Desarrollo Economico En Venezuela

Desarrollo Económico Aplicado al Caso Venezolano

El caso Venezuela es aleccionador porque muestra claramente el resultado al que llevan, con el tiempo, las equivocadas políticas del intervencionismo, y permite comprobar que una gran riqueza en recursos naturales acompañada de una democracia formal son de por sí condiciones insuficientes para emerger del subdesarrollo y alcanzar el bienestar general. Es más, la riqueza petrolera en manos del estado combinada con el modelo político que en Venezuela se ha denominado “partidocracia" no sólo ha frenado el desarrollo, sino que ha llevado a un dramático retroceso de todos los índices económicos.

En Venezuela, el monopolio petrolero estatal lejos de beneficiar al ciudadano común y corriente ha impulsado la concentración de un inmenso poder económico en las mismas manos que ejercen el poder político. Esta exacerbada forma de mercantilismo ha tenido consecuencias nefastas para el país y es, indudablemente, una de las principales razones que explica el lento curso que han seguido las reformas y las reticencias con que se ha procedido a su aplicación. Al ubicar al estado en el centro no sólo de la vida política, sino también de toda la economía nacional, la sociedad se ha politizado hasta extremos que resultarían inconcebibles en otras latitudes, lo cual ha fomentado la corrupción, en menor o mayor grado, de absolutamente todas las instituciones nacionales.

La Partidización del Poder Judicial El caso más dramático ha sido, desde luego, la justicia. El momento clave en el caso del sistema judicial fue cuando, al perder Acción Democrática las elecciones presidenciales de 1968, ese partido utilizó su mayoría legislativa para despojar al Ejecutivo del poder de nombrar los jueces y, desde entonces, los jueces son designados de acuerdo a su filiación política y en proporción a los resultados electorales. Esto diluye la responsabilidad por el nombramiento de jueces que utilizan el cargo en beneficio propio, de su partido y de las llamadas "tribus judiciales", sin el apoyo de las cuales no hay celeridad en los juicios ni posibilidad de ganarlos.

En tiempos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez había lamentablemente ciertos sectores, como la Seguridad Nacional y el Departamento de Compras del Ministerio de Defensa, que se situaban por encima de la justicia ordinaria. Pero, apartando esas irregularidades, los profesionales más honorables y respetados eran seleccionados como jueces por el Dr. Luis Felipe Urbaneja, ministro de Justicia, y confirmados por el presidente de la República, quien entonces asumía la responsabilidad personal del nombramiento de jueces idóneos. La prueba del buen funcionamiento de la justicia venezolana de esos tiempos es que ningún juez fue destituido después del 23 de enero de1958, cuando cayó el régimen perezjimenizta y comenzó la nueva era democrática.

Por el contrario, durante los últimos 15 ó 20 años, el pueblo venezolano ha asistido a una gradual pérdida de su seguridad jurídica que allegado hoy a extremos verdaderamente dantescos. El 70% o más de la población carcelaria de Venezuela permanecen presa sin haber recibido condena alguna. Casi todos esos presos son gente pobre, sin los medios para pagar a un abogado miembro de alguna "tribu judicial" y, por lo tanto, sin los contactos necesarios para acelerar su juicio. Sin embargo, vienen y van ministros de Justicia y presidentes que aparentemente no pierden el sueño ante esa espantosa realidad que condena a miles de personas a permanecer en cárceles que tienen fama de ser de las peores del mundo, donde se suceden las riñas fatales, los motines y los ajustes de cuentas entre bandas rivales en medio de condiciones de vida pavorosas.

Es más, estos altos funcionarios, con el mayor desparpajo, suelen dar discursos y lecciones a los demás sobre los derechos humanos la justicia social. La inseguridad jurídica es hoy una de las principales barreras al crecimiento económico de Venezuela. Si no se respeta la vida y la propiedad de los ciudadanos desaparece todo incentivo al esfuerzo personal, disminuye el ahorro y la gente comienza a pensar más en términos inmediatos que de largo plazo. Si las leyes y los reglamentos cambian continuamente, sin respetar los compromisos preexistentes, y si la normativa legal es aplicada arbitrariamente o deja amplio espacio para la interpretación discrecional de los funcionarios, se resiente también el interés de los inversionistas, que ponderan adecuadamente los riesgos de enfrentarse, de pronto, a un entorno jurídico nuevo y hostil.

Así, las pocas inversiones que se llevan a cabo actualmente son aquellas en que la utilidad prevista es tan grande y tan rápida que amerita tomar el riesgo que cambien al político o al burócrata que ofreció proteger la operación, y quien seguramente es un socio oculto en el negocio, recibiendo su premio o soborno generalmente por adelantado. No es casualidad que Venezuela haya recibido ínfimos aportes de capital del extranjero en los últimos años -del orden de las decenas de millones de dolares en comparación con sus vecinos del continente, y que esta tendencia sólo haya cambiado en cuanto se abrió un poco el negocio petrolero que, por su muy alta rentabilidad, permite compensar en buena medida los riesgos de la precaria situación jurídica del país.

El alto costo de la inseguridad jurídica venezolana se manifiesta en la ínfima inversión privada, la cual ha promediado apenas 1,6% del PIB en la última década, cuando en un país con una economía madura como Estados Unidos (por lo que depende mucho menos de las nuevas inversiones) equivale al 15% del PIB. En Venezuela misma, en los años 70, gozábamos de tasas de inversión privada de alrededor del 17%, pero para entonces no habían surgido las nefastas consecuencias de las estatizaciones y los empresarios venezolanos confiaban que los políticos no les iban a hacer a ellos lo que entonces les hacían a las empresas extranjeras. La conocida corrupción del sistema judicial venezolano ha llevado al Banco Mundial a ofrecer, por primera vez, un financiamiento específico para la reforma de la justicia en el país.

Inversión e Impuestos Sin inversión privada no hay aumento de la productividad, la cual avanza sólo con la utilización de mejores tecnologías, con maquinarias modernas y a través de mayor entrenamiento de los trabajadores. La infame educación oficial ha impedido que se prepare debidamente a la mano de obra venezolana para los retos de la industrialización y la globalización. Y sin adelantos en la productividad no hay posibilidad de aumentar sueldos ni incrementar las ventas ofreciendo mejores precios. Por eso, absolutamente, nada baja jamás de precio en Venezuela. Por el contrario, desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se

...