DESIGNACIÓN DE JUECES PENALES ITINERANTES EN CIRCUITO JUDICIALES PENALES FRONTERIZOS COMO GARANTÍA DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO PARA EVITAR EL RETARDO PROCESAL

DESIGNACIÓN DE JUECES PENALES ITINERANTES EN CIRCUITO JUDICIALES PENALES FRONTERIZOS COMO GARANTÍA DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO PARA EVITAR EL RETARDO PROCESAL

El retardo procesal se ha convertido en un problema notable dentro del proceso penal en sus diferente etapas, puesto que existen muchos motivos por los cuales se retrasan las decisiones de los tribunales; una de ellos es el exceso de causas que conocen a diario los tribunales penales y los escasos juzgadores competentes para tal fin, es por ello, que el Tribunal Supremo de Justica estableció mediante una resolución la constitución de Circuitos Judiciales Penales Fronterizos en los estados fronterizos o los que constituyan relevancia fronteriza así como la asignación de jueces itinerantes para ayudar al descongestionamiento de causas conocidas por estos tribunales.

En virtud de ello, se considera que esta decisión ayudaría a que se garantice la tutela judicial efectiva y el debido proceso en cuanto a la solución de conflictos penales dentro de los lapsos procesales establecidos en las leyes y por ende agilizaría el proceso penal y la disminución de los casos de retardo procesal que afecta a la justicia penal venezolana.

La designación de Jueces Itinerantes por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a través de la resolución Nº 2014-0001, se considera de gran importancia para la solución del retardo procesal en materia penal ya que la presencia de Jueces Penales Itinerantes en los Tribunales Penales Fronterizos representa una ventaja para el descongestionamiento de los tribunales y representarán la garantía de una tutela judicial efectiva y el debido proceso que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la oportuna solución de causas dentro de los lapsos procesales pertinentes para evitar el retardo procesal en la administración de justicia.

En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia tomo una sabia decisión al nombrar Jueces Penales Itinerantes, en virtud de que se convirtió de gran apoyo para el sistema judicial penal especialmente en la actualidad que como resultado de las manifestaciones en contra del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, se han incrementado las causas en los tribunales penales como consecuencia de la cantidad de detenidos que están siendo procesados por los delitos cometidos durante dichas manifestaciones.

Cabe destacar, que sin la ayuda de los jueces itinerantes, estas causas sería muy difíciles de resolver dentro de los tiempos estipulados y representaría un retardo en el sistema de justicia penal sumado al que ya existe por diferentes motivos y que se han convertido en piedra de tropiezo para llevar a cabo la administración de justicia dentro de los lapsos procesales pertinentes y salvaguarda de de tutela judicial efectiva y el debido proceso contemplado en las leyes.

Así mismo, cabe destacar que desde el año 20007 se implemento en el país los procesos itinerantes o llamados también plan de itinerancia que se llevan a cabo para el descongestionamiento de los casos y que en el ámbito penal arrojado buenos resultados porque se ha combatido el retardo procesal existente en los procesos penales y como resultado de ello la disminución de procesados, penados y absueltos en las cárceles del país, ya que estas están repletas de personas que por retardos procesales, no se les ha realizado las audiencias preliminares ni las de juicio.

Con respecto a lo antes expuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la tutela efectiva y a obtener con prontitud la decisión correspondiente de los órganos de la administración de justicia sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; esto, con el objeto de evitar los retardos procesales y la justicia tardía.

Además de ello, el artículo 49 de la misma, establece el debido proceso que deberá aplicarse en todas las actuaciones judiciales y administrativas, por lo cual, será objeto de la jurisdicción penal atenerse a dicha norma para que se cumpla a cabalidad este precepto constitucional; así mismo, se establece el derecho que tiene toda persona durante el proceso para que se cumplas las garantías que la ley les confiere y dentro del plazo razonable determinado  legalmente como lo establece el numeral 3 del citado artículo con miras a obtener una decisión en tiempos prudenciales para que se cumplan las garantías constitucionales; garantías que se esperan cumplir de forma más efectiva con la asignación de jueces penales itinerantes en los tribunales penales fronterizos.

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