La Desigualdad Social De Latinoamérica.

El acceso a ingresos monetarios y a servicios sociales públicos es una de las llaves para la igualación social y económica –la otra gran llave tiene que ver con la reducción de la concentración de la renta entre los más ricos, que es mayor en nuestra región que en ninguna otra parte del mundo–. A lo largo y ancho de América latina, una desigualdad socioeconómica de muy larga data en buena medida refleja insuficiente trabajo formal e inadecuados servicios sociales.

Durante la última década, los países sudamericanos se han beneficiado de altas tasas de crecimiento y diversos gobiernos progresistas han ensayado numerosas innovaciones de política pública que buscan hacer un mejor uso de dicho crecimiento. A continuación reflexionamos acerca de cuán positivos y cuán sostenibles han sido los cambios, así como sobre cuáles son algunos de los retos para profundizarlos.

Doble incorporación, social y de mercado

En economías de mercado, cualquier esfuerzo por superar la desigualdad de manera sostenible requiere mejorar la participación de las personas en el mercado laboral. Ello supone que exista un número suficiente de trabajos formales, tanto públicos como privados, con protección social y una adecuada remuneración. A esta forma ideal de participación en el mercado laboral la llamamos incorporación de mercado.

La incorporación de mercado es, sin embargo, condición insuficiente para reducir la desigualdad. Primero, la expansión rápida de trabajo formal puede ocurrir junto a un crecimiento aún más rápido de las ganancias de las empresas y de los salarios de quienes tienen mayores cualificaciones, con lo cual la desigualdad aumenta.

Segundo, la dependencia exclusiva del salario para hacer frente a todos los problemas expone a las personas a riesgos impredecibles (como los accidentes y las enfermedades) y a riesgos difíciles de afrontar de manera individual (como el envejecimiento y la discapacidad). Ello conduce a quiebres de ingreso y al deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la población, tanto pobres como no.

Tercero, y directamente relacionado a lo anterior, la mayoría de la población está imposibilitada de pagar privadamente una educación y una salud de calidad. Si nuestras sociedades no son capaces de garantizar esta clase de servicios para todas las personas, el bienestar social será insuficiente y la desigualdad no sólo de ingresos sino también de oportunidades tenderá a perpetuarse a lo largo del tiempo.

En suma, para alcanzar mayor igualdad social, además de una adecuada incorporación de mercado se requiere de una adecuada incorporación social, es decir que el bienestar de las personas sea en alguna medida independiente del nexo monetario. La incorporación social descansa en la existencia de transferencias monetarias (como las pensiones o los seguros de desempleo), así como de servicios públicos (como los de salud y educación).

Las mujeres, particularmente las de menores ingresos, son quienes se ven particularmente afectadas por la ausencia de adecuados servicios sociales. El trabajo no remunerado femenino compensa la falta de estos servicios, inhibiendo la participación de las mujeres en el mercado laboral formal o forzando interrupciones recurrentes, lo cual a su vez acentúa las desigualdades socioeconómicas y de género. Esta falta de servicios incrementa también las brechas de género entre trabajadoras altamente calificadas pero subutilizadas y sus homólogos masculinos.

Incorporación y políticas públicas

La política económica en su conjunto, desde la política monetaria hasta la política fiscal, incide, tanto positiva como negativamente, en la incorporación de mercado. Por ejemplo, si las decisiones monetarias priorizan el control de la inflación, las tasas de interés pueden ser muy altas y la inversión y el crecimiento del empleo muy bajos. Si los recursos fiscales acompañan el ciclo económico, habrá largos periodos de tiempo en los cuales la inversión y las decisiones de generación de empleo serán insuficientes para la incorporación de mercado. Sin embargo, asegurar la incorporación de mercado a largo plazo finalmente depende de que los países sean capaces de contar con nuevos sectores capaces de ofrecer muchos y buenos trabajos, así como de mejorar los ya existentes, particularmente en materia de servicios y de servicios sociales.

Las políticas relevantes para la incorporación social pueden incluir un conjunto amplio de medidas redistributivas, desde la creación de infraestructura en agua potable o en servicios de salud, hasta políticas sectoriales que crean puestos de trabajo socialmente protegidos. Son particularmente relevantes las políticas sociales, ya sean universales, contributivas o focalizadas.

Las políticas sociales universales tenderán a ser especialmente efectivas por al menos tres razones. Primero, porque personas de todos los niveles de ingresos y características personales comparten un trato similar basado en su condición de ciudadanos/as. Segundo, porque es más probable que la clase media apoye servicios de los cuales se benefician y que, al beneficiarse, ponga su voz al servicio de sectores de la población con menores recursos de poder. Tercero, esta confluencia de intereses entre sectores socioeconómicos contribuye a ampliar tanto el acceso como la calidad de la política pública, creando así círculos virtuosos de incorporación social.

La esquiva doble incorporación

En el pasado, el que ningún país de América Latina excepto Costa Rica fuera exitoso en lograr simultáneamente la incorporación de mercado y la incorporación social, contribuyó a hacer de la región la más desigual del planeta. Antes de 1980, la cantidad de trabajo formal era incapaz de absorber la creciente oferta de fuerza de trabajo urbana. Los regímenes contributivos crearon esquemas fragmentados según ocupaciones y restringidos al empleo formal. En el mejor de los casos, la seguridad social conllevó lo que Filgueira define como “universalismo estratificado”.

El Consenso de Washington anunció la expansión de las oportunidades laborales mediante la liberalización del comercio, la promoción de la inversión extranjera directa y la desregulación de la economía. Estas reformas, indicaron sus promotores, incrementarían la inversión y, con ella, la creación de buenos empleos. A la vez, la privatización, la descentralización y la focalización de los programas sociales reducirían las desigualdades de acceso a la protección social. Los resultados fueron decepcionantes, tanto para la incorporación de mercado (porque se redujo la creación de buenos empleos y aumentó la informalidad) como para la incorporación social

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