Protección De La Intimidad Frente A La Informática

A través de este texto de Antonio-Enrique Pérez Luño, podemos ver como en la Constitución española ya queda reflejada la importancia de la protección de la intimidad frente a la informática. La Constitución dicta “La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. En aquellos momentos no existía la evolución de las TICS y el acceso a las mismas no estaba generalizado. Por ello la normativa tenía en cuenta el carácter individual y privado de las comunicaciones. Pero hoy en día con los nuevos usos y la evolución de la tecnología, el fácil acceso, etc. Las comunicaciones y el uso de internet han crecido de manera desbordante. La intimidad ha perdido su exclusivo carácter individual y privado para asumir una significación pública y colectiva. El derecho a la intimidad entendido como derecho fundamental rebasa los límites de las libertades individuales para presentarse como condición de la existencia colectiva, por ello es importante que los gobiernos sepan asegurar un uso democrático de las nuevas tecnologías. En los países de mayor progreso tecnológico se buscan fórmulas que garanticen el control social de la información. Para ello han tenido que dar respuesta a las siguientes preguntas ¿quiénes van a ser los sujetos gestores de la informática?, ¿qué limites deben establecerse?, ¿qué métodos van a emplearse para la elaboración de la información?, ¿cómo se va a regular el acceso de las personas y grupos a la información que les concierne?. Hay que resolver estas cuestiones sin una actitud negativa o defensiva ante la tecnología, sino tratando de asegurar el control democrático y el ejercicio social de la tecnología informática. El desarrollo que se da en la Constitución española entre intimidad e informática está centrado en una dimensión individual y deja de abordar cuestiones importantes. Para el autor sería deseable reconducir a una única ley orgánica todos los temas relacionados, con las implicaciones tanto individuales como colectivas, que sea capaz de asumir los distintos escenarios que se plantean actualmente. Pero también se necesita la ayuda del Tribunal Constitucional para que complete las disposiciones constitucionales referidas a las relaciones entre informática e intimidad de la forma más adecuada para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todos los ciudadanos. Además el Defensor del Pueblo deberá desempeñar una función de control en sentido democrático para que no se menosprecie el ejercicio de la libertad. Tiene que ser posible un planteamiento de las relaciones informática-intimidad, asentado sobre el principio de que libertad e igualdad, individuo y colectividad son opciones compatibles y obligadas a entenderse.

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