Ensayo (violencia En Colombia)

Título: ¿Conflicto Insuperable en Colombia?

Resumen: Este ensayo es una corta mención a la inviabilidad actual que tienen los factores de poder en Colombia de someterse a reglas superiores, y en especial, con el agravante desinstitucionalizador del presente Gobierno. Tal inviabilidad de que los factores de poder puedan someterse a reglas o generar nuevas reglas que permitan canalizar la violencia y generar la convivencia entre los colombianos es producto del problema histórico-estructural del no monopolio de las armas. El ensayo no sólo es un ejercicio crítico sino que también pretende dar alternativas desde la sociedad civil que posibiliten el verdadero paso al Estado Social de Derecho previsto en la Carta Política de 1991.

¿Conflicto Insuperable en Colombia?

Una adivinanza suena en los pasillos y corrillos “¿Qué tienen en común Uribe, Mancuso y Tirofijo? Pues que ninguno respeta la Constitución.” Este chiste contemporáneo nos permite visualizar la inviabilidad de que los factores de poder puedan generar reglas que permitan canalizar la violencia y generar la convivencia entre los colombianos, producto ello, del problema histórico-estructural del no monopolio de las armas en nuestro país. Este ensayo hará una corta alusión a la imposibilidad que tienen los factores de poder de someterse a reglas superiores, y en especial, con el agravante del actual gobierno colombiano; a la vez que se hace el ejercicio crítico también se pretende dar alternativas desde la sociedad civil que posibiliten el verdadero paso al Estado Social de Derecho.

I. Sobre la constitución en nuestro país

F. Lasalle en su texto clásico ¿Qué es una Constitución? Responde, básicamente, su pregunta, entendiéndola cómo la suma de los factores reales de poder1, desde luego, tales factores son desiguales, tal cual mencionaría Freud2 años más tarde, y que consta de dos movimientos; primero, el intento de los dominadores (léase, en Colombia, como familias tradicionales de hacendados y/o semi-industriales ocupados repartiéndose el exiguo Estado) para elevarse por encima de cualquier tipo de limitación del orden constitucional; segundo, intento de otros sectores (FARC, ELN y otros pequeños grupos guerrilleros, grupos paramilitares o mal llamadas autodefensas, y/o bandas de narcotraficantes) para procurarse más poder y versen reconocidos en los cambios constitucionales. Esto significa estar ante el mayor de los males, y ello es, que nuestra unidad de derecho no permitió ni permite seguir evitando la tramitación violenta de los conflictos de intereses, pues, por un lado los sectores dominantes o clase dominante3, restringida a ciertas familias que históricamente tendieron a convertir en hereditario el poder político, consideran que nuestra Carta Política (1991) genera talanqueras a sus intereses (cuánto les incomoda el Estado Social de Derecho) pues el actual derecho restringe, de cierto modo, su poder de hecho, y los sectores al margen constitucional consideran que ésta no recoge su poder y no cambia en nada las prebendas para los sectores dominantes tradicionales. Ante tal disyuntiva no hay más opción que el conflicto total – guerra de exterminio - y que implica un no reconocimiento mutuo (del otro), ello se advierte en la violencia bruta y el empleo de un lenguaje peyorativo que descalifica de lleno al adversario político – precisamente no reconociéndolo como político -y que, por tanto, imposibilita cualquier tipo de acercamiento directo y de mediación internacional.

Así, aunque tenemos un esquema jurídico y un papel constitucional no pasan de ser formales, ello es, no real, pues: a. Para los por encima de la norma constitucional – sus “articulitos” - es una talanquera a su tradicional autonomía. La clase dominante es de hecho el micro-estado, esto es, ellos mandan en su región o sub-región, imponen su propia clientela en su misma administración, hacen su propia ley, sus negocios no tienen límite y generalmente lucrándose de lo público, no pagan impuesto – o sometidos a todo tipo de exenciones tributarias y a generosísimos subsidios a su actividad económica -, crean sus propios cuerpos de seguridad, hacen, en síntesis, lo que quieran (la ley es para los de ruana) b. Para los al margen de - grupos ilegales armados - consideran que la norma constitucional no tienen presente su poder real y las causas y/o proyectos que defienden.

Así, tenemos dos fracciones contra la Carta Política de 1991: a. La avanzada de los sectores dominantes consistente en modificar paso a paso, en cada legislatura, la Carta Política para llevarla al nivel esperado, ello es, dónde puedan hacer lo que les plazca a estas minorías, sin limitaciones de orden legal (¿Cuántas reformas constitucionales tenemos desde 1991? R/: 20) y ligado a las exigencias mundiales de la economía neoliberal – desregulación del Estado -. Así que los grupos dominantes no están dispuestos a dar razón de los cambios de 1991. En resumen, las contrarreformas en ningún momento pretenden institucionalizar el Estado o mejorar la gobernabilidad de las instituciones. b. La avanzada de los grupos ilegales armados – igualmente minorías - que sencillamente aplican su propia ley, que en muchas regiones es la válida pues es la real: Condenas a pena de muerte en masacres, asesinatos sumarios, desplazamiento forzado, pago de impuestos de guerra, etc., incluso crean sus códigos morales y de conducta (como por ejemplo, no tener pelo largo ni aretes los hombres, no llevar minifaldas ni escotes pronunciados las mujeres, etc.). En síntesis, la Carta Política en muchas regiones del país es letra muerta porque el derecho lo asumen los grupos armados ilegales.

Sin embargo, hay una fracción pro Constitución, que es el bloque que desea someterse al pacto constitucional, ellos son los sectores urbanos modernos – izquierda democrática, sindicatos de los sectores subalternos, nuevos movimientos sociales, modernas asociaciones de profesionales, movimientos feministas, homosexuales, nuevos movimientos religiosos, universitarios, etc.- que es la mayoría política en nuestro país. Este bloque piensa y cree que desde la actual Carta es posible resolver los conflictos de intereses y la tramitación por otros medios de la violencia porque ésta posibilita el reconocimiento, cabe la pluralidad, se expresan los principios modernos y permite la participación de nuevos sectores, además de que estimula una democracia participativa, y lo más importante, que impone limitaciones al poder político gracias al control constitucional de las leyes. Para éstos, lo que hace falta es llevarla a su práctica real y cabal, cuestión poco probable sino se asume el monopolio de la fuerza o de las armas, es decir la violencia de derecho.

Es precisamente en este

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