Creación Del Ministerio De Asuntos Indígenas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado panameño tiene una diversidad de grupos originarios constituidos por siete etnias, representando el 12.03% de la población nacional, ubicados a lo largo y ancho del país. Muchos de ellos ya cuentan con Comarcas y otros protegidos por la Ley Nº 72 de 1 de agosto de 2008, Que establece el procedimiento de adjudicación de la propiedad colectiva de tierra de los pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas, donde se reconocen sus derechos ancestrales sobre la tierra que habitan y el respeto a su cultura. Además la República de Panamá ha suscrito convenios internacionales, donde se compromete acatar y respetar las culturas y tradiciones de los grupos originarios.

Las cinco (5) comarcas y el régimen de las Tierras Colectivas, de los pueblos originarios: Guna Yala, Emberá Wounnan, Ngäbe-Buglé, Wuargandí, y Madungandí, establecidas en la República de Panamá, por leyes especiales, reconoce además el derecho de dichos pueblos a la propiedad colectiva de tierras ocupadas, así como el de sus organismos y autoridades tradicionales, de sus culturas y tradiciones.

Conforme lo dispone el artículo 90 de la Constitución Política de la República, el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, por lo que realizará programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos.

Dentro del Nivel Político-Directivo de la estructura organizacional del Ministerio de Gobierno, se encuentra el Viceministerio de Asuntos Indígenas, creado mediante Ley 64 de 20 de septiembre de 2013, el cual tiene a su cargo las funciones de planificar, dirigir y coordinar la política indígena de la República de Panamá, no obstante se estima conveniente elevarlo a rango de Ministerio, para que el Ministro tenga voz y voto en el Consejo de Gabinete, así como también para que sea el responsable de planificar, programar, coordinar, dirigir y evaluar las políticas de los pueblos originarios.

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