Apple y Microsoft también se oponen a la ley SOPA

La Ley SOPA

Apple y Microsoft también se oponen a la ley SOPA

La BSA, que agrupa importantes empresas tecnológicas, retira su apoyo al proyecto que estudia el Congreso de EE UU

El proyecto de ley SOPA para combatir la piratería que estudia el Congreso de los Estados Unidos ha tenido desde el inicio la oposición de empresas vinculadas a Internet como Google, Twitter o Facebook que llegaron a publicar un anuncio en The New York Times manifestando su oposición. Sin embargo, la BSA, organización que agrupa a compañías tecnológicas como Apple, Intel o Microsoft había apoyado el borrador de una ley similar que está en el Senado. Pero los contenidos del proyecto en el Congreso han hecho que la organización lo retire. Una de las diferencias es que el borrador del Congreso abre la posibilidad de que las operadoras deban rastrear la actividad de sus clientes y el acceso a determinados sitios.

En el sitio de la BSA, sus responsables han publicado un documento en el que explican que una ley que persiga a la piratería de los contenidos y programas es básica para promover la creatividad. "Impedir que los piratas saquen provecho de sus robos" es un objetivo que aplauden, pero ello debe hacerse correctamente. El texto advierte que para solucionar el problema, "las acciones legales y los recursos han de ser ajustados". "La libertad de expresión y la privacidad son derechos que no pueden ser comprometidos", prosigue. La BSA detecta que algunos observadores han planteado "dudas razonables" sobre determinadas disposiciones de SOPA que podrían tener consecuencias imprevistas y afectar a personas ajenas a la piratería. "Estas preocupaciones deben ser consideradas".

De prosperar la ley, supondría el bloqueo de los sitios, tanto domésticos como de fuera de Estados Unidos, que difundieran música, películas o programas sin haber obtenido la licencia para ello. El bloqueo obligaría a los proveedores de contenido, pero también a los registradores de dominios e incluso a servicios de intermediación en el pago, como PayPal, que deberían paralizar las transferencias. A ello se añade que buscadores y proveedores de acceso deberían mantener una actividad de filtrado. También se perseguiría a quien incluya anuncios en los citados sitios.

La última reacción en contra del proyecto procede de una agencia del Gobierno de Estados Unidos, vinculada al departamento de Energía, Sandia National Laboratories. Según su director, la ley no sería efectiva y tendría un impacto negativo en la ciberseguridad global y la funcionalidad de Internet.

Electronic Frontier ya ha manifestado su preocupación ya que supondría la creación de una lista negra de dominios y la alteración del sistema de gestión de los mismos. Por otra parte, la ley afectaría a servicios como Tor que ofrecen la navegación anónima

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