ANTECEDENTES.

ANTECEDENTES

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promulga la Cumbre Mundial a favor de la Infancia y Adolescencia dando a conocer la Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, adoptando disposiciones para la prohibición del reclutamiento forzado, para ello se agregó en esta convención, el protocolo facultativo sobre la participación de los niños en conflictos armados, tomando como base la edad mínima de 18 años, para la vinculación en grupos militares de carácter estatal; a partir del 25 de mayo de 2005, Colombia prohibió el reclutamiento ilícito y la utilización de niños en grupos al margen de la ley.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), recibió los primeros niños desvinculados de los grupos armados ilegales para el año 1995, con un total de 4.600 intervenciones terapéuticas a las víctimas del conflicto interno, al observar la necesidad de intervención, se crea el programa de atención de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos al margen de la ley con el objetivo primordial de garantizar el restablecimiento de derechos, esta misma representación estatal, efectúa un reporte estadístico del año 2011, de la desvinculación de 328 niños y niñas de los cuales el 85% son hombres y el 15% son mujeres.

Posteriormente, en el año 2007, se genero el pronunciamiento del Procurador General de la Nación, expresando su preocupación frente a las autoridades judiciales, al no iniciar investigaciones para sancionar a los responsables de reclutamiento ilícito y de manera consecuente se debe efectuar individualizaciones de las personas que se acojan a los procesos de Justicia y Paz, por esta razón, la Fiscalía General de la Nación, en octubre de 2008 manifestó el registro de ( 665 )casos por el delito de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, de los cuales ( 117 ) corresponden a la Ley 906 del 2004 y ( 548 ) a la Ley 600 del 2000, de estos casos solo ( 292 ) se encuentran activos y en dos de ellos se había proferido condenas.

RESPONSABILIDAD PENAL DE VICTIMARIOS Y VÍCTIMAS DE LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-203 de 2005, considera a los niños y niñas vinculados en los grupos armados como víctimas del delito de reclutamiento forzado, razón por la cual, el sujeto activo de este crimen no puede excusarse de que el ingreso fue voluntario y es deber del estado hacer efectiva la responsabilidad penal de quienes efectuaron el reclutamiento a este grupo armado

Es de resaltar, en esta misma sentencia de la Corte Constitucional, de manera contradictoria le faculta la responsabilidad de quien comete el delito como de las víctimas del mismo, donde son considerados los niños como infractores de la Ley Penal al participar en actos cometidos que causaron daños a otras personas, convirtiéndolas también en víctimas, de esta manera se pretende establecer la verdad, la justicia y la reparación integral de las ultimas. Cada niño implicado en la comisión de un delito dentro del conflicto armado, se evalúa de manera individual, teniendo en cuanta el nivel psicológico, factores, circunstancias, y grado de responsabilidad dentro de la comisión del hecho, posteriormente se concluye con el ingreso de los niños y niñas al programa especial de desmovilizados y reinserción establecido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN.

En la Legislación Penal Colombiana, Ley 599 de 2000, en estos delitos que constituyen violaciones de los derechos de los niños, se puede iniciar la investigación mediante dos formas, en primer lugar, generada mediante una denuncia del delito, el cual contiene

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