Antecedentes extradicion

La concepción que actualmente se tiene de la extradición se consolida en el siglo XIX y sus orígenes obedecieron sin lugar a dudas a razones políticas; a la par surgen ideas y sugerencias de unificación del Derecho extradicional. Los primeros intercambios de malhechores que se tienen conocimiento fueron de índole político, por conveniencia de los soberanos, circunstancia que fue cambiando a finales del siglo XVII y ya plenamente en el siglo XIX, en que se generalizó la no extradición de perseguidos por delitos políticos.

La idea de extradición la podemos encontrar en el propio texto bíblico, específicamente en el Libro de los Jueces y posteriormente en el Digesto Romano, en ambos casos dicha figura no va más allá de lo reflejado en cuanto a simples entregas e intercambios de delincuentes.

En el documento conocido como Las Siete Partidas, o Código de las Siete partidas o Libro del Fuero de Leyes, considerada la compilación de legislación bajo medieval más importante, ya se observa una mayor perfección de lo que, siglos después, sería la extradición, pero esto de una manera primitiva. La Novísima Recopilación de las Leyes de España es otro documento que, igualmente, contiene preceptos sobre la entrega de personas.

La Revolución Francesa, origina importantes cambios en el tratamiento de la entrega de delincuentes, producto de las ideas encaminadas a la libertad, igualdad y fraternidad, precedido de un cambio de pensamiento político y humanista, con ideas como las de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, así como Jeremías Bentham y Beccaria.

La primera ocasión que se utilizó el lenguaje técnico de “extradición” para denominar la entrega de delincuentes de un Estado a otro, fue en Francia, en 1791, en un documento de carácter diplomático, pero el término fue incorporado a un tratado hasta 1828. Afianzándose la idea de no entrega de delincuentes con supuestos fines políticos.

Es en el siglo XIX que se crean las bases para la aplicación de los principios que actualmente rigen en los tratados y leyes internas de los Estados en materia de extradición.

En Latinoamérica, el Tratado de Panamá, constituye un avance en materia de extradición, pues logra que dentro del Derecho Internacional Privado en Latinoamérica, se acreciente el deseo de regionalizar e integrarse las naciones para un mejor desenvolvimiento, ayuda, cooperación, y se logra en materia de extradición la unidad de algunos principios como la no entrega de delincuentes políticos y la no entrega de nacionales. El siguiente paso importante lo fue el Congreso de Lima, de 1847-48, donde se adopta en materia de extradición un tratado multilateral entre Perú, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador. En 1856, se celebra el Congreso Continental de Chile, donde Perú, Chile y Ecuador firman un tratado para la devolución de criminales de delitos graves, exceptuando políticos.

El siguiente avance que se presenta en Latinoamérica, fue en 1878, en Perú, donde se convocó a un Congreso, en el que surgió un tratado sobre normas de Derecho Internacional Privado, considerado ya un texto de carácter regional, en el que se incluyen normas para la devolución o extradición, las cuales resultaron acordes a los deseos de unificación interestados para mejores estrategias de lucha contra la impunidad.

Dicho tratado consta de 22 artículos, el primero de los cuales establece la calidad de las personas extraditables, tratándose en primer orden de procesados, con el fin de ser juzgados; la segunda calidad eran los condenados, estableciendo como requisito que la pena no debía ser inferior a dos años. Vale destacar que si se trata de lograr la extradición para cumplir una pena más severa que la dispuesta en la ley del Estado requerido, tampoco procederá la extradición.

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