EL FOBAPROA

EL FONDO BANCARIO DE PROTECCIÓN AL AHORRO.

(FOBAPROA).

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, ha sido un fondo de contingencia creado en 1990 por el Estado de México en vistas a superar los problemas financieros extraordinarios. Su sucesor fue el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La creación del FOBAPROA ha sido uno de acontecimientos políticos y financieros más escandalosos de la historia mexicana porque el poder ha salvado sus malos manejos a coste de los contribuyentes mexicanos.

Se creó bajo la argumentación del la falta de liquidez del sistema bancario el gobierno de Carlos Salinas de Gortari da vida a este fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios bajo la excusa de las posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras.

Reprivatización de la banca para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo, fueron vendidos 18 bancos. En diciembre de 1994 estalla la crisis económica con inflación, tipo de cambio sobrevaluado, déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el mercado de valores desembocan en la devaluación del peso y un alza en las tasas interés. Como consecuencia se reflejaron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito por lo que los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero.

En 1995 se aplica el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552,000 millones de pesos por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna.

Después de la abrupta devaluación del peso en diciembre de 1994, ocurrida dos semanas después de iniciada la administración del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el gobierno federal tomó la determinación de acudir al rescate de los bancos, que enfrentaban una crisis de liquidez y una potencial corrida bancaria con recursos públicos.

La forma en que el gobierno contrató esa deuda, sin el aval del Congreso, fue motivo de controversia por varios años, hasta que esos pasivos fueron asumidos como deuda con garantía pública en el gobierno del ex presidente Vicente Fox (2000-2006). El intercambio de los pagarés que dieron plena validez a las obligaciones se realizó de finales de 2005 a mediados de 2006.

El argumento para rescatar a los bancos es que se había devaluado el peso por la crisis, lo que significaba que el dinero ya no valía tanto y el banco ya no iba a haber suficiente para pagarles a todos los que habían puesto su dinero ahí. Es decir, los bancos debían más dinero del que tenían. Para no colapsar a la economía y que todo siguiera funcionando, el gobierno mexicano emitió unos “bonos”, pagar las deudas de los bancos con el dinero de los impuestos de los mexicanos de las siguientes generaciones. Los críticos le llaman uno de los más grandes robos para el México contemporáneo.

Algunos de los préstamos que FOBAPROA asumió están ligados a la compra de la telefónica del estado, sistemas de distribución de gas, plantas siderúrgicas y petroquímicas, caminos, ferrocarriles, puertos, aerolíneas, emisoras de televisión y sistemas de satélites. Parece que en algunos casos el dinero que se usó para comprar bancos fue obtenido de los bancos mismos, una verdadera fullería millonaria.

El escándalo estalló cuando, a finales de marzo de 1998, el gobierno solicitó al Congreso de la Unión la conversión de la deuda del FOBAPROA en deuda pública. El argumento central para defender esta demanda fue la necesidad de evitar una crisis más profunda. La controversia sobre el FOBAPROA se extendió a lo largo de los nueve meses que siguieron a la presentación de la iniciativa.

Al cabo de ese largo periodo, el Partido Acción Nacional (PAN) cedió. El 12 de diciembre de ese mismo año unió sus votos a los del PRI para aprobar dicha conversión y la sustitución del FOBAPROA por el IPAB.

Así, podemos decir que el FOBAPROA, fue creado por Salinas de Gortari y legalizado en 1995, en tiempos del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, en complicidad con los legisladores del PRI y del PAN.

Las cifras oficiales indican que, a junio de 1999, el valor de las transferencias directas recibidas por los bancos sumaban 168,000 millones de pesos, el total de pasivos a cargo del IPAB era de poco más de 760,000 millones de impuestos diferidos. El costo fiscal de la crisis bancaria a esa fecha era de 958,000 millones de pesos, a este monto habría que sumar los nuevos apoyos a Serfín y a Bancrecer, más los costos adicionales a lo ya estimado para las transferencias de Banco de Atlántico y Banco Promex a Bital y Bancomer, respectivamente. A reserva de conocer los costos adicionales mencionados y las recuperaciones por venta de los activos, el costo neto del rescate bancario a finales de 1999 se acercaría a los 900,000 millones de pesos aproximadamente.

Los pagares estaban en manos de los banqueros y el gobierno debía pagarlos, por esta razón se convino aumentar la deuda pública en 552,000 millones de pesos.

El IPAB sigue siendo el instrumento de las prioridades y decisiones de la administración. El IPAB está funcionando sin la presencia del gobernador del Banco de México y el presidente de la CNBV, como resultado de la disposición incluida en el Artículo segundo transitorio de la ley que lo creó, mismo que prohíbe la participación de funcionarios involucrados en el FOBAPROA.

Este suceso se ha convertido en el mayor desfalco monetario al país en los últimos tiempos, llamado también el fraude o el robo del siglo, ha sido un ejemplo claro de cómo el gobierno federal mexicano es altamente vulnerable a los intereses privados, y al mismo tiempo, un enorme negocio de las cúpulas de poder.

Hubo demasiadas irregularidades en el FOBAPROA al transformar las pérdidas privadas en deuda pública, la participación de la Suprema Corte de Justicia y la aceptación de deudas sin tomar en cuenta su procedencia, entre otras cosas.

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