La legislación sobre el aborto en los países de Аmérica Latina

América Latina presenta algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto. Chile, El Salvador y República Dominicana—no contemplan ningún tipo de excepción o rebaja de la pena por la realización de abortos, en la mayoría de los países y jurisdicciones la ley incluye excepciones a la pena sólo cuando resulta necesario para salvar la vida de una mujer embarazada y en otras circunstancias puntuales específicamente definidas.

Las organizaciones feministas y de mujeres latinoamericanas vienen luchando durante décadas por el derecho al aborto seguro y legal. Cada vez más el derecho internacional respalda sus reclamos, de hecho, los instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos, concluyen que el acceso al aborto seguro y legal es un elemento central para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en términos generales, incluyendo sus derechos reproductivos y aquellos relacionados a su inherente condición de persona. Las restricciones existentes para este tipo de decisiones en América dan lugar a prácticas clandestinas e inseguras que constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la región, especialmente en El Salvador.

En El Salvador, en 1997, la Asamblea modificó el Código Penal para eliminar la posibilidad de dispensar las sanciones penales cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando el feto padezca malformaciones severas y previsibles. El código penal reza en su "Art.161.- La mujer que intencionalmente causare su aborto, será sancionada con prisión de uno a tres años. Por aborto deberá entenderse la destrucción o aniquilamiento del producto de la concepción en cualquier estado de la preñez antes de iniciarse el nacimiento".

Para tratar con justicia el tema del aborto inducido, se debe conceder especial atención al análisis de los principios éticos, morales, jurídicos y religiosos, así como también al papel que tiene el legislador en una sociedad democrática. No es fácil establecer prioridades entre valores éticos conflictivos, pero sí es necesario reflexionar sobre principios éticos y filosóficos de derecho que legitiman la necesidad de proteger los derechos humanos de las mujeres y su autonomía como seres individuales. En el caso del aborto, este análisis permite considerar las circunstancias particulares de cada caso para apoyar o tomar una decisión éticamente válida.

El tema del aborto esta sesgado por el aspecto religioso, alegando que es un patrón anticultural y un pecado. En general el aborto no es visto como un derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo y su vida, es visto por la Iglesia como un “asesinato de inocentes” y está prohibido debido a que viola el V mandamiento de la Ley de Dios “No mataras”.

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