ANTECEDENTES.

INTRODUCCION

Es importante también destacar las acciones impulsadas por los propios indígenas, prueba de ello es la presencia de organizaciones y espacios de integración de Pueblos Indígenas al margen de las impulsadas por la CAN, que se suman a todas las acciones afirmativas, normas nacionales y convenios internacionales que consolidan la diversidad existente en cada uno de los países. Nuestra República Bolivariana de Venezuela se destaca por ser uno de los pocos países caracterizado por su pluriculturalidad, pero además de ello también reconoce y respeta los derechos de todos sin ningún tipo de discriminación. Nuestra carta magna vigente desde 1999, constituye un espacio, en el cual se busca consolidar el proceso de democratización de la justicia en Venezuela, en ella se incorpora la participación de los pueblos indígenas, ofrece la garantía de respeto hacia su identidad cultural contribuyendo de esta manera a consolidar el sistema democrático. Debido a la existencia de comunidades indígenas en el ámbito territorial, poseedoras de su propio derecho consuetudinario, se les permite la resolución de sus conflictos y controversias que se originen dentro de su espacio geográfico, siempre que no resulte contrario a lo establecido en nuestra constitución y que no violente los derechos fundamentales de la persona humana.

Los pueblos indígenas han participado en la lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas y de ámbito internacional desde hace más de treinta años. Dentro de este período de tiempo ha habido muchos avances significativos, sin embargo, hay numerosos obstáculos que siguen. Estos obstáculos, a menudo se percibe como una amenaza, es presentada por los Estados-nación y ahora las empresas. Ellos persisten en el plano internacional, así como en el nivel del suelo en las comunidades locales donde sirven como barreras para alcanzar y hacer realidad los Derechos Humanos.

ANTECEDENTES

La voluntad política de los países andinos de avanzar en el proceso de integración de los Pueblos Indígenas se pone de manifiesto desde hace más de una década. A través de la Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza de julio de 2001, el Consejo Presidencial Andino dispone el establecimiento de una Mesa de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco institucional de la Comunidad Andina, con la participación de las organizaciones indígenas, organismos de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y de los gobiernos de cada uno de los Países Miembros.

En cumplimiento de ese mandado, y tras un rico proceso de consultas, se realizó la reunión de instalación de la Mesa en Urubamba, Cusco, entre el 8 y el 10 de mayo de 2002. Sin embargo, su establecimiento oficial se produjo el 7 de julio de 2002, mediante la Decisión 524, la cual dispone, entre otras cosas, que esté integrada por representantes de los Pueblos Indígenas, de los gobiernos e invitados. La participación de los Pueblos Indígenas en la Comunidad Andina es impulsada también a través de otras normas, como la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (2002) que, en sus artículos 32 al 41, incluye la protección de los Pueblos Indígenas; y la Decisión 586 (2004), que elabora un programa de trabajo para la difusión y ejecución de esta Carta Andina.

A nivel internacional, es importante resaltar la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 13

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