ANTECEDENTES DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL DEL ESPACIO GEOGRAFICO VENEZOLANO

La Historia De La Ordenación Territorial Venezolana De Los Últimos Años

Estuvo marcada por una progresiva disminución de la función de planificación del Estado, una excesiva centralización de funciones en manos de instancias del Poder Central y una concentración de las mismas en una pequeña porción del territorio nacional.

Los diversos intentos por delinear un Plan Nacional de Desarrollo no se mantuvieron en el tiempo, pues estuvieron sujetos a cambios de administración que reiteradamente confundieron las funciones de Estado con las funciones de Gobierno y abandonaron el rumbo trazado sin explicación o justificación. Los ejemplos que ilustran esta realidad son numerosos; entre ellos se pueden mencionar la creación de un polo de desarrollo en Ciudad Guayana, la regionalización del país y la creación del Eje Orinoco-Apure.

Durante el período 1968-1973 se regionalizó el país, se elaboraron planes y se crearon instituciones regionales con el objetivo de lograr una mayor ordenación territorial. Posteriormente, este proceso se fue haciendo más ineficiente hasta prácticamente desaparecer. Sin embargo, dejó un legado de estudios y personal capacitado que ayudará a facilitar la reintroducción de la planificación territorial en el país, permitiendo subsanar aquellos errores originales que incidieron en su declinación. En esa etapa, las decisiones se centralizaron en la Presidencia de la República, y la participación de los gobiernos estadales y municipales dependía de la administración central.

En el año 1989 se inició el proceso de descentralización, el cual constituyó un importante avance en la modernización del país. La descentralización emprendida durante esa última década se puede calificar como un proceso complejo y al mismo tiempo beneficioso; su primer gran alcance, la elección directa de gobernadores y alcaldes, fue un paso fundamental para la consolidación y el desarrollo de los gobiernos estadales y locales, así como para la asignación y traspaso de recursos para la realización de proyectos e inversiones.

Los posibles efectos beneficiosos de las medidas de descentralización se vieron neutralizados por los efectos concentradores, en lo territorial, de los paquetes de medidas macroeconómicas instrumentadas en los últimos años y por la ausencia de una auténtica estrategia de desarrollo regional que dotara de contenido sustantivo a ese proceso de descentralización. Consecuentemente, no se logró superar la concentración del desarrollo nacional en una pequeña porción del territorio, y se mantuvo al resto del país prácticamente desatendido, por lo que es necesario profundizar la descentralización, mediante una estrategia de desconcentración, para evitar que se abandone un proceso de gran importancia para el desarrollo del país.

Los diferentes planes de ajuste que se pusieron en práctica en 1989 y en 1994, además de no lograr sus objetivos macroeconómicos, produjeron una contracción en el producto, el empleo y el salario real, la cual estuvo acompañada de un aumento sustancial de la tasa inflacionaria, e incluyó incrementos en los costos de transporte.

El impacto de las medidas disminuyó significativamente los sectores de actividad, en particular el agrícola que resultó el más afectado de todos los sectores al incrementarse sustancialmente sus costos de producción mientras se abrieron indiscriminadamente las importaciones. Las ciudades intermedias de base económica agrícola, como Barinas, Santa Bárbara, Calabozo, Machiques, Carora, San Felipe, Acarigua-Araure, Guanare, San Carlos, Valle de la Pascua, San Fernando, El Tigre y Maturín, perdieron el dinamismo que habían experimentado en años anteriores, lo cual generó migraciones hacia las grandes ciudades y agudizó el problema de sus cinturones de miseria. Adicionalmente, la actividad agrícola en El Tigre y Maturín, anteriormente muy próspera, se vio aún más perjudicada por el impacto de una apertura petrolera concebida sólo en términos del interés rentista, con abstracción de lo social y lo ambiental. El impacto de la política agraria sobre los desequilibrios territoriales fue de gran profundidad y hoy requiere una redefinición.

La recesión acusada por el sector industrial generó desempleo en las grandes ciudades, especialmente en el eje Caracas-Maracay-Valencia, lo cual, aunado a las migraciones provenientes de las zonas agrícolas, contribuyó a la multiplicación de las áreas marginales preexistentes.

La inseguridad generada por el auge de la marginalidad y el incremento de los costos turísticos en un país dolarizado, así como la ausencia de un mínimo de planificación territorial y protección ambiental en las zonas turísticas, frenaron la afluencia del turismo extranjero y afectaron negativamente el interno. Estos factores provocaron una fuerte distorsión de la actividad turística y el desarrollo social en el área de Margarita y Puerto La Cruz, lo cual se sustenta, a la vez, en actividades ilícitas, como el lavado de dólares y el tráfico de drogas. Generaron, asimismo, una disminución de la actividad turística en los Andes y las zonas costeras, con el consecuente desempleo y disminución del efecto distribuidor del ingreso del centro a la provincia, el cual había contribuido a frenar la tradicional dinámica poblacional concentradora.

El amplio potencial de desarrollo regional en la periferia del país, que podría generar los intercambios fronterizos con Colombia, Brasil y el Caribe, se vio minimizado por la poca capacidad del Estado de ejercer un control efectivo sobre ese proceso. De igual manera, la explotación descontrolada de minerales en las zonas fronterizas y en todo el sur del país generó un grave deterioro de los altísimos valores ambientales y de biodiversidad existentes en esas zonas.

Algo análogo ocurrió debido al fuerte impacto ambiental de la trayectoria seguida. El deterioro del medio urbano fue simultáneo al deterioro del nivel de vida en las ciudades y al crecimiento incontrolado de viviendas sin las mínimas condiciones de saneamiento. Por otro lado, la ausencia de una política ambiental clara impidió valorizar adecuadamente nuestros recursos naturales que, en un marco de desarrollo sostenible, hubieran podido constituir un factor de impulso a la desconcentración y, al mismo tiempo, colaborar con la diversidad productiva y al desarrollo de actividades de futuro.

Como ejemplo, se puede mencionar que las zonas boscosas de Venezuela pasaron de un promedio estimado de tala de 245 mil hectáreas, en la década de los 70, a 600 mil hectáreas por año, en los 80´s , lo que significó la destrucción de 6 millones de hectáreas de bosque en ese período. Durante el periodo 1990- 1995, la tala de zonas boscosas llegó a una hectárea por minuto en el país, razón por la cual Venezuela se convirtió

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