Estado De Hecho, Estado De Derecho

ESTADO DE DERECHO

Un estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado entorno de una constitución. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita.

En un estado de derecho las leyes organizan y fijan límites de derechos en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público.

Este se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustentos en la norma, es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.

Un ejemplo de ello es el ocurrido en Argentina entre 1983-1999:

LA REPUBLICA RESTAURADA

Marco histórico referencial:

En 1983, la crítica situación a la que ha llegado la Argentina a causa de los problemas acumulados desde el inicio de la dictadura permite ver como única salida la vuelta a la democracia.

En el electorado se produce una transformación, en la cual la dictadura tiene mucho que ver, pues con la desestructuración al sector popular, se han quebrado las ases de poder del peronismo. Además, la juventud se inclina por las propuestas moderadas y prefiere el mensaje radical. Esto catapulta la figura de Raúl Alfonsín, quien debe restablecer las instituciones democráticas, revisar el accionar de las Fuerzas Armadas y hacer frente a una grave crisis económica.

El impulso modernizador de la primera etapa de su gobierno no logra sobrevivir a una fuerte oposición. Los grupos económicos poderosos y los sectores corporativos empujan al Gobierno a una crisis terminal, por lo que se decide el traspaso adelantado del poder. Carlos Menem asume en condiciones que le permiten impulsar un neoliberalismo “sin anestesia”.

El sueño de Menem es percibido como el de los sueños “justicialistas”, pero las transformaciones que emprende tienen poco que ver con el peronismo clásico. La redistribución de ingresos y la política social, ejes del peronismo, no figuran en su plan de gobierno.

El rápido control del proceso inflacionario, la privatización y la apertura económica, producen un acelerado crecimiento económico desde 1991 hasta 1995, que disminuye en 1996 y 1997, y se estanca a partir de 1998.

Dentro de este período en materia de derechos humanos podemos destacar:

LA CONADEP

En Diciembre de 1983, y por iniciativa del radicalismo, se organizó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

Presidida por el escritor Ernesto Sábato, y con la participación de importantes figuras de distintos ámbitos del quehacer nacional, la comisión se encargó de presentar un informe que reunió los datos fundamentales sobre la represión ilegal ejercida durante la dictadura.

A partir de una frondosa investigación que significó recolectar declaraciones de parientes, sobrevivientes o testigos de los hechos, la comisión entregó al presidente Raúl Alfonsín un informe que llevó el nombre de Nunca Más.

Además de detallar las torturas y reconstruir muchas de las historias de los desaparecidos, el informe permitió identificar más de trescientos centros de detención a lo largo del país y se le demostró a la sociedad que la represión había tenido víctimas en todos los grupos, edades y sexos. Tomando como base este informe el Gobierno llevó a juicio a los miembros de las Juntas del Proceso de Reorganización Nacional.

LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

“La Constitución de 1853 fue un fiel reflejo del proyecto político que la elite impuso. En él, los Pueblos Indígenas no tenían cabida, situación que en los hechos devino en la implementación de políticas de exterminio lisa y llana y/o de integración violenta. Esa Constitución condenó de muerte a los Pueblos Indígenas y con ellos, a cada una de esas culturas…la Reforma de 199 es un punto de inflexión en esta materia, hay un cambio sustancial en la recepción de los derechos indígenas y en la interpretación y obligaciones del Estado frente a esta problemática específica.”

ESTADO DE HECHO

“De facto” es una locución latina, que significa literalmente “de hecho” esto es, sin reconocimiento jurídico, por la fuerza de los hechos.

Una situación de facto es aquella que, existiendo en la realidad, no ha sido reconocida formalmente, ya sea mediante los mecanismos legales vigentes por la autoridad competente.

Un caso habitual del uso de esta expresión es el de los gobiernos de facto. Un gobierno de facto lo es por haber tomado el poder tras un golpe de Estado como es el caso de las dictaduras. El gobierno de facto detenta y ejerce el poder con todos los mecanismos propios de un gobierno, pero no tiene legitimidad jurídica para ejercer dicho poder y los actos jurídicos para su proclamación, si los ha habido, no se ajustaron a la legalidad vigente en ese momento.

Su primer uso corresponde a una norma jurídica argentina de 1856 que definía los gobiernos ausentes de legitimidad constitucional como gobierno de facto.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Argentina entre 1976-1983

EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL

Marco histórico referencial:

Todos los golpes de Estado producidos en la Argentina desde 1930 cuentan con algún consenso en la sociedad civil y atropellan las libertades individuales de los ciudadanos. Sin embargo, la dictadura que se instala en la Argentina el 24 de Marzo de 1976, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” no tiene antecedentes respecto a la magnitud de las violaciones a los derechos humanos.

El proceso acalla la protesta social, anula la participación e impide la movilización. Con un accionar clandestino que tiene por objetivo sembrar el terror en la sociedad, todos se sienten amenazados y surge una cultura del miedo. El temor impone la autocensura, la desconfianza y el refugio en la vida privada. La censura de los medios de comunicación, la prohibición de ciertas manifestaciones culturales, la vigilancia sobre la educación y el exilio de intelectuales y dirigentes dejan sin respuestas a la sociedad. El Gobierno no solo cuenta con este consentimiento basado en el miedo o la indiferencia de un amplio sector de la población, sino también con el apoyo de las grandes organizaciones empresariales. La metodología empleada consiste en el secuestro de las victimas por “grupos de tareas” de militares, policías y civiles; la tortura para extraer

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