Gobernabilidad Democratica

Ensayo

DEMOCRACIA Y SU GOBERNABILIDAD

Igualdad y libertad como elementos definitorios de la ciudadanía, en este sentido, no solamente son conceptos que se retroalimentan en la propia teoría, sino que refieren también a las situaciones concretas del mundo-de-vida de los seres humanos. En esta perspectiva, el régimen democrático de una sociedad está indisolublemente ligado a la existencia de un cierto grado de bienestar material para todos sus miembros, generado por un adecuado funcionamiento de su economía.

Ahora bien, la gobernabilidad, así a secas, es un concepto que hace referencia a un conjunto de condiciones “técnicas” del sistema político que media entre la sociedad y el Estado: un poder ejecutivo con un proyecto (malo o bueno) para el presente y futuro y con capacidad de articular canales para tomar decisiones, una burocracia que sabe traducirlas mediante el empleo de las reglas de la racionalidad formal que la caracterizan, una fuerza pública que (a) protege el territorio para asegurar la seguridad externa y (b) ejerce el monopolio del uso de la violencia para garantizar la seguridad interna. Como se podrá apreciar, la gobernabilidad no está condicionada a que el sistema político sea una democracia; en América Latina tenemos amplios ejemplos de sociedades que durante décadas fueron gobernadas por dictaduras militares o cívico-militares, para muestra un botón nuestra patria recuérdese Guatemala desde 1954) hasta mediados y fines de los 80, lo cual demuestra que son gobernables. La gobernabilidad democrática implica, además de las condiciones técnicas, el control del poder ejecutivo por el legislativo y de este último por los ciudadanos, la posibilidad de la alternación de los que conforman los poderes ejecutivo y legislativo, por ende necesariamente la realización periódica de elecciones y eventualmente la existencia de otras formas de participación como refrenda y plebiscitos, la plena vigencia de los derechos políticos y sociales, la conciencia colectiva en torno a la necesidad de la existencia simultánea de reglas formales y condiciones sustantivas, esto es: las condiciones materiales de igualdad y equidad aludidas antes, la adecuación entre medios y fines en el ejercicio de la violencia física por parte del Estado, etc.

Para Guatemala, de manera específica, el replanteamiento y redefinición de las relaciones entre la sociedad, el Estado y el ejército inició en los años 80 “con la decisión de la institución armada de replegarse del ejercicio directo de la función de gobierno y establecer las bases para la liberalización del sistema político, pero sin renunciar a su intervención en áreas críticas de la política del Estado.

Sin embargo cada sociedad tiene sus propias condiciones de gobernabilidad democrática. Las sociedades de nuestra Guatemala se ha exhibido frecuentemente, cuando en ellas el régimen político ha sido democrático, severos déficits en cuanto a las condiciones no técnicas de la gobernabilidad democrática, y todavía los presentan, lo cual hace que la amenaza a su legitimación sea particularmente permanente y significativa.

Las Naciones Unidas sostienen que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en de decisiones en las cuestiones que afectan sus derechos. Por ejemplo el evitar que sus suelos sean explotados ya que el crecimiento de las grandes naciones pro medio de la industrialización y no de la auto explotación El Convenio 169 de la OIT, plantea que la participación política se produce, tanto en las propias instituciones como en las relaciones con los Estados, de ahí que el artículo 5, resalta que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

El énfasis que el PNUD otorga al concepto de gobernabilidad democrática

Incluye la participación ciudadana, el combate a la corrupción, la transparencia, la legitimidad del sistema político y la rendición de cuentas.

En cuanto a pobreza

Las sociedades de América Latina y el Caribe tienen una larga historia de pobreza masiva, la cual se remonta a los tiempos de su primera modernización a raíz del logro de su independencia política a comienzos del siglo XIX.

La pobreza es para unos, explícita o implícitamente, el resultado de la incapacidad de sociedades enteras (y de los individuos que las conforman) de enfrentar con éxito las transformaciones que resultan de la globalización y que desaparecerá en la medida en que tales cambios alcancen las culturas sociales y las mentalidades individuales y las guíen hacia la competitividad o en que sus efectos benéficos lleguen a todos los sectores, grupos y clases y los individuos que los conforman.

Para otros, la pobreza no es ninguna novedad sino una característica específica del funcionamiento del sistema histórico vigente, la cual se ha hecho más extendida en la actualidad por la acción especialmente concentradora que dicho funcionamiento tiene hoy día. En consecuencia, los unos creen en la posibilidad de "erradicar la pobreza", los otros en la necesidad de que los pobres se concienticen, se organicen en estructuras (productivas y laborales) incluso una lucha contra el propio sistema y sus propios principios.

Guatemala. Nuestro país posee uno de los mayores porcentajes de pobreza extrema a escala mundial.

El 27 por ciento de la población percibe ingresos menores a un dólar por día. Así pues, casi 3 millones de guatemaltecos viven en extrema pobreza. Por otra parte, un 57 por ciento se halla en pobreza, según el último estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las principales causas son la falta de acceso y/o carencia de los recursos que satisfagan las necesidades básicas, lo cual incide en el nivel y calidad de vida. Esto incluye alimentación, vivienda, educación, salud, infraestructura y agua potable.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que Guatemala tiene uno de los más altos índices de desnutrición infantil, pues el 54.5% de niños la padece.

A lo anterior, se suma para el caso de Guatemala, que el modelo de Estado es profundamente desigual, basado en principios asimétricos y verticales que fomentan y promueven prácticas racistas, de discriminación y subordinación.

Se agrega, también, la inequidad y la discriminación (por pertenencia de género, etc.), pese a que existen esfuerzos diversos para atajar estos problemas, tales como los marcos regulatorios y normativos expresados en leyes y acuerdos ejecutivos y legislativos, en materia de los temas mencionados.

Debería

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