Derecho Penal

Las invasiones o apropiaciones ilegales de la propiedad privada que se han dado recientemente en Venezuela, toman de nuevo el escenario público y ponen de manifiesto la gran problemática de la tenencia de tierras en el país.

La noticia de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, entregó los títulos colectivos de tierras y hábitat a miembros del grupo étnico Kariña en el 2005, en los estados Anzoátegui y Monagas, refleja el proceso de reivindicar los derechos de la tierra, establecidos en los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional, así como también el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina y rural, establecidas en la Ley de Tierras.

El problema de la tenencia de la tierra afecta a la mayoría de los países de América Latina, y según los datos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) donde se informa que en nuestros países se sufre de una grave crisis de la tierra, donde el 38% de la población rural de América Latina y el Caribe esta constituida por pequeños propietarios; el 31 % por trabajadores sin tierras; el 27.1% por grupos étnicos y el 5% por pequeñas comunidades de pescadores artesanales.

En el caso de Venezuela según el censo agrícola de 1998, elaborado por el actual Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 5% de los propietarios agrícolas acaparan el 75% de las tierras. Señalan además que las fincas con 50 hectáreas o menos ocupan en total unas 3,2 millones de hectáreas, lo que significa que el 8,3 millones de hectáreas están en manos de personas que no están sujetas a la reforma agraria, y que menos del 30% de los que recibieron tierras han podido legalizar sus títulos de propiedad o contar con algún documento legal que los respalde.

Por otro lado, sólo el 7% de los parceleros beneficiados con tierras han tenido créditos oficiales y apenas el 17% ha contado con asistencia técnica. Como nota interesante a estos hechos sólo 4,2% de las tierras en Venezuela están cultivadas, mientras que sin utilizar son alrededor de unos 30 millones y el 70 por ciento de las tierras – de 31,2 millones de hectáreas- han estado en posesión del 3% de los propietarios del sector agrícola.

Las cifras del viejo Instituto Agrario Nacional (IAN) señaló que durante su vigencia repartió 11,5 millones de hectáreas entre 230.000 familias, lo cual representa un promedio de 44 hectáreas por familia. Esto significó que el 72% de las tierras entregadas por el IAN en sus 40 años de historia, no favoreció a los pequeños agricultores, y por ende de los beneficiarios de la reforma agraria.

Dentro de las dificultades encontradas que impidieron que se ejerciera La ley de Reforma Agraria se puede citar el caso de la incapacidad de las instituciones del Estado para garantizar la seguridad en la tenencia y por tanto el acceso a las políticas crediticias. Debido a estos problemas de

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