EL BOGOTAZO

El 23 de octubre de 2007, una semana antes de las elecciones en las que se iba a escoger el alcalde de Bogotá tuvo lugar el último debate de televisión entre los dos candidatos que lideraban las encuestas: Enrique Peñalosa y Samuel Moreno.

Cuando faltaba un minuto pa

ra terminar, le preguntaron a Moreno: “¿Si usted comprando 50 votos puede salvar a la ciudad de alguien capaz de comprar 50.000 votos lo haría?”. Samuel ni lo pensó. De inmediato dijo: “Sí”. Tal vez su respuesta era un presagio de lo que se venía. Y a 915.000 bogotanos que votaron por él –el 43 por ciento del total– pareció no importarles ese detalle.

Samuel Moreno sacó la más alta votación que hasta hoy ha tenido un alcalde en Bogotá y durante tres años demostró que, como en ese debate, no se detiene a reflexionar cuando de dilemas éticos se trata. Testimonios y documentos en poder de SEMANA, y las pesquisas de la Fiscalía, revelan que en los tres años que estuvo al frente del gobierno distrital se dio el saqueo a gran escala más impresionante que se haya visto en Colombia.

Su mandato se convirtió en un segundo Bogotazo. Así como ese 9 de abril, de 1948, marcado por el caos y la destrucción, partió en dos la historia de la capital, con la administración Moreno Rojas Bogotá cayó del cielo al infierno.

Los bogotanos no tienen idea de hasta dónde llegó la devastación. Lo interesante de este caso, a diferencia de otros grandes descalabros del país, es que gracias a la confesión y a las pruebas entregadas por Emilio Tapia, todo se está descubriendo. SEMANA ha tenido acceso a información privilegiada –de investigadores del caso y testimonios de seis de los involucrados– para armar el rompecabezas completo.

El modus operandi

¿Qué hace distinto este caso? Basta con decir que el saqueo fue de tal envergadura que tuvieron que montar un ‘gobierno en la sombra’ para poder mantener aceitada la maquinaria de los contratos y las mordidas. “Eso funcionaba como una empresa”, ha dicho Emilio Tapia, el hombre que sirvió de eslabón entre la cúpula del carrusel de contratos (el alcalde Samuel Moreno y su hermano el senador Iván Moreno) y los contratistas (que se encargaban de garantizar las ‘mordidas’).

Ese ‘gobierno en la sombra’ tenía una especie de ‘junta directiva’ que decidió cómo se repartía la torta del Distrito. La Uaesp, por ejemplo, que se encargaba de los multimillonarios contratos de recolección de basuras y del relleno de Doña Juana, le tocó al abogado Álvaro Dávila, según testimonios que ya están en la Fiscalía.

El Acueducto fue para el contratista Andrés Cardona Laverde. Y en el IDU, que tenía 3 billones de pesos para invertir, se acogió la propuesta del contratista Julio Gómez de mantener a la directora que ya estaba. Por mencionar solo las tajadas más grandes. Cabe anotar que Julio Gómez ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía, de diez años de prisión, a cambio de confesar y delatar otros engranajes del carrusel. Pero Cardona y Dávila –hoy detenido– han negado ser parte del carrusel.

El modus operandi de la ‘junta directiva’ era sencillo. Cada uno resolvía cómo repartía los contratos, pero tenía que garantizar un porcentaje para los hermanos Moreno Rojas. “Eso funcionaba como si fueran franquicias. Los Moreno le entregaban a un contratista una entidad para que les respondiera por ella y les tenían que pagar un porcentaje por cada contrato”, le explicó un exgerente del Acueducto a SEMANA.

Había una especie de código no escrito que todos seguían al pie de la letra: Samuel Moreno no se reunía con nadie. La cabeza del ‘gobierno a la sombra’ era Iván Moreno, hermano del alcalde y para ese momento senador. Cabe recordar que como alcalde de Bucaramanga fue cuestionado por malos manejos y porque aumentó el déficit de la ciudad en un 166 por ciento.

Emilio Tapia era el ejecutor de la estrategia. “Las reuniones con Iván eran prácticamente todo el día, todos los días”, les ha dicho a los investigadores. Tapia nació en Sahagún, Córdoba, pero vivió en San Andrés, donde su papá fue director de la Dian. Se ganó la confianza de los Moreno Rojas porque su abuelo había sido amigo y vecino del general Gustavo Rojas Pinilla. Su centro de operaciones era una lujosa y amplia oficina cerca del parque de la 93. La tarea era tan exigente que adquirieron un avión, por leasing a nombre de Geos Investment.

En el avión, Tapia viajaba de noche para llegar a primera hora ya fuera a Estados Unidos –para reunirse con algunos aliados allá o para invertir el dinero de las comisiones–o ya fuera a Perú –para ver cómo iba el negocio que iba a hacer la Empresa de Energía de Bogotá –o para Brasil– a concretar a los empresarios que ya estaban listos para construir las autopistas urbanas–.

La ‘junta directiva’ también se daba cita en Miami. En los registros de migración aparece que Emilio Tapia viajó a esa ciudad 53 veces entre enero de 2008 y diciembre de 2010. Y coincidió en 22 de esos viajes con el entonces senador Iván Moreno, en dos con el entonces alcalde Samuel Moreno, y nueve veces con Álvaro Dávila.

En las reuniones en Miami, según documentos que conoció SEMANA, tomaban parte dos colombianos radicados allá: Saúl Campanella y Luis Cárdenas. Campanella es un cartagenero que vive en Miami y brinda asesoría para crear empresas offshore y colocar recursos en paraísos fiscales. Y Cárdenas es un barranquillero que se radicó en Miami tras lograr, en medio de muchos cuestionamientos, que ampliaran un jugoso contrato público por veinte años en su ciudad natal.

Mientras todo esto ocurría en la sombra, en el Palacio Liévano, en pleno corazón de Bogotá, Samuel Moreno convocaba a consejos de gobierno. “Pone poca atención a lo que se discute. Se la pasa conversando con su secretario general y poco atiende lo que los demás decimos”, se quejaba en esa época uno de los miembros de su gabinete a SEMANA.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema que lleva el caso, Juan Valbuena, dijo en una audiencia que todo fue fríamente calculado. “Desde diciembre del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez se pusieron de acuerdo para cometer delitos contra la administración pública”.

La agenda de ‘mordidas’’

Hace dos años, en un allanamiento a la oficina de Emilio Tapia encontraron un documento de tres páginas que, ahora, ha cobrado gran importancia. Es una ‘agenda’ en donde aparecen tareas pendientes de esa ‘junta directiva’. ¿En qué consiste?

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