Acto Administrativo

Para considerar lo que es el poder regular a los trabajadores menores de 14 años dentro de nuestro sistema es necesario tomar en cuenta que el uso de la fuerza del trabajo de los menores que parecería inesperado, es una realidad universal que data de siglos; constituye un fenómeno que llama la atención desde la más elemental de las consideraciones: la responsabilidad de los adultos con sus hijos y la responsabilidad de los adultos en general, por la simple diferencia de capacidades.

El trabajo de los menores debe interesar no por su fuerza como tal o por el nivel de su productividad sino por el factor esencial; el humano. El niño importa porque es niño, y su desarrollo y su bienestar son sus derechos inseparables y el cumplimiento de ellos corresponde a los adultos, lo que el niño sea dependerá de lo que se le ofrezca, independientemente de las cualidades individuales de cada uno de ellos.

La reglamentación del trabajo infantil tiene como objetivo fundamental su protección, evitar su explotación, y salvaguardar sus derechos mínimos laborales compatibles con su condición. Es norma que resuelve, que protege, con fundamento en acontecimientos registrados, cuidando no fomentar la ocupación de la mano de obra de los menores sino, el de impedirla en caso necesario; sin embargo, no se han previsto condiciones futuras porque tampoco se han imaginado panoramas, que es indispensable hacer paralelamente al avance científico y tecnológico que prolifera mundialmente en cualquier área, no se perciben panoramas futuros que descubran hipótesis sobre problemas en el mundo del trabajo que permitan evitar, en lo posible, la improvisación de normas para resolver problemas, sistema que con frecuencia produce discrepancias y resultados inesperados y distintos a los deseados.

La fuerza del trabajo de los menores no se limita al ámbito familiar, su explotación rebasa el umbral del domicilio y del parentesco. Algunos ambiciosos patrones buscan su mano de obra para pagar salarios inferiores, para aprovechar su agilidad, su disciplina y para poder exigir sin que se dé la réplica de los adultos, por lo que puede apreciarse que la condición del menor trabajador es causa de doble explotación: la familiar y la patronal.

Uno de los argumentos que suelen mencionarse para sustentar la protección legal de los menores es que su fuerza de trabajo se gasta debilitándolos antes de alcanzar la edad adulta, en la que serán menos productivos y constituirán mayor riesgo de convertirse en una carga social, lo que si bien no puede ponerse en tela de juicio, tampoco debe ser el argumento principal, sino uno de los que se refieren directamente a las distintas repercusiones nocivas en la salud física y mental del niño, considerando que la Constitución Política de México desde 1962 eleva de 12 a 14 años la edad mínima para el trabajo de los menores.

La Ley Federal del Trabajo limita el trabajo de los menores de acuerdo con la prescripción constitucional y determina su capacidad jurídica y su capacidad física en normas especiales de protección: jornada, descansos, vacaciones, certificados médicos de salud, registro de inspección especial, distribución del trabajo para coordinar su programa escolar, capacitación profesional, generando su fundamento en los artículos 173, 174, 175, 177, 178, 179 y 180.

En los trabajos que nuestra ley denomina especiales, en el título sexto, se prohíbe el trabajo en los buques a los menores de 15 años y de 18 años para desempeñar cargos de pañoleros o fogoneros. A nuestro juicio carece de otras limitaciones protectoras necesarias como, por ejemplo, en el trabajo de actores o en los espectáculos públicos. En la industria familiar, que incluye a los pupilos, exime del cumplimiento de las normas laborales excepto en las correspondientes a higiene y seguridad con fundamento en los artículos 351 y 352 la cual situación de excepción resulta controvertida en cuanto a la condición de pupilo y en cuanto a los derechos y obligaciones de los padres

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