Egipto Y Ghana

RUTAS MIGRATORIAS Y NUEVOS ESPACIOS DE FRONTERA EN EL PUZZLE MIGRATORIO ESPAÑOL. “EL CASO DE LAS ISLAS CANARIAS”

La costa sur de España se ha convertido en una de las fronteras marítimas calientes en el marco de las políticas de control de las corrientes migratorias en Europa. La proximidad al territorio Africano, una de las regiones mas castigadas del mundo por el hambre, la guerra y la falta de oportunidades, ha convertido las aguas del Estrecho y las que separan la costa africana de las Islas Canarias, en una de las zonas mas vigiladas de la frontera sur de Europa. La política española de control de flujos en frontera se ha centrado en tres puntos: las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las costas andaluzas y la canaria. El blindaje del estrecho de a través del sistema del sistema intensivo de vigilancia exterior y de las vallas fronterizas en los enclaves españoles en el norte de África activaron hace algo mas de una década la denominada ruta canaria.

Las embarcaciones procedentes de Marruecos salían de los territorios más meridionales del reino alauita, el llamado antiguo Sahara español, y se dirigían hacia la isla de Fuerteventura, a solo 100 kilómetros de la costa del cercano continente. Las pateras eran ocupadas principalmente por ciudadanos magrebíes, pero el aumento de la cooperación bilateral con Marruecos y la aplicación de los acuerdos de repatriación ocasionaron un incremento significativo del embarque de nacionales de países subsaharianos y menores de edad. La vigilancia de las costas marroquíes durante 2004 y 2005 bloqueo la ruta terrestre desde el sur y activo las salidas y la travesía por vía marítima desde Mauritania y Senegal.

El resultado de esto fue una intensa llegada a los alrededores del archipiélago, especialmente en las Islas Tenerife, sino el aumento de los riesgos y las muertes. Los debates políticos y públicos sobre las políticas de control fronterizo han ignorado los costos humanos de la migración indocumentada. Sin embargo, el endurecimiento de las medidas de control termino por afectar seriamente el derecho de la vida.

La inmigración subsahariana en España es de vieja data, pero siempre fue cuantitativamente muy limitada. Esta situación comienza a cambiar en los años 90, cuando empieza a llegar a Melilla un flujo mayor de africanos procedentes del sur del Sáhara. En enero de 1998 vivían en España unas 36.000 personas nacidas en África subsahariana, pero no sería hasta los años posteriores a la regularización de 1996 cuando se produce el primer “boom” de la inmigración subsahariana y de su acceso al mercado de trabajo español el cual se orientará, fundamentalmente, hacia sectores como la agricultura, la construcción, los servicios y el comercio ambulante, sectores caracterizados por los bajos salarios y las condiciones precarias de empleo. Entre enero de 1998 y enero de 2003 se triplica la llegada de inmigrantes subsaharianos, llegando a la cifra de 110.000 personas. En 2010 la cifra es de 237.309 y todas las variables indican una tendencia a la diversificación de los países de procedencia. La irregularidad ha sido la forma mayoritaria que ha asumido la migración subsahariana, lo que hace que los primeros años en España estén caracterizados por la precariedad y el acceso al mercado informal de trabajo. Para muchos subsaharianos se trata, sin embargo, de una forma de exclusión o irregularidad extrema dada la imposibilidad de muchos, debido a su falta de documentación, de empadronarse y obtener por ello la regularización vía arraigo. Esto hace de los inmigrantes subsaharianos una categoría especialmente vulnerable dentro de las migraciones provenientes de países no comunitarios. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de inmigrantes empadronados de origen subsahariano eran en 2010: Cataluña (27,6%); Madrid (16,9%); Andalucía (12,9%); y la Comunidad Valenciana (10,4%).

La inmigración en España ha existido desde siempre, pero es desde la década de 1990, un fenómeno de gran importancia demográfica y económica. Según el INE 2011, a primero de enero de 2011 residía en el país casi 6,7 millones de personas nacidas fuera de sus fronteras (de los cuales casi un millón habían adquirido la nacionalidad española). Esto representa el 14,1% de una población total registrada de 47,1 millones de personas.

En unas pocas décadas, España ha pasado de ser un país emisor de emigrantes a ser un receptor de flujo migratorio. A partir de 1973, con la crisis del petróleo, la emigración de españoles al extranjero empezó a dejar de ser significativa y se produjo el retorno de muchos emigrantes españoles que se mantiene hoy en día; hecho que se cree que ha sido forzado por el descenso del atractivo laboral de los países de acogida y otras relacionadas con asuntos de pensión de vejez.

El restablecimiento de la democracia coincidió con una fase de relativo equilibrio en los saldos migratorios netos, que se prolongó hasta mediados de los años 1990. En la actualidad se piensa también que las nuevas generaciones de españoles nacidos en el extranjero retornan debido principalmente a un sentido más favorable de la relación trabajo-valor que resulta más atractiva por el Euro.

Junto con el dinamismo que ha mostrado la economía española desde entonces, se cuenta el fuerte crecimiento de la inmigración no española. Desde el año 2000, España ha presentado una de las mayores tasas de inmigración del mundo (de tres a cuatro veces mayor que la tasa media de Estados Unidos, ocho veces más que la francesa. En el año 2005 sólo era superada en términos relativos en el continente europeo por Chipre y Andorra. En la actualidad, sin embargo, su tasa de inmigración neta llega sólo al 0,99%, ocupando el puesto número 15 dentro de la Unión Europea. Es además, el noveno país con mayor porcentaje de inmigrantes dentro de la misma, por debajo de países como Luxemburgo, Irlanda, Austria o Alemania.

España es, además, el décimo país del planeta que más inmigrantes posee en números absolutos, por detrás de países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Ucrania,

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