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Desde que Chávez asumió el poder en febrero de 1999, se inició una reforma de la política petrolera que había sido dominante en la década anterior. La nueva orientación rescata aspectos esenciales de la larga tradición petrolera venezolana y busca superar algunas orientaciones consideradas equivocadas y que se habían venido estableciendo desde la nacionalización de 1976. (Lander. L.E. López Maya. M. (2003)). Según Alan Viergutz, una manera de calificar la nueva política petrolera venezolana es de Nacionalista. El nacionalismo, dentro del nuevo contexto, implicaría darle prioridad al desarrollo de las empresas y capitales venezolanos sin menospreciar el aporte que puedan hacer los inversionistas y corporaciones extranjeras. En materia de hidrocarburos, el nuevo gobierno promulgó dos nuevas leyes. La primera, la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, fue promulgada en septiembre de 1999 y la segunda la Ley de Hidrocarburos Líquidos, fue promulgada en noviembre de 2001, derogándose, con estas dos leyes, todas las leyes previas relacionadas con los hidrocarburos.

Tal y como plantea Alí Rodríguez Araque, ministro de Energía y Minas de 1999 a 2000, y uno de los personajes clave de la reorientación nacionalista de la política petrolera venezolana, las directrices de la nueva política petrolera puesta en marcha por el gobierno de Chávez, se establecen como principios en la nueva Constitución de la República Bolivariana, en vigor desde el año 2000. Concretamente, los principios generales aparecen establecidos en el Preámbulo y en sus artículos 5, 11, 113, 150, 151, 156 –numerales 12 y 16- así como en los artículos 209, 301, 302 y 303. En el conjunto de los artículos citados tiene relevancia lo relativo a la soberanía sobre los recursos de hidrocarburos, la declaratoria de interés público, la solución de dudas y controversias, la competencia del Poder Público Nacional, particularmente en lo que se refiere al régimen y administración de las minas e hidrocarburos.

De este modo podemos afirmar que la política del gobierno de Chávez, en materia petrolera, se dirige a cumplir las directrices marcadas por la Constitución Bolivariana. De forma general podríamos destacar como objetivos fundamentales:

Recuperar el control del Poder público Nacional sobre los recursos de hidrocarburos. En esta dirección se pretende acabar con el “Estado dentro del Estado “representado por la antigua Pdvsa. Así pues, se restituye al Ministerio de Energía y Minas como órgano nacional competente en todo lo relacionado con la administración de los hidrocarburos. Esto significa que el MEM goza de la potestad para formular, regular y hacer seguimiento de las políticas y planificación realización y fiscalización de las actividades en materia de hidrocarburos.

La nueva realidad política venezolana circunscribe a la todopoderosa Pdvsa al papel de instrumento dedicado exclusivamente a las actividades

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