El derecho de acceso a la justicia: aplicación en el Perú y alternativas de reforma de la administración de justicia

El derecho de acceso a la justicia: aplicación en el Perú y alternativas de reforma de la administración de justicia

Se preconcibe la idea de que los derechos fundamentales más trascendentes para el desarrollo de la persona en sociedad son la vida, libertad e igualdad; con los avances del Derecho Constitucional hoy en día la efectividad del ejercicio de estos derechos depende del acceso que los ciudadanos puedan tener al sistema de justicia estatal, concretamente si se materializa el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, ¿qué se debe entender por ello? La respuesta permitirá determinar si en el Perú las políticas públicas se han orientado a concretar este enfoque; así mismo, cabe analizar si las exigencias de la “nueva normalidad” han mermado o acrecentado el ejercicio efectivo del acceso a la justicia y las posibles alternativas que podrían implementarse dentro de un contexto en el que este derecho se vea restringido.    

En principio es menester tener en cuenta la noción admitida por diversas organizaciones latinoamericanas respecto al acceso a la justicia. Una concepción integral apunta a definirlo como un “[…] instrumento que transforma las relaciones de poder […]”^[1]; es decir, otorga al ciudadano (sin distinción de raza, sexo, religión, etc.) una posición de titular, de forma que puede exigir al Estado su cumplimiento efectivo. Teniendo en cuenta esta delimitación es posible sostener que el Perú es uno de los países en los que, a pesar de haber ratificado este enfoque, muchos ciudadanos pertenecientes a grupos vulnerables o minorías no tienen la posibilidad de acceder al sistema de justicia estatal debido a la existencia de una estratificación social muy marcada y un tradicional divorcio de las leyes formales con la realidad; por ende, la presencia de barreras sociales, económicas e institucionales hacen que el acceso a la justicia estatal sea casi una utopía para aquellos sectores en los que no existe la capacidad económica de cubrir los gastos de un proceso judicial y con una diferencia cultural notoria con respecto a la contraparte o a los mismos operadores del derecho. Actualmente esta situación es aún más tangible dada la paralización del sistema judicial debido al Estado de Emergencia, ya que al haberse digitalizado el servicio de justicia se sumó una nueva barrera: la necesidad de contar con acceso a medios en línea. Frente a estas cuestiones es necesario efectivizar el pluralismo jurídico reconocido en la Constitución^[2] de forma que se implemente la llamada justicia comunal en aquellas jurisdicciones cuyo acceso a la justicia es limitado, ello también reduciría la carga procesal de las instituciones judiciales; así mismo, la simplificación de leyes y códigos es esencial para disminuir el poco conocimiento que los ciudadanos tienen sobre sus derechos, de forma que se consiga un verdadero acceso a la justicia.

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