AMENAZA EN MATERIA DE SOBERANIA

AMENAZA EN MATERIA DE SOBERANIA

Este Plan es presentado como un plan para la paz y contra el narcotráfico, cuando en realidad es un plan de guerra y un plan que no ataca al narcotráfico, por el contrario, lo protege. El Plan Colombia es el pretexto con el cual los Estados Unidos justifican su intervención en Colombia y la región que les interesa. La lucha antinarcóticos es un pretexto para acabar las resistencias a su política hegemónica.

De hecho el Plan Colombia se planeó en unión con otro plan: el Plan Puebla-Panamá. En realidad son dos planes para un mismo objetivo, la conquista económica de América Latina. El Plan Puebla-Panamá, contempla esencialmente un Plan de construcción de poliductos para viabilizar el ALCA, viene a aplicarse en América Central, territorio que ya fue víctima de la CIA en las décadas anteriores. En los países centroamericanos, la CIA quebró militarmente las resistencias a su política hegemónica utilizando intensivamente para ello el paramilitarismo, que como lo veremos es la nueva fórmula más audaz de represión, porque contiene en sí un engaño, que le permite a las dictaduras salvaguardar imagen.

Génesis del Plan Colombia: El Plan Colombia fue presentado por primera vez ante el congreso Estadounidense por los senadores Dewine, Grassley y Coverdell. Esta fue la primera presentación oficial del Plan Colombia, pero su texto original, en inglés, fue elaborado mucho antes, y es un plan de la CIA presentado públicamente como de autoría propia de Colombia, cuando se sabe que el plan ni se consultó con el parlamento colombiano ni tampoco a sus Comisiones de Asuntos Exteriores. Por lo que se trata, ya en su génesis, de un plan ideado por Estados Unidos sin participación de las fuerzas sociales colombianas y al servicio de uno de los actores del conflicto colombiano, el que defiende los intereses de los Estados Unidos: el gobierno colombiano.

El 11 de abril

Entre el 11 y el 13 de abril, Venezuela vivió el proceso político más dramático e inédito de su historia contemporánea. En 48 horas, un gobierno democráticamente elegido y ratificado en una nueva elección por un elevado porcentaje de la población venezolana, fue derrocado y reinstalado en el poder, mientras que el efímero gobierno de facto que había asumido tras el derrocamiento del presidente Chávez, desaparecía con la misma rapidez con la que había surgido.

Aún es temprano para conocer los pormenores políticos y sociales de un fenómeno tan interesante y particularmente significativo en la situación presente y futura del país. No está a disposición de la mayoría de la población la documentación que arroje luces sobre los preparativos de la asonada golpista, tampoco está totalmente claro el papel jugado por factores externos como el gobierno norteamericano. Apenas se acaba de conformar en la Asamblea Nacional la comisión que investigará los hechos de violencia que precedieron al golpe de Estado. No obstante estas limitaciones, resulta urgente comenzar a esbozar algunas ideas sobre lo ocurrido entre el 11 y el 13 de abril.

Un golpe de derecha

En primer término, no cabe la menor duda que en Venezuela se produjo un golpe de Estado, no estrictamente militar, pero en el que, sin embargo, participó un importante sector de las fuerzas armadas, especialmente compuesto por generales y almirantes, así como también un predominante sector civil, compuesto, aparentemente, por jóvenes empresarios. Otro componente importante del golpe fue la Iglesia Católica.

Según informaciones no confirmadas, uno de los sitios a donde fue llevado el presidente Chávez después de ser arrestado fue la sede de la Conferencia Episcopal, además, la mayoría de los ministros nombrados por el breve gobierno de Pedro Carmona Estanga son miembros del Opus Dei, incluso con altas responsabilidades dentro de dicha organización. El golpe no tuvo las características tradicionales de las asonadas militares latinoamericanas. No fue una operación milimétricamente planificada en la clandestinidad, fijada para un día y una hora determinada, por el contrario, la oposición al gobierno de Chávez venía desde hacía meses conspirando abiertamente, utilizando como punta de lanza a los medios de comunicación social. Esta estrategia se recrudeció con particular énfasis y decisión desde el paro patronal del 10 de diciembre del año 2001.

Fedecamara y la CTV, junto a diversos partidos políticos y organizaciones sociales, iniciaron desde aquella fecha una escalada de confrontación que tenía como objetivo crear una situación de crisis social generalizada, que eventualmente generara enfrentamientos violentos entre partidarios del gobierno y de la oposición antichavista, para propiciar la intervención de las fuerzas armadas. Para ello se trazaron un plan de acciones de calle y huelgas que concluyeron con el paro general indefinido iniciado el día 10 de abril y que tuvo como corolario la movilización del día 11 que comenzó en el Parque del Este y que debía terminar en Chuao.

Pero precisamente fue este el momento que se aprovechó para producir una abierta y flagrante provocación cuando sectores organizadores de la manifestación decidieron conducirla hasta el Palacio de Miraflores donde un gran número de partidarios del gobierno se encontraban concentrados. La violencia que se desató, lo cual era precisamente lo que algunos sectores participantes en la marcha buscaban, sentó las bases para la intervención de las fuerzas armadas. Las cartas del golpe de Estado ya estaban echadas.

La clase media: base social del golpe

El golpe de Estado encabezado por Pedro Carmona Estanga, en menos de 48 horas, mostró una faz ultraconservadora; sin lugar a dudas que los venezolanos vimos en el poder, quizás por primera vez, el comienzo de una dictadura de derecha que en el breve período de su existencia llevó a cabo más de 1000 allanamientos en todo el país, arrestó a ciento de personas violando sus más elementales derechos y garantía ciudadanas, arremetió contra funcionarios del gobierno de Chávez y mediante decreto eliminó la Asamblea Nacional y todos los demás poderes públicos, así como el nombre constitucionalmente establecido del país: República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, un golpe de esta orientación ideológica tan marcada, no hubiera sido posible sin una base social que lo avalara. No debemos perder de vista que la clase media venezolana, gracias a la renta petrolera, ha disfrutado tradicionalmente de un alto nivel de vida, simultáneamente con poseer una limitada cultura general, y un muy débil nivel de politización, determinado por las condiciones de su entorno. Todo esto la convierte en un sector social profundamente conservador y temeroso de lo que considera un giro del país hacia posturas socializantes y eventualmente autoritarias,

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