La Prueba En El Proceso Penal

PRUEBA DOCUMENTAL.

CONDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.

En términos generales, entendemos por documento todo medio material donde se recojan manifestaciones de voluntad, se muestran imágenes representativas de un estado de cosas pasadas o se deje constancia de la ocurrencia de ciertos actos o hechos. Esta definición agota los cuatro caracteres doctrinarios fundamentales que distinguen lo que puede considerarse documento a los efectos procesales: su carácter histórico, su esencia material, su connotación objetiva y su representatividad.

De tal manera, y en razón del principio de prueba libre imperante en el proceso penal acusatorio, pueden traerse al proceso documentos escritos, bien sean públicos o privados, ya sea que contengan declaraciones de las propias partes que les afecten a sí mismas o a terceros o documentos en los cuales se deje constancia de determinados hechos naturales o actos humanos. La variedad en esto es infinita y tiene que ver, muchas, con el tipo de delito que se esté ventilando en el proceso, es decir, se usan los documentos tanto por los acusadores como por la defensa, para probar o refutar los hechos y circunstancias que pueden ser constitutivos del tipo penal o de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que estén en discusión. Pero también se usan los documentos para calzar indicios, para probar la existencia misma del delito, o para probar la misma responsabilidad penal, lo cual es muy poco frecuente.

Los documentos, como ya sabemos, constituyen medios indirectos de prueba, ya que por su carácter histórico sólo informan al juez y a terceros sobre hechos pasados que no han podido contemplar directamente. La fuente de la prueba en los documentos está constituida por las manifestaciones o representaciones que ellos contienen. Por lo tanto, cuando hablamos de documentos falsificados, bien sea que se trate de falsificaciones ideológicas o relativas al contenido, o bien sea que se trate de falsificaciones materiales o referidas a la sustancia del documento, el documento cuestionado no constituirá prueba documental, sino prueba material, ya que el contenido del documento falso no puede hacer prueba de nada, en tanto que dicho documento es traído al proceso como pieza de convicción (evidencia material) del delito de falsificación junto con las pruebas de su falsedad, que por lo general son otros documentos, experticias o testimonios.

Los documentos que tienen cabida en el proceso penal, por su origen se clasifican en dos grupos: documentos intraprocesales y documentos extraprocesales.

Los documentos intraprocesales son aquellos que se forman en el curso del proceso, tanto por la actividad exclusiva de los funcionarios de investigación y jurisdicción, como aquellos donde intervienen las partes o terceros. Se trata de las actas que recogen los actos procesales, las decisiones de los jueces y fiscales y las solicitudes y alegatos de las partes. Dentro de este rango de documentos, en el proceso penal, solo tienen fuerza de documentos públicos las certificaciones legalmente expedidas de las decisiones judiciales firmes, y solamente respecto a los hechos a que se refieran, tales como la inexistencia de mérito para incoar el proceso y la existencia de las causas que motivan el sobreseimiento, la absolución o la condena. Pero jamás, las actas procesales que recogen diligencias de investigación en la fase preparatoria pueden tener el efecto del documento público civil, es decir hacer plena prueba del hecho a que se refiere, salvo prueba en contrario; y ello por una muy simple razón: las actas del proceso penal que recogen el resultado de diligencias de investigación, sobre todo las que se forman para fijar evidencia incriminatoria, son realizadas o bien sin la intervención del imputado o contra su voluntad. El documento civil en tanto, da fe pública de relaciones lícitas y generalmente asumidas por aquellos a quienes se les oponen dichos documentos en juicio, por lo cual, para desvirtuarlos tendrían que probar en contrario. El acta de un allanamiento, por ejemplo, es siempre sospechosa en el proceso penal acusatorio que se rige por el principio de prueba libre (“favor regulae”), es decir, es siempre susceptible de sana crítica y puede ser descartada por el juez por razones de simple máxima de experiencia sin que sea menester que el imputado produzca prueba alguna en contrario.

Los documentos extraprocesales son aquellos que no son formados en el seno del proceso ni con motivo de éste y que son incorporados al proceso por los órganos de investigación, por las partes o por terceros. Los documentos extraprocesales son, por lo general, preexistentes al proceso y pueden consistir en escrituras públicas otorgadas ante registradores o notarios, certificaciones de actas procesales o decisiones judiciales recaídas en otros procesos, o simples cartas personales, facturas mercantiles, pequeñas notas personales, publicaciones periódicas, libros, impresiones de fax o télex y cualquier clase de impresos que contengan textos en los que pueden apreciarse manifestaciones de voluntad o reseña de hechos, así como también fotografías, grabaciones magnetofónicas, filmaciones, etc.

Respecto al valor probatorio de los documentos extraprocesales en el proceso penal, estos documentos rara vez pueden ser preconstituidos, la tradicional distinción entre documento entre documento público y privado es casi irrelevante, salvo a que se refiere a la existencia de firmas indubitadas con trascendencia al fondo del asunto y que, por lo general, el contenido de los documentos, aun públicos cuando se refieren a hechos en los que intervienen personas, deben ser convertidos en testimoniales a fin de obtener la mejor vivencia que nos aporta la prueba personal.

Los documentos públicos muy raramente y sólo por error, pueden ser prueba eficiente de un delito porque nadie ocurre ante un funcionario público para hacer constar hechos que constituyan delito o para realizar negocios jurídicos que pudieran constituir delito. Es difícil que alguien convoque a un notario para que de fe de un contrato de sicariato o de una operación de lavado de dinero proclamada como tal, y más difícil que el funcionario de curso al documento. Por otra parte, si alguien hace constar en un documento público, un testamento mortis causa por ejemplo, un hecho delictivo que haya cometido, y después no muere, entonces dicha manifestación no tendrá valor por sí sola como confesión en un proceso penal acusatorio, por dos razones contundentes: la una, porque se trata de una manifestación extrajudicial y, la otra, porque la confesión no es prueba en ese sistema procesal.

De tal manera, a los efectos de la prueba eficiente del delito, el documento público es de menor importancia que el documento

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