La Fiscalización Superior En Mexico

“LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS”

Muchos cambios hemos vivido en nuestro devenir histórico, pero muchos más deberemos realizar, modificando las leyes para fortalecer nuestras instituciones. En un país democrático, el Derecho debe ser el camino para el cambio de las realidades.

De igual forma, un sistema democrático es impensable si no involucra mecanismos institucionales, transparentes, oportunos y confiables de rendición de cuentas.

En la Administración Pública de México, ha sido el Poder Ejecutivo el que ha diseñado y estructurado los espacios institucionales del control interno, como un elemento fundamental en la rendición de cuentas de la gestión pública.

Con esta perspectiva y bajo las mismas características, se han establecido los mecanismos de control interno en las entidades federativas del país, aunque con mucho menores posibilidades en los niveles de la gestión municipal.

Complementariamente, para dar contenido a la división de Poderes, el esquema previsto reservó al Congreso de la Unión la facultad de la revisión del gasto público y la sanción final a la aplicación de los recursos. Esta función de control externo, realizada por el Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es la que hoy conocemos como fiscalización superior.

Las actividades de la fiscalización superior están firmemente vinculadas en nuestro país a la historia del México Independiente. Desde nuestra primera Constitución, en 1824, se crea la Contaduría Mayor de Hacienda, siendo ésta una de las instituciones más antiguas de nuestro país.

Durante su larga existencia, esta Institución ha sido Tribunal de Cuentas, Contaduría Mayor de Hacienda, y a partir del año 2001, Auditoría Superior de la Federación, con las modificaciones a su marco jurídico que en cada circunstancia fueron aprobadas.

Por su parte, la Cámara de Diputados, en diciembre de 2001, llevó a cabo la elección del Auditor Superior de la Federación, mediante un procedimiento inédito, abierto y transparente, a partir de una convocatoria pública, en la cual participamos 65 candidatos, y de la que resulté electo para el periodo 2002-2009, con más del 83% de la votación del pleno.

El nuevo marco jurídico que norma la actuación de la ASF, contiene importantes líneas estratégicas, cuya trascendencia es necesario destacar:

• Establece el carácter público de los informes, una vez que son entregados a la Cámara de Diputados.

• Ordena que las revisiones se lleven a cabo con mayor oportunidad, reduciendo los plazos para la entrega de los informes.

• Admite la revisión anticipada de la Cuenta Pública, a través de la evaluación de un Informe de Avance de la Gestión Financiera, que el Poder Ejecutivo presenta por el primer semestre del año en que se ejerce el presupuesto respectivo.

• Amplía las facultades de la ASF para llevar a cabo auditorías al desempeño, que permitan determinar si la gestión gubernamental y los servidores públicos, cumplen con los objetivos previstos.

• Otorga facultades para efectuar revisiones a los Poderes de la Unión, a los órganos constitucionales autónomos, y en general, a todas las instituciones que ejerzan recursos federales, incluyendo los estados, los municipios y los particulares.

• Concede nuevas atribuciones en materia de sanciones económicas resarcitorias y fincamiento de responsabilidades cuando se determinen daños patrimoniales a la Hacienda Pública.

• Finalmente, otorga a la ASF, autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de recursos.

El propósito esencial de estos cambios jurídicos, fue el de garantizar a la ciudadanía la neutralidad, con el fin de evitar presiones políticas de interés partidista.

La autonomía técnica y de gestión implica, entre otros fines, que las auditorías a efectuar, se desarrollen con base en una planeación y ejecución profesional rigurosas, que garanticen la credibilidad de nuestro ejercicio institucional y fortalezcan las funciones de control gubernamental del Poder Legislativo.

Entre las tareas que deben desarrollar las EFS, se distinguen fundamentalmente las siguientes:

• Fiscalizar los recursos públicos para propiciar que los diferentes órdenes de gobierno los ejerzan con transparencia, eficiencia, eficacia y economía, conforme a las disposiciones legales correspondientes;

• Fomentar la cultura de la rendición de cuentas en todos los niveles de la Administración Pública;

• Contribuir a que las políticas y programas públicos orientados a atender las necesidades de la población, no se afecten por el inadecuado uso de los recursos asignados; y por último,

• Combatir las prácticas de corrupción, con medidas correctivas y preventivas que eviten la recurrencia de las anomalías.

La fiscalización superior, en suma, debe corresponder a un ejercicio independiente, imparcial y objetivo de su actuación, contar con autonomía suficiente, mayores atribuciones, mejores métodos de trabajo y cuadros técnicos de alta calidad.

Frente a estos retos, tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. En el pasado reciente, se ha profundizado la demanda de la sociedad para disponer de una mayor capacidad de respuesta ante los recurrentes problemas de corrupción.

La corrupción en el sector público, es percibida como la de mayor gravedad, toda vez que involucra a quienes han sido elegidos para servir a los ciudadanos. El abuso de un cargo público, implica una violación a las normas y una traición al interés superior de la población.

Una de las características de un Estado

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