DEMOCRACIA PARTICIPATIVA LO QUE LA LEY FACULTA PERO NO RESUELVE

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

LO QUE LA LEY FACULTA PERO NO RESUELVE

Apuntes para una revisión a la normatividad de los Consejos Territoriales de Planeación.

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“La idea de una apertura democrática es un concepto de la sociedad. Nosotros hemos dicho "Participativa", por decir algo. Que la gente pueda opinar no es suficiente, que pueda actuar es necesario, y que pueda actuar en aquello que le interesa, en su comunidad, en su barrio, en su municipio. Pero para poder actuar tiene que tener bases, instrumentos culturales y materiales. La creación de un mundo de instrumentos colectivos es la apertura democrática. ¿Esto se puede llamar participación? Sin duda puede llamarse así.”

Democracia y Participación en Colombia

Por: Estanislao Zuleta.

Introducción:

En la década del 90 se decanta con especial énfasis para América Latina el fracaso del modelo desarrollista, modelo que había instaurado en los estados una corriente de transformación impulsada fuertemente por las exigencias de la globalización; esta dinámica se expresa principalmente en reformas que pretenden descentralizar y desconcentrar sus aparatos administrativos, fiscales etc.; lo que también es visto por muchos sectores como un camino hacia la consolidación de la democracia

En el marco de estas reformas cobra vigor el concepto de democracia participativa, como producto de los desarrollos contemporáneos de la democracia, pero también, como respuesta a las exigencias de buena parte de la sociedad Colombiana frente a la estrechez de los espacios de participación.

Dos componentes de la reforma del Estado, iniciada a mediados de la década del ochenta y consolidada a través de la Constitución de 1991, tuvieron una gran relevancia: la descentralización del Estado y la institucionalización de espacios y mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, especialmente en el nivel municipal. (Velásquez, 2002, pág. 2).

En este contexto los debates y acciones frente a la participación de la ciudadanía, en la planeación del desarrollo y la gestión del territorio se revitalizan, dando una mirada distinta y protagónica al escenario local, siendo este tópico al cual nos queremos referir con mayor detalle en el presente texto, especialmente a tres aspectos que se presentan como obstáculos a este importante ejercicio ciudadano.

Algunos elementos de contexto:

La era de la democracia participativa en Colombia se contrapone al represamiento de complejas situaciones de orden histórico, social, político y económico que marcan negativamente la participación de los ciudadanos: la herencia bipartididista del frente nacional y su excluyente reparto alternado del poder, el recrudecimiento del conflicto armado, las transformaciones que sufre el estado en el marco de la globalización y la enorme corrupción que corroe la institucionalidad, conjugados, ponen en evidencia el fuerte deterioro institucional.

Dichas situaciones en alguna medida se reflejan en los comportamientos políticos y culturales de las comunidades: apatía, indiferencia, conformismo, percepción de que participar es un mero formalismo para legitimar la ejecución o no de determinada política o proyecto, entre otros. Al tenor de la constitución de 1886 los ciudadanos colombianos solo eran convocados a participar de los asuntos públicos mediante decreto, salvo en el caso del voto.

Las iniciativas de democracia participativa buscan romper ese círculo vicioso, rescatando la dimensión pública y ciudadana de la política. Esas iniciativas tienden en algunos sentidos diferentes: uno de ellos es el de la movilización de sectores sociales interesados en la realización de políticas publicas -salud, saneamiento básico, educación, seguridad pública-, llevando a los gobiernos y a los parlamentos reivindicaciones y buscando formas de concretarlas, presionando, controlando, buscando mantener un grado de movilización que pueda establecer una nueva relación entre un sector de la ciudadanía y la política. (Sader, 2006, pág. 275)

Como resultado de un largo y tenso proceso de movilización social, protagonizado principalmente por el sector estudiantil, la democracia participativa es elevada a mandato constitucional a través de una profunda reforma a la Constitución de 1991, instituyéndose como reemplazo de la democracia representativa; a este respecto Emir Sader manifiesta que, “Las experiencias políticas que asumieron el nombre de democracia participativa en general se oponen o buscan complementar las formas de democracia representativa“ (2006, pág. 273).

Por lo anterior y en cumplimiento del ordenamiento constitucional-legal emanado de dicha reforma, se introducen herramientas sustanciales como el referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del mandato, pero también, surgen escenarios impulsados desde la Administración Central con recursos propios y agenciamiento internacional, que tienen como objeto promover la participación de las comunidades desde el nivel local y hacerlos protagonistas en la construcción de sus propias agendas públicas.

No obstante este panorama de cambios y apertura democrática, es prudente mencionar que la constitución del 1991 también fue el andamiaje legislativo mediante el cual se consolido la compleja inserción del país al mercado global, en el marco del “entusiasmo“ neoliberal que para la época recorría la región.

Bajo la promesa de elevar el crecimiento y generar desarrollo, la nueva constitución faculto al gobierno para abrir las fronteras al ingreso de productos y capitales extranjeros en desiguales condiciones de competencia, a la vez que introdujo una serie de medidas bastante impopulares, recorte a los derechos sociales de los colombianos, flexibilización laboral, privatización de las empresas estatales, todo en la idea de ponerse a tono con las exigencias del mercado internacional, “Hay una preocupante asociación en América latina entre los actuales procesos de reformas políticas destinados a la descentralización estatal y al incremento de la participación, por un lado, y las políticas económicas que tienden a aumentar las desigualdades y la exclusión social, por el otro”. (Lander, 1998, pág. 12)

En este ambiguo contexto de recorte a los derechos sociales por un lado y ampliación de escenarios de participación por otro, la nueva constitución despliega la figura de ciudadanía participativa; a través del artículo 340 genera nuevos escenarios para que las comunidades urbanas y rurales lleven a un nivel institucional sus demandas de participación, especialmente para elaborar sus planes de vida y planes de desarrollo, junto a las administraciones en los niveles municipal, departamental y nacional.

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