Ensayo sobre la buena fe en derecho comercial.

La buena fe es uno de los principios más importantes en nuestro ordenamiento jurídico, pues su ámbito de aplicación es muy extenso porque la encontramos como uno de los requisitos principales en la mayoría de las ramas del derecho y en gran parte de los actos jurídicos que se llevan a cabo cada día entre los particulares. La mayoría de relaciones jurídicas por no decir todas, deben guiarse por los preceptos de la buena fe, debido a que si no existiera este principio fuera realmente imposible realizar un contrato, porque se estaría dejando al libre albedrio el comportamiento de los individuos y con ello se actuaría de la manera más arbitraria, abusando de los propios derechos y violando los derechos de los demás.

Es así como en Colombia se tiene incorporado este principio fundamental de buena fe en la Constitución Política en estos términos: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”^[1], de ello se desprende la significativa importancia que tiene este principio respecto a su campo de aplicación, ya que no solo obliga a los particulares a que sus actuaciones se ciñan a la buena fe, si no que también incluye a las autoridades públicas, es decir, que tanto en el derecho privado como en el derecho público se deben acatar los prepuestos de este principio rector.

Agregando a lo anterior,  el rango constitucional que se le ha otorgado a la buena fe es indispensable como un mecanismo de protección de los derechos de los ciudadanos, dado que en el trafico jurídico está inmersa la conducta del hombre, conducta que de una u otra manera tiene que ser regulada con el fin de garantizar una seguridad a la hora de contraer una obligación, porque de no existir esa protección se encontrarían a la deriva los derechos de muchas personas, así, por ejemplo,  Juan le vende un vehículo a Pedro, haciéndole creer que se encuentra en buen estado, pero Juan sabe que el automotor está dañado, Pedro convencido de que el vendedor actúa de buena fe realiza sin ningún problema el contrato de compraventa,  días después el vehículo empieza a presentar fallas; en este caso muy típico que se presenta en el día a día, de no existir el principio de buena fe Pedro no podría hacer nada al respecto y tendría que cubrir con los gastos del arreglo de su carro, pero gracias a este principio y en concordancia con figuras como la acción redhibitoria se puede demostrar la mala fe de Juan y se puede lograr que se dé por terminado el contrato. Siendo esta una muestra de la protección que brinda el Estado en contra de la mala fe y en protección de las personas que depositando la confianza en el otro realizan cualquier tipo de acto jurídico.

Añádase a esto, que la buena fe desde el precepto constitucional anteriormente expuesto, abarca también las actuaciones de las autoridades públicas, es decir del Estado y de todas las entidades y por ende funcionarios públicos, en este punto cabe resaltar que las entidades públicas deben ser más diligentes en el cumplimiento de este principio, pues tiene a su cargo la garantía y protección del interés general, por ello esa buena fe tiene que ir de la mano en todas sus actuaciones.

En cuanto a lo anterior la jurisprudencia ha desarrollado algunos criterios para establecer cuando una actuación de una autoridad pública es contraria a la buena fe: “La actuación pública es desproporcionada cuando es contraria a las exigencias de la buena fe, en cuanto la autoridad adopta una decisión que no es la conducta racional y recta que podría esperarse de una persona en la misma situación; cuando no se ajusta a los exámenes de objetividad y razonabilidad; cuando resulta ser contradictorio; cuando la decisión no se tome en el momento oportuno; cuando su respuesta no es proporcional; cuando se presentan dilaciones injustificadas o cuando se abusa del poder”^[2]

De este modo se puede observar como la buena fe se inmiscuye no solo en las relaciones de los particulares sino también en la relación de estos con el Estado, y más aún entratandose de una entidad pública que en pocas palabras debe velar por el cumplimiento de los derechos no por vulnerarlos o agravar su situación y menos cometer faltas que el mismo Estado sanciona.

Ahora es oportuno que se tenga en cuenta que hay una clara diferenciación que debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar la buena fe en todo tipo de actos jurídicos, que es entre la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva, pues de no existir esta contraposición existiría un grave conflicto a la hora de determinar cuándo se actúa de buena o de mala fe, ya que como en este tema está inmersa la conducta del hombre, lo que para una persona está bien hecho para otra puede estar mal hecho y esto depende mucho del contexto social en el que se habite, de sus costumbres y demás factores que pueden influir a la hora de calificar un tipo de conducta.

Por este motivo es de gran relevancia afirmar que la buena fe subjetiva es una concepción psicológica que cada persona tiene de lo que está bien o mal, en cambio la buena fe objetiva es la que se aplica en el campo de las relaciones jurídicas pues esta tiene unos preceptos generales que toda persona debe seguir a la hora de realizar un acto jurídico.

En cuanto a este punto la Corte Constitucional menciona que: “La buena fe es una causa de limitación del ejercicio de un derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico”^[3], es decir que la buena fe objetiva que es la que se aplica en el derecho de cierta manera es un límite para que no se abuse muchas veces o se engañe en cuanto a comportamientos que resulten lesivos hacia otra persona, con la falsa idea o argumento que una conducta es buena porque desde el fuero interno se piensa de esa manera.

Realizada esta aclaración, pasamos ahora a resaltar la importancia de la buena fe como un principio que ayuda a llenar vacíos en el acto jurídico, ya que el ordenamiento jurídico muchas veces se queda corto a la hora de cubrir todas las situaciones que se presentan en el diario vivir, de este modo, el principio de la buena fe cubre esas necesidades que muchas veces se le escapan al legislador porque es un principio que de cierta manera se encuentra presente en todas las relaciones jurídicas y más aún en los contratos, en los que esa confianza en el otro se deposita desde el momento en que se suscribe un contrato hasta su cumplimiento o finalización.

De aquí se despende como ese factor “confianza” es la base de las obligaciones contractuales, en palabras de Karl Larenz citado por la Corte Consitucional: “La buena fe no es un concepto sino un principio, formulado con la forma exterior de una regla de derecho. El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene más remedio que protegerla, porque "...poder confiar, es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres, y por tanto, de paz jurídica"^[4].

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