Administración Publica

INTRODUCCIÓN

El ser humano es social por naturaleza, y de ahí que surge la necesidad de organizarse y cooperar con los demás. Las organizaciones sociales parten desde la era prehispánica por las tribus nómadas, ya que tenían que organizarse para la recolección de alimentos, después con el descubrimiento de la agricultura, surgen las comunidades.

Se ha escrito cómo lograr que las organizaciones sean eficaces y eficientes mucho tiempo antes de que a esto se le llamara “administración”.

En su gran mayoría de los países desarrollados actualmente, forman una sociedad pluralista de organizaciones, de tipo social (como la producción, prestación de servicios específicos); y estas son administradas por grupos directivos propios para poder ser más eficaces.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUESTROS DIAS. PASADO Y PRESENTE DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DESDE LA PERSPECTIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

La administración pública desde 1821, establece como el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y Despacho Universal. Éstas recibían el nombre de Secretarías de Estado y del Despacho Universal y cuatro fueron, por ser cuatro las causas o principios que se consideraron debería, el nuevo gobierno, vigilar para garantizar su independencia recién adquirida. La primera administración central se integra por: Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Guerra y Marina, y Hacienda.

Para 1836 con el triunfo del grupo conservador, se crea el Supremo Poder Conservador y se elaboran las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, las cuales cambian el nombre de las secretarías por el de ministerios y se añaden nuevas funciones a dos de las Secretarías, ahora Ministerios ya existentes. Al de Relaciones Exteriores, se añade la función de Policía y el concepto de Relaciones Interiores se modifica por el de Gobernación; al de Justicia se le agregan las funciones de Instrucción Pública e Industria. De tal manera que en 1843 la administración central sufre el primer cambio significativo aunque aún vinculada al principio de las "cuatro causas".

En 1853 al final de las múltiples idas y venidas de Antonio López de Santa Anna al poder, este lanza el decreto Bases para la Administración de la República por medio del cual los ministerios vuelven a recibir el nombre de secretarías y la estructura administrativa aumenta y diferencia aún más sus funciones.

Y estos cambios generan una separación de las relaciones exteriores y los asuntos de gobierno interno en dos dependencias diferentes. Se crea una secretaría encargada del fomento, la colonización, la industria y el comercio y, finalmente, se incluye el ramo correspondiente al crédito público dentro de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con lo anterior, para esa fecha el sector central estaba compuesto ya por 6 secretarías.

Posteriormente durante la dictadura porfirista, la estructura de la administración pública central sufre básicamente dos cambios de importancia. La inclusión, en 1891, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y en 1905, de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes con lo cual, de las seis secretarías existentes en la época de Juárez, con Díaz aumentó a ocho.

Así podemos citar a muchos de nuestros gobiernos federales desde 1821 y hasta nuestros días y cada uno implementa Secretarias de Estado, Ministerios Departamentos, Dependencias Auxiliares, Jefaturas etc., tal y como en esos momentos lo cree conveniente para la administración que en esos momentos representa., sin embargo nos damos cuenta de que dichos cambios no representan necesariamente signos de verdaderas transformaciones ni de eficiencia en nuestro sistema político-administrativo.

Aún los modelos de desarrollo a seguir cambian sexenio tras sexenio y trienio tras trienio a nivel municipal. Pareciera que el método de ensayo-error fuera el más socorrido por nuestros gobernantes.

Sin embargo, el sistema que sea y el gobierno sea quien sea, han tenido el infortunio de la falta de continuidad y congruencia con las políticas establecidas. De no existir continuidad y orden sistemático en las bases y avances ya realizados en materia de simplificación, agilización y mejoramiento en la prestación de servicios públicos, ningún esfuerzo institucional será capaz de modificar las inercias, arbitrariedades en el uso del poder, falta de sensibilidad en el trato con la ciudadanía y, en general, la ausencia de un sentido de responsabilidad y compromiso entre las acciones públicas y los ciudadanos.

En este orden de ideas, la variable tiempo es muy significativa, ya que todos los programas tendientes a racionalizar las tareas de gobierno se plantean metas a corto, mediano y largo plazos, que en este mismo orden se van olvidando y aplazando por las administraciones subsiguientes.

Y ahora desde la perspectiva municipal. En 1983 se dio una reforma muy importante al artículo 115 constitucional, y los aspectos que se abordaron fueron los siguientes: Facultad a los congresos de los estados para resolver sobre la desaparición de los ayuntamientos o de algunos de sus miembros, previa garantía de audiencia, existencia de regidores de representación proporcional, entrega de participación sin condiciones por los gobiernos de los estados, cobro del impuesto predial por los ayuntamientos, facultades a los ayuntamientos para zonificación y determinación de reservas ecológicas, se ampliaron las facultades reglamentarias a los ayuntamientos, normar la relación entre los ayuntamientos y sus empleados, la elaboración del presupuesto de egresos para los ayuntamientos, y la determinación de los servicios públicos.

En el año de1989, se creó el Centro Nacional de Desarrollo Municipal con el objeto de apoyar a los gobiernos municipales en sus tareas de la administración pública y gestión de los servicios públicos, transformando el Centro Nacional de Estudios Municipales de 1983, que tenía como función principal, el estudio y aplicación de lo referente al artículo 115 constitucional.

En este momento existen 2,435 municipios cuya diversidad, complejidad, características y problemática, hacen de México un país con una riqueza cultural, económica y política que lo engrandecen.

Después de haber analizado las modificaciones que ha sufrido La Ley de la Administración Pública en base a las necesidades de la misma Administración, y de la propia Constitución Política, México requiere de un Estado, de un gobierno y de servidores públicos eficaces y eficientes, honestos y decididos a atender las demandas de la población, independientemente del tamaño y complejidad de las estructuras

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