FORMULO OPOSICIÓN A PRISIÓN PREVENTIVA

                                FORMULO OPOSICIÓN A PRISIÓN PREVENTIVA

SR FISCAL DE INSTRUCCIÓN 

DANIELA SPAINI, abogada, con domicilio legal constituido en calle Chacabuco n° 245 y en el carácter que acredito en autos caratulado: ARCO, Pedro s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA (art 173 inc.7 C.P) Expte 1234/Año 2018, con el debido respeto me presento y digo:

        -OBJETO:

        Vengo por el presente a oponerme a la prisión preventiva dispuesta respecto de mi defendido Pedro Arco.

        El Sr. Fiscal de Instrucción dispuso la prisión preventiva fundando su decisión en que, conforme a la prueba colectada hasta el momento, se encuentra acreditado con grado de probabilidad, la existencia del hecho y la responsabilidad de mi defendido en la comisión del hecho delictivo.

Mi defendido como toda otra persona que se encuentre dentro de un proceso judicial debe ser tratado como inocente, la obligación de respetar este status jurídico surge del art 18 de la Constitución Nacional y de diversos Instrumentos Internacionales, “Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 11.1”; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 14.2”; Convención Americana de Derechos Humanos Art. 8.2”, y requiere que toda persona sea considerada inocente hasta tanto no se obtenga el pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme que destruya el estado jurídico de inocencia que el ordenamiento jurídico reconoce a todos los seres humanos.

        Considero como único fundamento para aplicar esta medida cautelar de la prisión preventiva es evitar la frustración de los fines del proceso, esto es: evitar que intente evadirse del accionar de la justicia o entorpezca la investigación. La privación de la libertad se utiliza para garantizar "la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal" (Vélez Mariconde, Derecho procesal penal, t. II, p. 475.)

         La doctrina enseña el carácter excepcional de esta medida, así Cafferata Nores, sostiene que debe existir extrema necesidad de evitar riesgos procesales, y que ello es la única razón que permite justificar el encarcelamiento preventivo, de modo que ante la inexistencia de tales riesgos o, si existiendo, hay otra forma de neutralizarlos, aplicar prisión preventiva devendría injustificado frente al sistema constitucional.(Cafferata Nores, José Ignacio, Proceso penal y derechos humanos: la influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino, 2ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed., Del Puerto, 2011, pp. 221 y 222.)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que la prisión preventiva “Se trata de una medida necesariamente excepcional en vista del derecho preminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías de debido proceso legal, incluido el derecho a la defensa”.

Estos lineamientos trazados por la doctrina fueron receptados por la jurisprudencia: “La regla general de libertad durante la tramitación del proceso encuentra fundados límites en cuanto se la pone en relación con los fines propios del proceso penal, enderezados a la averiguación de la verdad, la recolección y conservación de los elementos de prueba pertinentes evitando que el imputado los haga desaparecer o de otro modo los modifique en su carácter incriminante o, directamente, se de a la fuga a fin de evitar el cumplimiento de una eventual sanción. […] Sentado lo expuesto, quizá resulte oportuno insistir en que el encierro cautelar de una persona sometida a enjuiciamiento penal constituye –en el esquema constitucional argentino– una medida de carácter excepcional, y conforme a dicha excepcionalidad debe razonarse el instituto (artículos 14, 18, 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, 9. 3 del PIDCP)” (Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Sala II– V., E. D., causa Nº 35.094, 14/5/2009. Voto del juez Mahiques)

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