Análisis Jurídico D.A.

ANÁLISIS JURIDICO

Al analizar el acto administrativo 200.41-11.1130 del 22 de junio de 2011, expedido por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía CORPORINOQUÍA, en el uso de sus facultades legales y estatutarias, procedió a expedir dicho acto en consideración de los artículos constitucionales como el articulo 8° sobre la obligación del Estado y de las personas en proteger las riquezas del país; también encontramos el artículo 58° que plantea la función ecológica de la propiedad; el articulo 79° el derecho a gozar de un ambiente sano; y el artículo 80° que establece que el Estado es responsable del aprovechamiento de los recursos, entre otros.

A partir de allí, encontramos dentro del contenido de este acto administrativo que “define los criterios regionales para el desarrollo de proyectos forestales, agrícolas y agroindustriales en la jurisdicción de CORPORINOQUÍA”. Donde establece parámetros determinados para requerir por parte de los interesados en efectuar proyectos dentro de la jurisdicción de esta CAR, ya que, por norma legal implementado dentro del decreto 2820 de 2010 sobre licenciamiento ambiental,  donde establece que para proyectos de construcción y operar sistemas de riego y/o drenaje inferior a 5.000 has., solo bastaba con la obtención de permisos ambientales para la constitución de dicho proyecto,  en cambio en proyectos superiores a 5.000 Has., se necesita Licencia Ambiental. Con la expedición de este Acto Administrativos, los interesados estarán sujetos a no simplemente, solicitar permisos ambientales para dicho funcionamiento, sino también la obtención de otros permisos y estudios rigurosos para su constitución (Decreto 2820, 2010).

Si bien, dentro de la resolución se establecen un tipo de parámetros técnicos, ambientales, entre otros; con los cuales, buscarían la prevención y la mitigación, o en su defecto planes de compensación y de corrección, frente a la implementación de tales proyectos en la jurisdicción de esta Corporación. Puesto, que esta región en particular había sufrido transformaciones abruptas que habían ocasionado impactos en el entorno y conflictos ambientales dentro del territorio. Ahora bien, frente al objeto de desarrollo de este documento, nos encontramos a determinar la legalidad o ilegalidad de este acto, de acuerdo a los principios de Derecho Ambiental conocidos en clase.

En primer lugar, podemos encontrar que el contenido jurídico de este acto administrativo es la determinación del alcance material de las facultades concernientes a esta Corporación CORPORINOQUÍA, como autoridad ambiental regional en el cumplimiento de sus funciones administrativas. Ya que, este acto administrativo busca cumplir con las funciones del Estado en materia ambiental, entre las cuales se encuentran la de velar y garantizar por la protección de los recursos naturales dentro de su jurisdicción. Todo esto, con el fin de propender al mantenimiento de un ambiente sano, en garantía de los derechos colectivos que se desarrollen dentro de esta región. De igual forma, se puede evidenciar, que busca que los interesados en la ejecución de estos proyectos garanticen la conservación del entorno, es decir, en búsqueda de la minimización de los impactos, por lo cual, sería necesario para ellos, tener planes de manejo para su establecimiento, procedimientos y requisitos, esto nos permite reconocer el estatus proteccionista y garantista de desarrollo sostenible por parte de la Corporación.

En segundo lugar, es posible observar los principios normativos en materia ambiental conocidos como lo son: principio de armonía regional; principio de gradación normativa, principio de rigor subsidiario, el principio de prevención y el principio de precaución. Frente a estos principios, es viable establecer que la actuación de la Corporación ha sido ajustada, porque, respecto al principio de armonía regional, siendo esta una entidad corporativa de carácter público, que está sujeta al cumplimiento de funciones constitucionales y legales en materia ambiental, por lo cual, la Corporación busca cumplir en el marco constitucional los principios en derecho ambiental, como es el artículo 79° Const., sobre el derecho al ambiente sano; el medio ambiente como patrimonio común artículo 8°, 58°, 63°, 95 Const.; y sobre desarrollo sostenible en el artículo 80° Const.

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