Ensayo Ley De Protección Al Consumidor

La Ley de Protección al Consumidor

Durante el lanzamiento oficial de la Política Nacional de Protección al Consumidor, el 10 de agosto de 2010, el Presidente de la República, Mauricio Funes, expresó: “En definitiva, la protección al consumidor no sólo favorece directamente a los usuarios de productos y servicios, a los consumidores, sino que abre las puertas a un proceso de transparencia, de mejora de la calidad y de la competitividad sobre la base de intercambios justos”. Dicha Política Nacional de Protección al Consumidor que se proyecta de 2010 a 2020 y su objetivo es definir sus áreas estratégicas de intervención y las medidas necesarias para mejorar el bienestar de las y los consumidores de El Salvador, protegiendo sus derechos e intereses a través del efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.

La primera legislación especializada en la protección del consumidor se aprobó hace 18 años, fue reformada en 1996 y luego, en 2005, se promulgó la actual Ley de Protección al Consumidor. Esto en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución de la República, el cual establece que corresponde al Estado el fomento de los diversos sectores de la producción y defender el interés de los consumidores. En el presente ensayo se hará un análisis de los principales aspectos contenidos en la Ley de Protección al Consumidor.

De la protección al consumidor

Tal como se plantea en su artículo 1, el objeto de la Ley es proteger los derechos de los consumidores a fin de procurar el equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores. Asimismo, tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Protección al Consumidor y la Defensoría del Consumidor como institución encargada de promover y desarrollar la protección de los consumidores, disponiendo su organización, competencia y sus relaciones con los órganos e instituciones del Estado y los particulares, cuando requiera coordinar su actuación. Es aquí donde se detallan los derechos básicos e irrenunciables de los consumidores, sin perjuicio de los que pudieran derivarse de otras leyes, citando entre los más importantes: Ser protegido de las alzas de los precios de bienes y servicios esenciales, de los cobros por bienes no entregados o servicios no prestados, de las prácticas abusivas y de inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, contra la publicidad engañosa o falsa, contra los riesgos de recibir productos o servicios que pongan en peligro su vida, salud o integridad; ser educado e informado en materia de consumo; reclamar y recibir compensación en el caso que los productos o servicios sean entregados en calidad, cantidad o forma diferente de la ofrecida; reclamar por vía judicial o a través de los distintos medios alternativos de solución de conflictos, la reparación de daños y perjuicios sufridos por deficiencia, mala calidad o retraso en la entrega de los bienes o servicios adquiridos; y desistir o retractarse de un contrato en los términos establecidos en la Ley. En virtud de lo anterior, todos los consumidores y los proveedores, sean estos personas naturales o jurídicas en cuanto a los actos jurídicos celebrados entre ellos, relativos a la distribución, depósito, venta, arrendamiento comercial o cualquier otra forma de comercialización de bienes o contratación de servicios quedan sujetos a la Ley, tal como se establece en su artículo 2.

El derecho a la seguridad y la calidad

En general, los productos y servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores no deben implicar riesgos para su vida, salud o seguridad, ni para el medio ambiente, salvo los legalmente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización. Los proveedores que desarrollen actividades de importación, producción, transformación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios deberán observar las normas legales, reglamentarias o técnicas que se dictaren sobre la materia, así como facilitar el control, vigilancia e inspección de las autoridades competentes.

Protección de los intereses económicos y sociales

Se establece que los intereses económicos y sociales de los consumidores serán protegidos en los términos establecidos en la Ley, aplicándose supletoriamente lo previsto por las normas civiles, mercantiles, las que regulan el comercio exterior y el régimen de autorización de cada producto o servicio. En este Capítulo de la Ley se regula el cálculo de intereses, comisiones y recargos, la venta a plazos de bienes muebles, la entrega diferida, el derecho de retracto, el derecho a darse de baja, la oferta de productos vencidos o alterados, concursos, sorteos, regalos y similares, requisitos de las promociones y ofertas, cláusulas abusivas, prácticas abusivas, las obligaciones especiales para proveedores de servicios financieros, las prohibiciones especiales para los proveedores de servicios financieros, las obligaciones de entidades especializadas en la prestación de servicios de información, los contratos de adhesión, los repuestos, fletes y servicios técnicos, la prestación de servicios, la prohibición de exigir comparecencia personal, el reembolso en caso de depósito por envases. Asimismo, se establece que una vez extinguida una relación contractual, el proveedor deberá entregar un finiquito o la cancelación y las garantías, dentro del plazo máximo de 15 días contados a partir del último pago, salvo que se establezca un plazo distinto en otras leyes especiales.

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