La problemática ambiental encontrada en dicho caso

Identifica y describe lo siguiente:

La problemática ambiental encontrada en dicho caso

El Comité Dictaminador de la Preaudiencia sobre “Despojo y Envenenamiento de las Comunidades por Minería y Basura” se reunió en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, del 21 al 23 de junio de 2013, para darle continuidad a los trabajos de denuncia y visibilización que se han venido desarrollando en el marco de actividades de la Audiencia Temática de “Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos”. El Comité Dictaminador ha conocido de casos relacionados con agravios producidos por basura y minería. Se presentaron los casos de afectados por basura y los casos de afectados por minería.

La nueva explotación minera en el país se ha dirigido en gran medida a yacimientos de minerales preciosos de cielo abierto y se caracteriza por ser profundamente devastadora de los recursos y del medio ambiente, con el consecuente agravamiento de las condiciones de trabajo de los mineros y de vida de los pueblos aledaños. Este tipo de explotación intensiva, irracional, exhibe una voracidad sin precedente del capital extranjero sobre los territorios del mundo y la riqueza de las naciones, un saqueo sin límite de la riqueza para el consumo internacional de la producción capitalista trasnacional. Esta forma de explotación intensiva o extractivismo neocolonial, tiene en la exportación, su único propósito. A lo largo de los últimos 30 años, cada una de las distintas administraciones presidenciales ha avanzado en la desclasificación jurídica, la privatización, la concentración y la desnacionalización de la industria minera nacional. En los dos últimos sexenios, se entregaron 27 000 concesiones mineras, que contienen 56 millones de hectáreas, equivalentes a cerca de la tercera parte del territorio nacional, afectando a centenares de comunidades y poniendo en riesgo la soberanía nacional. El 80% de las concesiones se han entregado a empresas canadienses entre las que destaca la Gold Corp, la productora mundial de oro, que tiene minas en Chihuahua, Guerrero, Durango y Zacatecas. Actualmente hay 822 empresas mineras extranjeras.

Las comunidades y pueblos afectados que presentaron acusaciones y testimonios en esta preaudiencia son los siguientes:

1.- Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Oaxaca, afectados por la minera canadiense Esperanza Silver

2.- Pro San Luis Ecológico, A.C. Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, afectados por la empresa canadiense Minera San Xavier.

3.- La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, Comunidades de Actopan y Alto Lucero, afectados por el Proyecto minero Caballo Blanco, Veracruz, de la minera canadiense Gold Group Miming.

4.- Diez comunidades de Alpuyeca y Tetlama, Morelos, afectadas por el proyecto de la minera canadiense Esperanza Silver (comprada en agosto 2013 por Los Alamos Gold, también canadiense).

5.- Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla de Tetela de Ocampo, Ixtla, Temaxtitlan y Zapotitlán de Méndez

6.- Accionistas despojados de su patrimonio, trabajadores de la Impulsora Minera Angangueo, Michoacán, afectados por la Industrial Minera México

7.- Comunidad de Quecholac, Tuzuapan, Sur de Puebla

8.- Colonias Unidas de La Mira y Pueblos Circunvencinos, Lázaro Cárdenas, Michoacán, afectados por la minera canadiense Arcelor Mittal

9.- Chicomuselo, Chiapas, afectos por las empresas canadienses Black Fire y Gold Energy

Los serios agravios conllevan grandes violaciones a los derechos Humanos como al agua, la salud, a un medio ambiente sano, a la propiedad colectiva de los recursos naturales, a la tierra, a la propiedad personal, a la identidad cultural, al patrimonio cultural de los pueblos indios, a la conservación de saberes, tradiciones, usos y costumbres de las comunidades, a la obtención de servicios, a la libre determinación de los pueblos y las comunidades a la integridad física y moral, a la liberad individual, de asociación y de movimiento y a la integridad física y moral de toda persona, en suma: al derecho a la vida.

De acuerdo con los objetivos de esta Preaudiencia la opinión formulada por este Comité Dictaminador se articula en las siguientes partes

1.- Contexto y coyuntura de la problemática

2.- Afectados.

3.- Agravios y mecanismos de comisión.

4.- Peticiones y Demandas

5.- Pronunciamiento y recomendaciones

La complicidad de las autoridades es evidente desde el otorgamiento de las concesiones sin mayores requisitos. En la aprobación sin sustento de las Manifestaciones de Impacto del Medio Ambiente (MIA), en la no realización de las consultas públicas informativas sobre la MIA, en la insuficiencia de los estudios de contaminación del agua, en la no realización de estudios sobre la salud de las poblaciones afectadas con enfermedades respiratoria y dermatológicas.

El Comité Dictaminador acuerda responsabilizar a las empresas mineras, trasnacionales y mexicanas, y a sus cómplices en los distintos niveles de gobierno del país involucrados en la aprobación de estos proyectos que autorizan el saqueo de los recursos de la nación por la producción extractivista depredadora y contaminadora del medio ambiente, muy principalmente el agua y por tanto, afecta la salud comunitaria.

Exige la cancelación de la minería de cielo abierto por violar el artículo segundo de la actual ley minera y condena el artículo sexto de la actual Ley Minera que da a esta actividad el carácter preferente y de utilidad pública.

Se pronuncia por la inmediata realización de una evaluación científica, técnica, jurídica, social y ambiental independiente para asegurar la legitimidad, la legalidad y sustentabilidad de todos los proyectos mineros que operan en el país, en condiciones similares a la regulación ambiental de EEUU y Canadá. De no confirmarse estas características se pronuncia por la cancelación de las concesiones otorgadas.

Exige la reconstrucción sustentable de las condiciones naturales originarias de las zonas devastadas por el extractivismo minero, particularmente atendiendo la contaminación de los ríos y acuíferos del subsuelo, costas, etc.

Condena al Estado mexicano por el delito de desviación de poder desde la Secretaría de Economía, otorgante de las concesiones mineras y de la Semarnat que aprueba las deficientes manifestaciones de impacto ambiental.

Exige atender las justas demandas de los pueblos afectados: devolución de los territorios de las comunidades que han sido víctimas de despojo; respeto de sus territorios sagrados; respeto del derecho al agua de las comunidades; evaluación de las condiciones de

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