Informe Sobre El Gobierno De Marcos Perez Jimenez

Marcos Pérez Jiménez 1953- 1958

El Gobierno de Marcos Pérez Jiménez que duro cinco años, entre el 2 de diciembre de 1952 y el 23 de enero de 1958, se caracterizo por ser un régimen de tipo personalista y dictatorial, en el que los abundantes ingresos del fisco se utilizaron principalmente en la ejecución de un amplio programa de obras publicas, así como en la dotación de los recursos necesarios a las fuerzas policiales y militares que le permitieran mantenerlo en el poder. Esto ultimo lo logro mediante la represión de las actividades políticas y sindicales, por una parte, y a través de la persecución y encarcelamiento de sus adversarios, por la otra.Durante el Gobierno de Marcos Jiménez los ingresos fiscales se duplicaron al pasar de Bs.: 2.534 millones en 1953, a Bs. 5.405 millones en 1957, por el hecho de haber aumentado en mas del doble los ingresos procedentes de la industria petrolera, llegando a representar los mismos el 71% de los ingresos fiscales en 1957. De estos cuantiosos recursos que el país recibió en esa época, mas de la mitad fueron destinadas a los gastos de seguridad y defensa del régimen dictatorial, y a la construcción de obras publicas.

Durante la Dictadura Pérez Jimenista la economía mecanizo las actividades agrícolas provocándose. un crecimiento favorablemente de las actividades agrícolas e industriales , al mismo tiempo que se expandido el mercado interno. Esto ultimo se logro principalmente por el considerable aumento de las inversiones publicas y privadas, aunque desde el punto de vista social los resultados obtenidos no fueron halagadores, sobre todo por el incremento de la migración del campo a las ciudades que la Motivada por un aumento de la demanda mundial del hidrocarburos, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la producción petrolera de Venezuela se duplico entre los años 1945 y 1951.

Por su parte, la cantidad de barriles de petróleo extraídos durante el Gobierno de Pérez Jiménez, siguió la tendencia alcista, al pasar de 1,8 millones de barriles diarios en 1957. Esto se tradujo en un aumento considerable de las exportaciones, así como en un sustancial incremento de los ingresos fiscales, los cuales se canalizaron de nuevo a la economía a través del gasto publico. Durante el régimen Pérez jimenista, específicamente en los años 1956 y 1957, se otorgaron nuevas concesiones a las compañías petroleras internacionales, de acuerdo a la ley de Hidrocarburos de 1943.

Según este instrumento legal las empresas que recibían concesiones tenían derecho a explotar durante cuarenta años los recursos de hidrocarburos que se encontraron en el área asignada, pagándole al Estado unos impuestos especiales, aparte del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtuvieron la empresa concesionaria.

A los efectos de dar a conocer la forma como se otorgarían las nuevas concesiones petroleras, el Ministro de Minas e Hidrocarburos Edmundo Luongo Cabello convoco una reunión del Consejos Superior de la Producción, en la que participaron representantes de los diversos sectores económicos y de la prensa. Comenzó su exposición el Ministro Luongo Cabello, señalando en esa reunión realizada el 11 de enero de 1956, las razones técnicas y económicas que sustentaban la decisión del Ejecutivo Nacional en cuanto al otorgamiento de nuevas concesiones. En ese sentido destaco que a través de esta política se podría mantener a la industria petrolera nacional en la jerarquía mundial que tenia para ese momento, al mismo tiempo que se aumentarían las reservas probadas de hidrocarburos por las nuevas exploraciones que hicieran las compañías concesionarias, ya que al ritmo de producción de la época las reservas petroleras del país duraban menos de catorce años.

Por otra parte, el Ministro Loungo evalúo la participación que había tenido el Estado en los beneficios originados por la explotación de hidrocarburos durante el lapso 1943-1954, indicando que se habían recibido Bs. 12.300 millones, mientras que la utilidad neta de la industria en ese lapso había ascendido a Bs. 9.700 millones, lo que representaban un 56% para el gobierno y un 44% para las compañías petroleras, superando la relación 50-50 que había estipulado la reforma petrolera de la Junta Revolucionaria de Gobierno

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