Carlos Soublette

ECONÓMICO

Hasta el momento ningún otro discurso de incorporación había sido tan optimista. Dice el presidente ante el Congreso: "Venezuela goza de perfecta paz y ha visto terminar el tercer período constitucional fecundo en sucesos favorables a la consolidación de las instituciones patrias, el desarrollo de la industria, al establecimiento del crédito público y a las relaciones de benévola amistad que la unen con casi todas las naciones".

En gesto magnánimo, el Congreso decreta una amnistía para los insurrectos de 1830 a 1836 y el presidente solicita que sean rehabilitados todos los militares degradados durante el período. A partir de 1843 se rompe la armonía. Una crisis económica provocada por la caída de los precios de los productos de exportación: café, cacao y cueros, se inserta en la discusión política. Para paliar la crisis de la economía en 1845, el licenciado Francisco Aranda presenta un proyecto de Instituto de Crédito Territorial que es objetado por el Ejecutivo.

La paz interior que reinaba en los comienzos de este período condujo a la reducción del ejército permanente. A cambio, se organizó la milicia, tanto activa como local. Esta última quedó fija en sus respectivas parroquias, de forma que no se paralizaran las actividades agrícolas. El mantenimiento del orden público permitió, a la vez, una mejor distribución del presupuesto nacional. Para el año 1845-1846, el monto asignado al departamento de Guerra y Marina había mermado hasta significar el 23% del presupuesto, mientras que la suma destinada al de Hacienda mejoró, constituyendo el 43% del total. Venezuela quedó recargada con una deuda de 20.000.000 pesos. En 1844, se invistió a Fermín Toro con el carácter de ministro plenipotenciario, para arreglar la cuestión de límites entre Venezuela y la Nueva Granada (hoy Colombia). Esta gestión se suspendió después de un año de conversaciones, al no llegarse a ningún acuerdo. A pesar de los buenos augurios en materia política, una circunstancia económica dio pie para que se alterara el orden público: en 1842, se había presentado una nueva crisis de mayor duración y consecuencias que la de 1837. La demanda y el valor de las exportaciones bajaron progresivamente a partir de 1843. Las entradas por este concepto, correspondientes al año fiscal 1841-1842, alcanzaron la cifra de 7.399.923 pesos y en 1843-1844, habían descendido a 4.408.890 pesos, es decir en un 40%. La crisis y la economía de cuasi monocultivo (café y cacao como los 2 principales productos de exportación) se conjugaron con las disposiciones mercantiles vigentes que protegían al acreedor. Con la ley del 10 de abril de 1834, también llamada Ley de Libertad de Contratos, el Estado había dejado en manos de las partes contratantes la fijación de los intereses y se garantizaba el pago de los préstamos mediante la subasta de los bienes del deudor. En 1841, se había reformado también la Ley

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