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En Venezuela, las normas rectoras tanto de la educación pública, como de la educación privada están contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 36.860, Diciembre 30, 1999. Así mismo la Ley Orgánica de Educación, promulgada en la Gaceta Oficial N° 5929, Agosto 15, 2009.

El texto constitucional establece en el artículo 103 lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.

En relación con el proyecto a desarrollar, el artículo antes mencionado ordena a los entes responsables en materia educativa, impartir educación de calidad, es por ello que cualquier herramienta destinada a la mejora del sistema, es de gran utilidad y se necesita para el buen funcionamiento de las instituciones educativas.

En el mismo ordenamiento constitucional, el artículo 104 refiere:

La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.

Tal como lo refiere el artículo señalado con anterioridad, es de carácter constitucional vigilar el proceso de ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, por lo que su relación con el proyecto es el aporte que realiza la herramienta gerencial objeto de estudio genera una simplificación de los procesos de permanencia de los estudiantes

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