Geolocalizacion

Antescedentes:

El combate a la delincuencia organizada requiere el uso de herramientas como la intervención de las comunicaciones telefónicas de criminales, previa autorización de un juez. Sin embargo, una serie de modificaciones legales aprobadas a inicios de marzo por la Cámara de Diputados de México podrían darle a las autoridades la capacidad para conocer la ubicación de los teléfonos celulares en el país, con un posible boquete que potencialmente vulneraría la privacidad de los más de 94 millones de usuarios de teléfonos celulares en el país.

El proyecto (llamado coloquialmente Ley de Geolocalización), propuesto hace un año ante el Senado de la República por los senadores senadores Tomás Torres Mercado (Partido Verde Ecologista de México), Fernando Jorge Castro Trenti (Partido Revolucionario Institucional) y Alejandro González Alcocer (Partido Acción Nacional) y aprobado el pasado 1 de marzo con 315 votos a favor y seis en contra, contiene modificaciones a ordenamientos como el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

Estas modificaciones contienen nuevas obligaciones para los operadores de servicios de telecomunicaciones: crear una combinación de teclas que permita enviar a las autoridades una señal de auxilio, hacer inutilizables los teléfonos celulares con reporte de robo y bloquear las señales de celular al interior de cárceles e instituciones para reclusión de menores infractores.

La Suprema Corte de Justicia avaló este jueves la Ley de Geolocalización que permitirá a las autoridades ubicar teléfonos móviles relacionados con crímenes sin necesidad de una orden judicial.

México realizó un cambio en el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Geolocalización avalada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitirá que los ministerios públicos tengan acceso a la ubicación de teléfonos móviles vinculados a crímenes como secuestro, extorsión o tráfico de drogas, esto, sin la necesidad de una orden dictada por un juez.

La necesidad de discutir la iniciativa surgió porque en 2013 se denunciaron más de 1,583 casos de secuestro en el país, un aumento de 32% en comparación con 2012, mientras que las extorsiones crecieron 11% para alcanzar 7,441 denuncias.

Uno de los principales puntos de quiebre en el debate fue que la nueva ley no establece hasta por qué plazo se tendrá acceso a los datos, sin embargo, quienes están a favor aseguran que la medida se refiere únicamente al acceso a la

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