Agua, Tierra Y Vida

Organización popular para defenderse de depredadores, colonizadores y explotadores

El agua es vida, constituye un bien natural y el acceso a ella es un derecho humano

El acceso a la tierra, como fuente de trabajo y producción, es también un derecho fundamental de la sociedad.

Por tanto, privatizar el agua, convirtiéndola en mercancía, y acaparar la tierra para el goce de unos pocos es atentar contra la vida de las mayorías.

Esto es lo que viene dándose en nuestro país, sobre todo en las dos últimas décadas, bajo el imperio del neoliberalismo que, en este campo, significa la privatización de bienes naturales y empresas públicas a favor de monopolios multinacionales y de la oligarquía criolla, con la complicidad de gobiernos, autoridades judiciales, congresos antisociales y vendepatrias.

Como consecuencia de lo dicho, ha crecido la ruina, el empobrecimiento y la marginalidad de las comunidades urbanas y rurales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de los montubios y los cholos peninsulares.

En tanto, se multiplica la emigración masiva del campo a la ciudad, y de todo el país hacia Estados Unidos, España, Italia, a dondequiera que se vislumbre una posibilidad de escapar de la miseria y el desempleo, aunque para ello se destrocen las comunidades y las familias.

Por lo demás, esta situación se ha generalizado en el Continente, desde México hasta la Patagonia, en el extremo sur, mediante sistemas que se aplican por igual en todo lado y del que hoy, afortunadamente, van saliendo los pueblos gracias a su acción y al concurso de gobiernos que se orientan hacia la soberanía, la justicia y la democracia plena.

Tales sistemas son:

Menosprecio a los propietarios ancestrales de los bienes naturales, cuyo consentimiento jamás buscan ni piden los privatizadores. Esto ocurre particularmente en la ejecución de megaproyectos, supuestamente encaminados al desarrollo.

Represión y criminalización de los líderes comunitarios por medio del juicio fabricado, la cárcel, la persecución económica y el asesinato.

Depredación de recursos naturales, destrucción de bosques y manglares, contaminación de ríos, aire y suelos. Otorgamiento de licencias ambientales como mero formulismo, que nadie supervisa y que jamás se aplica.

Concesión de servicios básicos como el manejo del agua potable a favor de empresas multinacionales, igual que en el caso de la Bechtel, el pulpo norteamericano que opera lo mismo en Guayaquil, donde se camufla como Interagua, que en el Irak destruido por las tropas del imperio.

Complicidad de grandes medios de comunicación, cuyos intereses están fusionados con los de la banca privada o los grandes exportadores.

La irracionalidad de esta situación salta a la vista. Basta ver el ejemplo de la creciente industria del agua embotellada en el Ecuador, cuyo consumo popular se ha generalizado y que cuesta más que la gasolina. O este otro ejemplo conocido, según el cual la Coca Cola, gigantesca empresa mundial, despilfarra diez litros de agua para obtener uno de su bebida, mientras grandes provincias y regiones ecuatorianas perecen de sed, como ocurre en Manabí, Tungurahua, Loja o la Península de Santa Elena.

En cuanto a la tierra, unos pocos agroexportadores van constituyendo latifundios mediante el despojo a los pequeños propietarios o la compra de sus parcelas a precios miserables.

Esta situación no puede continuar:

¡Basta ya de aceptar sumisos el saqueo y la explotación por parte de los amos del país!

¡Basta ya de crear hijas e hijos destinados al hambre y al éxodo!

Por eso desde Patricia Pilar, rincón de Patria que se ha convertido en símbolo de lucha al levantarse contra la Presa Baba, alzamos nuestra bandera de rebeldía y constituimos en esta fecha la organización denominada Agua, Tierra y Vida, con la participación combativa de organizaciones sociales de Zamora-Chinchipe, Morona-Santiago, Imbabura, Cotopaxi, Guayas, Manabí y Los Ríos.

Al nacer nos comprometemos a luchar activamente y unidos por la liberación del pueblo ecuatoriano, contra el imperialismo y el neoliberalismo.

Estamos convencidos de que no se puede privar a un pueblo de sus propios medios de subsistencia para alimentarse y vivir con dignidad, no como mendigos.

El Estado está obligado a garantizar a todos el acceso al agua y a la tierra, así como a mantener políticas de soberanía alimentaria.

Estamos igualmente convencidos de que el gobierno de Rafael Correa, con el apoyo y la participación de todo el pueblo, posibilitará el nacimiento de la Patria Nueva que siempre nos negaron los amos del país.

Y para ello debemos exigir la pronta realización de la Asamblea Constituyente de plenos poderes y en ella, la participación de los sectores marginados de la decisión política pero no de proveer de alimentos a todas y todos. De allí que en este encuentro fundacional, hemos adoptado las siguientes resoluciones:

Construir una organización de iguales: participativa, unitaria, democrática, justa, libre, patriótica, defensora de la Soberanía Nacional y la dignidad de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y solidaria con las luchas y demandas de los sectores agrarios y pueblos de Nuestra América y el Mundo.

Luchar para que se reconozca como política de Estado el acceso al agua segura, en cantidad y calidad suficiente a toda la población; proteger, fortalecer y promover los sistemas comunitarios de distribución de agua para el consumo humano, riego y saneamiento, y el manejo comunitario y la protección de las cuencas hídricas bajo las premisas de preservación, conservación, uso y recuperación, ésto es, gestión integral del agua. Evitar cualquier forma de privatización y exigir que bajo ningún concepto se realicen acuerdos, tratados o concesiones a proyectos hidroeléctricos y mineros para el uso del agua o del subsuelo con fines mercantiles.

Trabajar y luchar en unidad para que en la Nueva Constitución se declare al agua como elemento vital de dominio público, inalienable e imprescriptible. Promover un nuevo modelo de gestión del riego que garantice el acceso equitativo al agua y también la productividad de la tierra.

Trabajar y luchar en unidad para que el Estado y la Nueva Constitución reconozcan integralmente la soberanía alimentaria como eje transversal de las políticas públicas.

Frenar el crecimiento de los latifundios y combatir

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