CONSTITUCION POLITICA

Según la constitución política de 1991, Colombia es un estado social de derecho,

puesto que las políticas en Colombia basan su fundamento en la protección de la dignidad

humana, además de la protección de los derechos fundamentales.

El objetivo principal es el bienestar de pueblo, que los habitantes de los diferentes

municipios y departamentos puedan vivir de la manera más digna posible sin importar el

estado económico de cada individuo tenga adicional que puedan acceder a un buen servicio

de salud, educación, trabajo, alimentación y tener una participación activa en la democracia

del país.

Colombia como república unitaria y descentralizada está conformada por unidades

menores sin capacidad legislativa, fundamentalmente por departamentos y municipios. No

obstante, existen otras figuras de organización política administrativa, pero no del todo

desarrollado o subsidiario; ellas serán objeto de estudio en el aparte correspondiente a la

organización político administrativa o de ordenamiento territorial propiamente dicho.

Para resaltar, como practico en este campo, el reconocimiento como entidades

territoriales, homólogas a los municipios, a las entidades territoriales indígenas, que aunque

existían no eran valoradas y distinguidas de manera positiva.

Que haya descentralización administrativa en Colombia significa que a las entidades

territoriales mencionadas se les ha otorgado poderes, funciones, atribuciones, que les son

propias, que no van a depender del gobierno central.

Con lo anterior deducimos que se vienen entregando responsabilidades a las entidades

territoriales en materias específicas, porque no es en todos los órdenes. Las autonomías

existen para gobernarse, administrar los asuntos de los territorios específicos, parcialmente

en relación con los impuestos, para la planeación y el desarrollo, para la participación en

los ingresos corrientes de la Nación y para el manejo de los asuntos de recursos naturales de

la zona.

No existe autonomía legislativa, ni judicial, ni de organización armada, por ejemplo,

éstas están en cabeza de la autoridad central, entre otras muchas. Excepción manifiesta a lo

anterior se aplica a las entidades indígenas, si las hacemos coincidir con las comunidades

indígenas, a las que la Constitución les ha dado la facultad expresa de desarrollar su

jurisdicción, y sin duda también la legislación.

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