Evolución de la regulación en la contratación estatal

Evolución de la regulación en la contratación estatal

“Los contratos Estatales son definidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, como todo acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública, cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo” (UNAD)

Antes de la constitución de 1986 existía una libertad en la contratos realizados con los particulares, pero de alguna manera Colombia a normatizado las contrataciones, siendo inicio el código fiscal de 1912 (Ley 110 de 1912, artículos 9 y 13) y en la ley 61 de 1921 y 106 de 1931, se da obligatoriedad de licitaciones (Rocio & Gualdron, 2009)

Por su parte con la ley 4 de 1964 se reglamentó la contratación de los contratos en la obra pública, permitiendo de esta forma ubicarlos en diferentes categorías y de esta manera con la ley 36 de 1966 se obliga a que la obra debe empezar con el contrato especifico, explicando los objetivos, costos y plazos de la obra (Rocio & Gualdron, 2009); permitiendo con lo anterior dar un orden y una organización en la ejecución de las obras contratadas.

La ley 28 de 1976 le otorgó al gobierno las facultades para la regulación del tema contractual, consiguiendo con el decreto-ley 150 de 1976 regular los elementos de un contrato, como la clasificación, tipo de cláusulas, la capacidad de estos, la revisión de precios, dando mayor control a los contratos que se dan y se van ejecutando en el país (Prada, 2014).

Entre los años de 1976 a 1983 se definen nuevos principios de contratos administrativos y se concede facultades al presidente de la república para reforma el régimen de contratación previsto en la ley 150 de 1976 y enseguida se dio autonomía de los departamentos u municipios para la adjudicación de los contratos que se celebren y las cláusulas de las mismas conforme a sus intereses y necesidades del servicio. (Rocio & Gualdron, 2009)

En la ley 80 de 1993 se llega a una de las regulaciones más importantes en la historia y con esta se definen términos como “entidad estatal”, se generaliza contratos con “contratos estatales”, se da mayor importancia al concepto de servicio público, se permite un equilibrio financiero por medio de la financiación del contrato y la ecuación contractual, mayor énfasis en la licitación o concurso público para seleccionar los contratistas de alguna obra que se desea ejecutar, se da un Registro Único de Proponentes el cual es regulado por medio de las cámaras de comercio del país en los municipios de este (Prada, 2014).

“Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Su objeto, disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales, planteo de forma concreta las herramientas necesarias para la adecuada gestión contractual pública, su principal base son los objetivos en eficiencia y transparencia, circunstancias que a raíz de la tramitología del proceso de adjudicación, hizo menos transparente y menos eficiente dicho proceso. De esta forma se debe reconocer que esta Ley, presentó debilidades y vacíos en materia de lucha contra la corrupción y pactos indebidos” (Pinto, 2014).

El decreto 679 de 1994 reglamento la ley anterior en aspectos como la seriedad

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