Informe del ciclo de conferencia de petróleo y gas natural.

LOS CAMBIOS SOCIALES A LA LUZ DE LA DESIGUALDAD ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.

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Nombres:

Ana Armijo I.

Tahia Monjes N.

Santiago, 25 de Agosto del 2016.

Introducción.

El presente ensayo nace a la luz de la desigualdad y abanico de diferencias que se presentan en el sector público  y privado, como consecuencia de un proceso de reforma estatal, partiendo de la premisa que hay grupos marginados “marginalidad significa, en esencia, estar “separado de”, “cortado de”, “a la orilla de”, “aparte de”. Situación en la que un individuo o un grupo quedan excluidos de un determinado sector de la convivencia social”^[1], por lo que el Estado crea el sector público con el objetivo de conseguir la equidad en estos grupos, ya que esto permitiría ir tras ella  con costos menores en términos de eficiencia, y con esto mejoran la de la política pública (véase Tanzi, 1998b). La exclusión social de tipo económica la sufren las personas que no cuentan con los suficientes elementos para optar por una vida digna, son personas en situación de pobreza extrema que se encuentran en un estado de carencia, las cuales no han potenciado sus capacidades para revertir esta situación, o no han tenido oportunidades suficientes para ello, muchas veces esto es un círculo vicioso ya que por lo general las personas imbuidas en esta condición carente de recursos monetarios viven en lugares con personas que presentan las mismas características “se ha producido, la segregación espacial que diferencia entre comunas ricas, de clase media, marginales o pobres” ^[2].  Se tiende a clasificar a las personas por el lugar donde viven, donde estudiaron,  sus amistades, vestimenta, entre otros, por ejemplo un caso específico son los pobladores de la Legua los cuales son enjuiciados por el simple hecho de habitar allí, y por actos que cometen algunos, se generaliza y se los ve a todos como delincuentes o traficantes, lo que limita las posibilidades de los individuos que pretenden surgir, cambiar su situación ya que la sociedad limita sus oportunidades. “la exclusión implica también la impronta de fuertes construcciones desde lo simbólico sobre los sujetos más desposeídos, y esta circunstancia trae nuevas formas de estigmatización y construcción de “etiquetas sociales” a grupos y comunidades”^[3].

Desde este contexto el papel del Estado ha evolucionado con el tiempo y en forma diferente en distintos países (véase Van Creveld, 1999), debido en parte a visiones cambiantes o distintas de ese papel y a la evolución de las tecnologías que afectan las posibilidades de acción estatal, donde la eficiencia del sector público debe valorarse a la luz de los objetivos y prioridades del gobierno en una coyuntura dada, desde la premisa de este escrito el objetivo final sería erradicar la exclusión social, con medidas concretas, con un sector público, con la menor distorsión posible del mercado, con la carga tributaria más baja posible sobre los contribuyentes, con el menor número posible de empleados públicos y con la menor absorción posible de recursos económicos por el aparato público, y los procesos y resultados deben ser transparentes.. Estos objetivos pueden variar en función de las necesidades actuales de un país en particular y a veces pueden incluso entrar en conflicto unos con otros. El Estado cumple su papel poniendo en juego una serie de reglamentos, leyes e instituciones que conforman el sector público. Cuanto más alta sea la calidad de este sector, tanto más fácil le será al Estado cumplir su cometido. La calidad del sector público se define aquí como la característica que le permite alcanzar sus objetivos en la forma más eficiente posible. Aunque es difícil separar ambos conceptos, la calidad del sector público no coincide necesariamente con la calidad de la política económica. Por lo tanto, hay que distinguir entre la calidad del sector público y la calidad de las políticas que un gobierno determinado pueda estar aplicando en determinada coyuntura. Un sector de elevada calidad es simplemente el instrumento que facilita la formulación y ejecución de las políticas gubernamentales. Un buen sector público ayuda al gobierno a llevar adelante buenas políticas.  

En Chile existen más de 14.5% de la población total de personas que están por sobre la línea de la pobreza, ya que en estricto rigor reciben $72.098 de ingreso per cápita por persona, sin considerar los factores de riesgo que los rodea y hace precaria su calidad de vida, mientras que 3.000.000 están por debajo de la línea de pobreza ya que no pueden costear sus necesidades básicas con un ingreso per cápita inferior a $72.098 por lo que se les asignan beneficios estatales, paupérrimos e indignos por lo demás, dando por hecho que esto soluciona sus vidas y se cumplen las metas de las políticas públicas y gobierno de turno, las estadísticas dejan conforme a lo que ellos estipulan que es superación de la pobreza y desarrollo sustentable para todos los chilenas y chilenos que habitamos esta larga y estrecha franja de tierra. Paradójicamente detrás de estas cifras donde se nos dice que somos un país bien encaminado en las medidas adoptadas para disminuir la cantidad de "pobres", se esconde esta dura realidad que nos dice que algo no concuerda entre lo que dicen las cifras y lo que viven millones de ciudadanos hoy en día, que pese a tener un trabajo estable, o una pensión estatal que lo hace no ser "pobre", vive en condiciones míseras, en entornos hacinados, contaminados y como si fuese poco con una infinidad de créditos que pagar, porque su sueldo solo alcanza para suplir necesidades alimenticias, pero no otras necesidades que son imprescindibles para sobrevivir, como lo son la educación, transporte, salud, vestuario, entre otros.

Bajo esta lógica, cabe preguntarse:

¿El sector público está siendo realmente eficaz?

En Chile la percepción de la ciudadanía respecto a las desigualdades sociales no es muy alentadora, según cifras entregadas por el PNUD (2002) “la mitad de los chilenos entrevistados afirma que “las desigualdades sociales siempre han existido y seguirán existiendo”, lo que puede ser interpretado como una naturalización de lo social como fenómeno natural ajeno a la voluntad humana”^[4]. 

Se percibe que en el país existe una naturalización de las desigualdades “en el discurso neoliberal, los conflictos, se afirma, se han resuelto; lo que ha quedado en pie es lo único posible y frente a ello, pareciera, sólo valen las miradas cómplices, ninguna mirada alternativa. Así, se naturalizan las desigualdades, se las expropia de su carácter histórico y social”^[5]. “Se generan innumerables mecanismos de invisibilidad de la exclusión social, según los cuales parece reafirmarse la “no existencia” de los excluidos sociales. Estos mecanismos abarcan desde la vida cotidiana, en la cual se podría afirmar que “se ve” la exclusión pero que no se la registra, hasta expresiones estadísticas^[6]”. Se interpreta como un fenómeno ajeno a la voluntad humana, como si una solución posible estuviese fuera del alcance del hombre. No es posible entregar recetas universalmente validas cuando se enfrentan grandes diferencias en la historia institucional de cada país, el estado de desarrollo de las políticas sociales y las prioridades que deben atender, la extensión de la organización social alcanzada, las limitaciones financieras, la capacitación del personal ocupado con el Estado, el grado de descentralización de la actividad pública, la importancia de los grupos privados que intervienen en la acción social y el grado de compromiso de la sociedad civil. Sin embargo, existen consideraciones de carácter general que pueden servir para orientar los cambios, cada vez más necesarios, que deberían introducirse con la institucionalidad responsable de formular y ejecutar las políticas sociales en los países de la región. En primer lugar, es preciso reconocer que el Estado ha perdido importancia como actor económico, que el sector privado tiene mayor responsabilidad en el crecimiento, que las economías están en proceso de apertura al exterior y que el mercado es el instrumento más importante en la asignación de los recursos. Si se acepta que el mundo se torna cada vez más competitivo y exigente, es necesario preguntarse cómo se puede equilibrar la eficiencia que exige la competencia con la mayor equidad que exige la justicia. No cabe duda que en los países en desarrollo no sólo se dan grandes diferencias en la distribución del ingreso, sino también en las oportunidades que se presentan a las personas para su propio desarrollo, y a las empresas de menor tamaño para enfrentar la competencia. En este campo, el Estado tiene la mayor responsabilidad, por lo que sería muy conveniente efectuar una revisión de su organización actual con el fin de examinar si es la adecuada para cumplir una función que no sólo es trascendente desde el punto de vista moral, sino también para la propia capacidad competitiva del país (Molina, S. 167).

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