Ensayo Samuelson

Un poder legal es un poder que nace y se ejerce de acuerdo con las leyes. Lo contrario del poder legal es el poder arbitrario, ejercido al arbitrio del gobernante, basado en su voluntad y juicio personal sobre las situaciones.

El principio jurídico de legalidad presupone que los órganos que ejercen un poder público actúan dentro del ámbito de las leyes. Este principio tolera el ejercicio discrecional del poder pero excluye el ejercicio arbitrario.

Esto quiere decir que las leyes, como normas genéricas, abstractas, impersonales, siempre dejan espacio, en su aplicación a los casos concretos, para la prudente discrecionalidad del gobernante, pero no para su proceder arbitrario, que forzaría a la ley en su letra y su espíritu.

Implicación de las contradicciones:

1. Evidentemente las sociedades van cambiando y esto debido a su naturaleza compleja, lo complejo es desde el punto de vista humanista, sin duda. Debido a esto es difícil establecer el concepto de carácter previo de una ley en condiciones idóneas ya que el caos es permanente y es ocasionado por el mismo efecto de la evolución.

2. Las Constituciones no establecen enumeraciones exhaustivas de las facultades atribuidas a los poderes de los propios Estados, sino que consignan los lineamientos generales de las disposiciones legislativas y de los propios poderes, y con posterioridad corresponde normalmente a cada órgano de la soberanía nacional el derecho al uso de los medios necesarios para la consecución de sus fines. Estas son las llamadas facultades implícitas.

En consecuencia, los poderes implícitos son aquellos que se infieren o se deducen razonablemente de las competencias expresas o delegadas que se consideran como indispensables para la actuación de las propias facultades delegadas.

Por otro lado las prohibiciones que son evidentemente entendidas por todos, no necesariamente implican claridad en la sanción o en la consecuencia, debido a las facultades implícitas las cuales implican un grado de discrecionalidad. Lo anterior sin duda deteriora el concepto de legalidad y con ello la afectación al Estado de Derecho.

1. El cómo afecta la relación, en muchos casos opuesta, del interés público versus interés privado, al concepto de legalidad, se basa en la determinación de un estado de regular el egoísmo de los individuos o sus instituciones. La voluntad pública, que es determinada por el Estado y la voluntad privada, suelen tener enfrentamientos claros desde el punto de vista ideológico y objetivo.

La legalidad sufre una crisis desde el punto de vista conceptual porque las generalidades excluyen necesariamente particularidades y esta exclusión es percibida como un agravio al derecho desde el punto de vista del gobernado.

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