lo regulan están fuera de nuestro alcance e incidencia, casi como si estuviéramos destinados a un orden divino, imposible de modificar, donde funcionamos día a día acatando los márgenes que nos imponen las leyes y políticas de desarrollo que no decidimos, que decidieron otros por nosotros, y casi siempre en directo beneficio de unos pocos, no del bien común en que se sustenta la misma legitimidad del Estado.

Entonces, esta legitimidad del orden social actual parece encontrarse coja desde el análisis del ejercicio real de la democracia y la construcción de un proyecto encaminado hacia la búsqueda del bien común. Sin embargo, existe otro pilar que cimienta este estado de la sociedad, y ese es el miedo.

En un rito constitutivo del Estado, las personas delegamos el ejercicio de la violencia en sus manos, para ser administrado en función del orden social y, por supuesto, el bien común. Sólo Él posee el uso legítimo de la justicia y la fuerza. Podemos concordar en que de no ser así nuestra convivencia sería caótica, pero el punto en cuestión es que si no tenemos real incidencia en la creación de nuestro ordenamiento legal, tampoco estamos construyendo una noción de justicia social y colectiva, por lo tanto, muchas de nuestras aspiraciones de desarrollo social finalmente quedan al margen de la norma, por tanto son penadas por la justicia, e incluso con la violencia. Esto no es una exageración, lo vivimos día a día, cuando buscamos mejorar nuestras condiciones laborales, de educación y salud, proteger nuestro entorno ambiental, o el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos originarios.

Es aquí donde sale a la luz el miedo, ese poder escondido que nos impide organizarnos, dar nuestra opinión, incluso pensar que es posible construir instancias locales de desarrollo que nos ayuden a vivir en un entorno mejor, socialmente más justo, y económica y ambientalmente más sustentable.

Conformamos una sociedad

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