Criminologia Latinoamericana

El enfoque y el propósito del conocimiento criminológico en América Latina

La revisión de la literatura criminológica latinoamericana desde 1970 permite determinar una gran preocupación por la definición del tema de estudio de la disciplina, fuertemente inclinado hacia un sistema de justicia percibido como la expresión de un orden opresivo a favor de la clase dominante. A pesar de esta visión negativa del control social, las conductas relevantes para la investigación criminológicas parecen estar confinadas por las definiciones legales del delito, lo cual podría parecer contradictorio considerando el continuo desafío al ordenamiento legal como expresión de intereses minoritarios de clase. Este confinamiento, sin embargo, es consistente con la percepción de que la criminalización y, por consiguiente, la respuesta estatal basada en las definiciones legales, independientemente de su razonabilidad y justicia, constituye el núcleo de la reflexión criminológica, abriendo una perspectiva para el cambio social. En este sentido, la criminología crítica, a pesar de haberse generado en otras latitudes, ha encontrado en América latina un campo fértil para su florecimiento. Por otro lado, las explicaciones del delito solo consideran de modo marginal factores individuales, y se encuentran centradas en las condiciones sociales que fomentan la privación. Dentro de este marco, la normalización y la reintegración de delincuentes se convierten en el propósito de un enfoque humanístico para enfrentar el delito y reducir la injusticia. Ello puede explicar el continuo criticismo sobre el rigor del sistema de justicia (que, curiosamente, coexiste con la percepción lega de su lenidad y la impunidad que propicia) y el fuerte énfasis en los discursos y argumentos de denuncia moral, antes que sobre hechos y datos específicos; el orden se asume como desprovisto de legitimidad y su prueba es considerada irrelevante. Conocimiento y discurso son rara vez incorporados a la praxis del sistema de justicia penal, como si dicha incorporación, en la medida que contribuya a incrementar su eficacia o eficiencia, implicaría la colusión de los intelectuales con los representantes del orden opresivo. Esto puede también explicar la emergencia de un nuevo paradigma sobre seguridad ciudadana, desarrollado a partir de 1990 con el apoyo de las agencias multilaterales de desarrollo, y centrado en las ideas de gobernabilidad, sociedad civil y fortalecimiento de sistema de justicia, y que ha incluido una reforma procesal penal orientada por los principios del modelo acusatorio, donde los criminólogos han permanecido virtualmente ausentes de los debates, manejados fundamentalmente por politólogos, economistas y litigantes, dentro de una enfoque pragmático que maximiza la intimidación y el expansionismo jurídico y minimiza las medidas sociales o macroeconómicas para el control del delito (cfr, para una discusión general, Gabaldón, 2007). Es como si los criminólogos latinoamericanos rehusasen participar en un modelo que, en nombre de la eficiencia, la gobernabilidad y el individualismo, expanda el desempeño estatal a través de medidas estrictamente represivas.

Estos rasgos seguramente tienen efectos sobre la incorporación o no de la investigación criminológica a las políticas públicas. Si bien es probable que los criminólogos latinoamericanos se mantengan más alejados que colegas de otras regiones de las agencias gubernamentales porque resultan menos frecuentemente convocados a participar (las universidades serían reductos de criticismo catártico y poco constructivo), ello no explica toda la historia de la escasa conexión entre saber académico y políticas públicas en el control de la criminalidad en América Latina. Por una parte las universidades han recibido financiamiento y soporte consistente y permanente por parte del sector público, lo cual permitiría prever una colaboración más efectiva, pero por la otra, aún programas estatales contratados y costosamente financiados por el Estado, se dejan de lado por los gobiernos que los han contratado, cuando discrepancias y desentendimientos entre sus mismos representantes afloran, como lo ilustra el reciente caso de la reforma policial en Venezuela (Birkbeck y Gabaldón, 2009).

La conexión con la política o el desprecio del saber autóctono para explicar la falta de impacto del conocimiento criminológico en la praxis social es más compleja de lo sugerido por los criminólogos citados al inicio del ensayo. Por una parte, las universidades financiadas por el Estado han gozado tradicionalmente

...