LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA DE 1991

NSAYO SOBRE REGALÍAS, UNA REFORMA CONSTITUCIONAL NECESARIA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL GOBIERNO[1] EN CONSONANCIA CON LA LECTURA DE GARCÍA L. NELSON Y ALMONACID S. JUAN J DENOMINADA “LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA DE 1991; INSTRUMENTO JURÍDICO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA”

El gobierno Colombiano en la legislatura pasada[1] ha promovido por medio de proyectos legislativos en ejercicio de sus atribuciones constitucionales cambios drásticos y relevantes en el modelo económico colombiano, tal es el caso del proyecto de acto legislativo de reforma a las regalías[2]. Corresponde para este ensayo analizar la consonancia que tienen este proyecto legislativo con la lectura denominada “La constitución económica de 1991; instrumento jurídico para la democratización de la economía colombiana” de los autores Garcia L. Nelson y Almonacid S. Juan J[3]. Y la voluntad expresada en la asamblea nacional constituyente por parte de los constituyentes en cuanto a la intervención del estado en el modelo económico[4] se refiere.

La constitución política de Colombia consagra en el artículo 334, que la dirección general de la economía estará a cargo del estado. Y que este por estar a cargo intervendrá en la explotación de los recursos naturales, obsérvese que dicha facultad no es per se una acto voluntario sino un mandato constitucional por el cual la administración no puede abstenerse de cumplirlo, debido a del texto mismo de la constitución se puede concluir que el constituyente ve en los recursos naturales una fuente de ingresos notables para el que uno de los principales medios para adquirir recursos para las finanzas publicas. En este mismo artículo el constituyente también da el mandato de que el estado colombiano de manera especial intervenga en la economía con el fin, además de otros; de promover el desarrollo armónico de las regiones.

En el modelo económico colombiano la intervención del Estado en la economía obedece principalmente a garantizar el bienestar social y la justicia material a razón de actuar contra la desigualdad.

En lo concerniente al acto legislativo de reforma a las regalías[5] el Gobierno Nacional busca que se adopten nuevas medidas para la buena y eficiente administración de estos recursos no como mandato legal sino como mandato constitucional. Para ello propone que se apliquen en las regalías los principios de ahorro, equidad, competitividad y buen gobierno[6]. Principios propios de un estado social de derecho los cuales están fehacientemente en consonancia con lo propuesto por la asamblea nacional constituyente sobre el régimen económico en cuanto al papel de intervención del estado “en el texto recomendado se señalan como objetivos generales y últimos de la intervención estatal, los de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un medio ambiente sano” [7] a su vez también son consecuentes con el postulado realizado por los autores García y Almonacid; ya que ellos manifiestan que indudablemente el estado colombiano avanza a una economía social de mercado, los autores dicen que:

“Colombia no solo tiene una economía que esta direccionada exclusivamente por la prevalencia del individualismo, el interés privado, las exigencias técnicas del mercado, los postulados neoliberales a ultranza o la avidez por el lucro, sino que toma como eje de su funcionamiento la superación de las desigualdad social existente y el logro efectivo del bienestar social”[8]

En definitiva Los argumentos generales por parte del ejecutivo en cuanto a la distribución de las regalías, se esgrimen en el auge en hallazgos y la explotación en acenso de los recursos no renovables y que debido a esta explotación, se están generando ingresos fiscales bastante considerables. Los cuales a la fecha por orden constitucional son girados por la nación a los entes territoriales. Dicho mandato constitucional esta desarrollado en las leyes 141 de 1994[9] y 756 de 2002[10]; estas determinan los porcentajes de las regalías que se pagan a los entes territoriales productores y al fondo nacional de regalías y como se observa en la exposición de motivos[11] los dineros por concepto de regalías por parte de las entidades territoriales han sido en su gran mayoría dilapidados y además de ello con el modelo constitucional actual referente a regalías no se está aplicando el deber que el Estado tiene de propender por el desarrollo armónico de las regiones, debido a que muchas de las regiones colombianas perciben gran cantidad de dinero por concepto de regalías y otras no, para ello el ejecutivo manifiesta que los dineros percibidos por concepto de regalías deben ser bien administrados y repartidos equitativamente. El argumento medular por parte del ejecutivo[12] es dotar de derechos y plenas facultades al Estado Colombiano, en la participación de la explotación de los recursos naturales no renovables a través de las regalías y las compensaciones. Además de la eliminación del fondo nacional de regalías y la creación del sistema general de regalías.

El artículo modificatorio del 360[13] de la Constitución propuesto en el acto legislativo presentado por el Gobierno introduce unas reformas sutiles y precisas que lo hacen diferente a su predecesor. Es sutil al erogar al Ejecutivo el derecho absoluto de presentar iniciativa legislativa referente a este tema, abstrayendo del todo a los demás sujetos que están facultados para presentar proyectos ley. Además consagra detalladamente

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