La seguridad en México

Introducción:

 El tema de la seguridad pública se ha convertido en un tema central a lo largo del continente, tanto para la sociedad como para sus gobernantes. En el caso de América Latina, el tema adquiere gran magnitud debido al incremento en los índices de criminalidad, principalmente durante la década de los 90´s. El fenómeno de inseguridad que se vive en la actualidad ha trascendido clases sociales y niveles educativos; delitos cometidos por la delincuencia común y por la organizada en la que se ven involucrados servidores públicos quienes, a nuestro juicio, lejos de salvaguardar la seguridad e integridad física y material de los ciudadanos, atentan en contra de ellos. Esta situación se ha convertido en un problema percibido por todos, sin que las acciones que lleva a cabo el gobierno logren controlarlo. Consideramos de suma importancia hablar específicamente del caso de México y mostrar cifras que nos den un panorama general del problema.

Mi tesina abarca del año 1994 a 2005 ya que en esos años los índices delictivos fueron los más altos.

Incidencia delictiva

La incidencia delictiva es cada vez mayor debido a diferentes factores, entre ellos:

1. El deterioro de las condiciones de vida, específicamente la creciente desigualdad entre las poblaciones más ricas y las más pobres del continente;
2. b) Patrones sociales de consumo de alcohol y drogas, relacionados sobre todo con la comisión de delitos violentos,
3. La falla existente en el mercado de trabajo. Esta parte tiene relación directa con el incremento del fenómeno de inseguridad ya que el exceso de demanda de trabajo es consecuencia del bajo crecimiento económico que México presenta y las personas optan por obtener sus ingresos a través de la economía informal, emigrando hacia los Estados Unidos o realizar prácticas delictivas.

Durante el 2005, en México se cometieron 11 mil 246 delitos por cada 100 mil habitantes; los estados de Baja California y el Distrito Federal son las entidades con mayor incidencia delictiva, con 20 mil 720 y 19 mil 663 delitos por cada 100 mil habitantes respectivamente; les siguen Quintana Roo con 16 mil 364 y el Estado de México con 16 mil 147. Tan sólo esas cuatro entidades concentran el 27 por ciento de la población y representan el 42 por ciento de la incidencia delictiva del país. Chiapas es la entidad con más baja incidencia, reporta menos de dos mil delitos por cada100 mil habitantes.

Otro de los problemas se refiere a la falta de confianza de la ciudadanía para denunciar el delito; la gente siente frustración y desconfianza ante las instituciones de seguridad pública, de derechos humanos y en general del sistema de administración de justicia porque no reciben una respuesta satisfactoria por parte de las instituciones. Esto impide tener una cifra real de la cantidad de delitos que se cometen en nuestro país.

Sólo se cuantifican los delitos denunciados y sentenciados y nos da lugar a la llamada “cifra negra” la cual se conforma por los delitos cometidos que no quedan registrados en las cifras oficiales, y son:

 a) Los delitos no denunciados.

b) Los delitos que no dan lugar a la averiguación previa a pesar de haberse denunciado.

c) Los varios delitos sufridos en un solo incidente, por una o varias víctimas, que quedan registrados en una sola averiguación previa.

d) Los delitos que no se registran por deficiencias en el sistema estadístico oficial.

Según el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la inseguridad (ICESI) tan sólo en el 2005 el 77 por ciento del total de los delitos cometidos no fueron denunciados ante las autoridades correspondientes, debido a factores que son presentados en el gráfico 2.1.

Gráfico 2.1 Porcentaje de delitos no denunciados y motivos de la no denuncia. 2005.

[pic 1]

Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005(ENSI-3). Análisis de Resultados. Septiembre 2005.

Del 23% del total de delitos que son denunciados, en el 20% de los casos se inicia una averiguación previa. De las averiguaciones previas iniciadas, en el 49%  no sucedió nada, en el 26% se encontraba en 27% trámite y en el 17 % se detuvo al presunto delincuente, el cual quedó en libertad en el 10%  de los casos y finalmente en el 7%  de las indagatorias la acusación no procedió. (Ver gráfico 2.2)

[pic 2]Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005(ENSI-3). Análisis de Resultados. Septiembre 2005.

Todas estas cifras nos presentan un panorama general de la seguridad pública en nuestro país. Hablaremos sobre las principales acciones que se han llevado a cabo en materia normativa para el combate a la delincuencia y presentamos datos estadísticos sobre los principales delitos cometidos en el país, estados con mayor índice de delincuencia, edad y género de los delincuentes, entre otros.

Estrategias contra la inseguridad.

Los índices de criminalidad en México han ido en aumento durante los últimos años, es por eso, que la presión pública para dar fin a este fenómeno también ha ido en aumento.

El Gobierno Federal y sus similares locales implementaron un sin número de estrategias para disminuir los índices de criminalidad. El aumento en las penas para 28 algunos de los delitos; la participación de las fuerzas armadas en las tareas de entrenamiento, vigilancia y disminución del delito; capacitaciones al personal de seguridad de las instituciones de seguridad pública por parte de agentes de otros países, incluso modificaciones en algunos artículos de la Constitución Política, todo con el fin de agilizar los procesos y de mejorar las estructuras de las instituciones.

A partir de la reforma constitucional de 1994, la legislación mexicana contempla a la seguridad pública como un servicio y una función del Estado. La seguridad pública se convierte entonces en una responsabilidad explícita del Estado mexicano, compartida en los tres niveles de gobierno; es decir, del Estado en su conjunto. Dichas reformas se hicieron con la finalidad de mantener y establecer el orden y la paz pública buscando el mejor funcionamiento de las instituciones. El artículo 21 de la Constitución fracción. IV establece que: […] La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución.(16). También se incluyeron cambios al artículo 73, para facultar al Congreso de la Unión en la creación de la Ley General que Establece las Bases para la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (aprobada en 1995 y cuya última reforma fue en el 2004) y se conforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública formado por distintas instituciones, cada una con una competencia específica. Estas son la policía preventiva, el ministerio público, los tribunales, la prisión preventiva, la ejecución de penas, el tratamiento de menores infractores, la protección a instalaciones y servicios estratégicos; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley.

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