Ambiental

En cuanto al recursos hídrico, el artículo 105º de la Ley de Recursos Hídricos precisa “(…) En la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica en tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, el Estado establece el mecanismo para hacerlas partícipes de los beneficios una vez que opere el proyecto”.

En el año 2012, una comisión multisectorial creada por RS Nª 189-2012 precisa en su informe final “establecer criterios y lineamientos para que las actividades mineras y otras actividades productivas promuevan la inclusión social” facilitando el relacionamiento propósito entre los diversos actores.

Así, la nueva minería debería establecer un relacionamiento propósito entre los diversos actores mineros para una gobernanza y gobernabilidad ambiental. Cabe indicar que el asocio privado-comunitario es una opción válida para un crecimiento sostenido y un desarrollo inclusivo.

Armando Guevara Gil señala que “(…) es necesario redefinir el sistema de asignación de derechos de propiedad sobre el suelo y el subsuelo. Gracias al viejo regalismo colonial, mientras cualquier persona natural o jurídica puede ser propietaria del primero, solo la Nación, a través del Estado, es dueña del subsuelo. La reunión del derecho de propiedad al suelo y subsuelo sería una de las reformas redistributivas más radicales de toda la historia republicana. Colocaría a los pueblos y comunidades afectados por los proyectos de inversión minera o hidro - carburífera en una posición de negociación inmejorable. Ello los podría llevar, por ejemplo, a plantear esquemas de asociación o participación accionaria en las empresas extractivas, recibiendo directamente los beneficios de la actividad autorizada en sus tierras, o, en el futuro, a formar sus propias empresas”

La minera IRL negó la existencia de protestas contra su proyecto Ollachea en la zona del mismo nombre. Esto, gracias a que la Asamblea General de la Comunidad aprobó contrato de ampliación de uso de terrenos superficiales para el proyecto minero por un periodo de 30 años con 5% de participación accionaria que tendrá la comunidad sobre la empresa subsidiaria minera Kuri Kullu cuando se inicie la producción comercial del proyecto

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