Comunidad, desarrollo y política social.

Comunidad, desarrollo y política social.

Individuo y Estado han ido configurando, en su itinerario histórico, la teorización e institucionalización de la Política Social en Europa. Como dialéctica política e ideológica, las doctrinas sociales nacidas en el siglo XIX, convirtieron a estos dos “actores” en los sujetos del pensamiento, desarrollo y gestión del actual Estado del Bienestar. Pero la emergencia de los movimientos sociales transnacionales y la descentralización administrativa de los viejos Estados-nación europeos está contribuyendo, de manera decisiva, en la redefinición contemporánea de las bases teóricas e institucionales de la Administración social europea (D´Atena, 2007). Mundialización y regionalización son las dos caras de una transformación que sitúa a la “comunidad”, dentro de un más amplio fenómeno de análisis del papel de las “organizaciones”, en el centro del debate político-social (Arias Maldonado, 2008, p. 11-12).

El papel de la Unión europea y sus políticas supranacionales, las mentalidades sociales surgidas de la globalización y las nuevas tecnologías (en especial la llamada “sociedad dividida”), las nuevas formas de pobreza y exclusión social producto de persistentes desajustes del mercado, las amenazas medioambientales crecientes, o las tendencias individualistas marcadas por la publicidad y el consumo, muestran “fracturas sociales” de nuevo cuño o de persistente impacto. Además apuntan hacia el nuevo horizonte histórico al que se aboca el pensamiento político-social, hacia el desarrollo humano sostenible como la “cuestión social” del siglo XXI. Una cuestión que proyecta la Política social más allá de las fronteras estatales entre un Mercado globalizado y un Estado social descentralizado, y donde las comunidades naturales y democráticas parecen asumir nuevas funciones y nuevos derechos (Badía, 2009, p. 13-40).

Los orígenes de la Política social europea nos remiten a la combinación de factores económicos políticos y psicológicos propios del siglo XIX, resultantes de la industrialización, el progreso de la democracia en el seno de los Estados centralizados y la creciente conciencia sobre los derechos políticos y sociales. Patrick de Laubier definía a esta primigenia Política social como “el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, o cambiar las condiciones de vida materiales y culturales de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas de un país en un momento dado”. Esta definición cubría para De Laubier “un dominio que se sitúa entre lo económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento del poder el Estado” (De Laubier, 1984, p. 8-9). Así nació la Política Social como una mediación, histórica y epistemológica, entre economía (el bien-estar) y la política (el bien-común), realizada siempre jurídicamente, y que en primer término se concretó bajo la llamada “cuestión social” obrera (Molina, 2004, p. 25-27).

Pero a inicios del siglo XXI, la “cuestión social” ha cambiado, significativamente, de rumbo. El modelo interpretativo situado en el “hecho industrial”, con trabajo y capital como protagonistas, parece insuficiente para determinar, como paradigma heurístico, los nuevos conflictos que la globalización de ideas y la revolución tecnológica conlleva en la transformación de las formas individuales y colectivas de existencia, de los “espacios vitales”. Asimismo, las manifestaciones de la “menesterosidad social” actual, persistentes o emergentes, impelen a nuevas formas de actuación político-social. Por ello, De Laubier mostraba como toda Política social, realizada en el pasado o proyectada en el futuro, “dependía y depende de una voluntad política y de una situación económica”; de ellas surgen sus creaciones, se determina su posibilidad, pero también surgen sus contradicciones. Voluntariamente aceptada o coactivamente impuesta, esta solidaridad fue determinada, en última instancia por un Estado que legitimaba la Política social (De Laubier, 1984); mientras, los sindicatos y colectivos profesionales aspiraban a influir decisivamente en el desarrollo de la Política social de manera corporativa (profesional), como elemento mediador entre el gobierno (elemento político) y la patronal (elemento económico).

Por ello, el nuevo horizonte realidad político-social supera, pues, las fronteras del Estado-nación del Viejo continente, ante el impacto de nuevas tendencias (unificación europea, revolución tecnológica, globalización, cambio climático), de situaciones conflictivas no superadas (Camps, 2000: 233) y de “problemas-necesidades” emergentes (inmigración, igualdad de oportunidades, cooperación y desarrollo, asociacionismo, salud y género, etc); fenómenos que muestran la necesidad de nuevos paradigmas e interpretaciones, e incluso de nuevos términos, para construir y enseñar la Política Social. Pero esta renovación, como señalan Giner y Sarasa, ponía en cuestión no sólo la funcionalidad del “Bienestar público”, sino la misma legitimidad del sistema político, especialmente en lo referente a la eticidad, eficiencia y representatividad de la "democracia de partidos" (Giner y Sarasa, 1997: 210), en parte debido al surgimiento de nuevos imaginarios colectivos en busca de su plasmación político-social (Mora, 2008: 66-67). Ante esta realidad, las ciencias sociales deben y pueden plantear nuevas plataformas de investigación y paradigmas teóricos con los que justificar la acción social comunitaria y los derechos sociales colectivos del siglo XXI (Salinas, 2008: 608), sobre sus tres principios político-sociales: asociación, representación y participación.

2. Nuevos horizontes y viejas teorías en la Política Social

La definición académica de la Política social parece ser un problema para las ciencias sociales. Abandonadas las viejas referencias a la Sozialpolitik germana, se suceden contenidos explicativos diversos, en función del campo propio objeto de estudio, de su origen intelectual, de sus usos ideológicos, de sus áreas de intervención. Así encontramos definiciones diversas: Política social, Políticas sociales, Política de la sociedad, Bienestar social; también dimensiones de actuación más o menos amplias (desde la educación hasta el sistema sanitario); o podemos atisbar conflictos genéricos en su génesis o gestión (derecho objetivo-derecho subjetivo, competencia del Estado-Papel de la sociedad, poder central-autonomía regional, nivel contributivo-nivel asistencial, etc.).No obstante, podemos apuntar una serie de elementos comunes a toda noción teórica de Política social, siguiendo la definición institucional de

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