Juicios Orales

Antecedentes

El sistema penal acusatorio y oral tiene raíces políticas en la antigua Grecia. Se nutrió de la filosofía de la ilustración: los derechos del hombre como límites del poder absoluto del Estado, de la autoridad excluyente de las iglesias y de los privilegios políticos y sociales existentes. También de la filosofía del liberalismo inglés.

Ideologías que influyeron en las colonias de España, entre ellas la llamada Nueva España, hoy México. Sin embargo, en nuestras Constituciones de 1824, 1836 y 1857, por la influencia de la cultura jurídica española, permaneció un sistema penal inquisitivo que permitía el abuso de poder.

Venustiano Carranza en su proyecto de Constitución de 1917, sentó las bases para desarrollar otro sistema penal, el acusatorio.

Pero desde que la Suprema Corte de Justicia empezó a interpretar la Constitución de 1917, aunado al hecho de que la legislación procesal penal federal y local se plegó a dichas interpretaciones, se consolidó y operó un sistema penal mixto (inquisitivo y acusatorio), en el que el ministerio público realizó funciones de juez (decidía si enviaba a alguna persona con la autoridad judicial para que fuera procesado, sin que nadie lo controlara; recababa medios de prueba, los admitía y desahogaba, para decidir si ejercitaba o no la acción penal; iniciado un proceso podía terminarlo anticipadamente con desistirse de la acción penal).

Este sistema penal mixto se corrompió y entró en crisis desde hace muchos años. La sociedad reclamó la opción del sistema penal acusatorio. Así nació la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008. Busca atender la frustración por la justicia y el interés por perfeccionar los sistemas jurídicos.

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