Marco legal del Nuevo Estamento Jurídico Venezolano

Marco legal del Nuevo Estamento Jurídico Venezolano.

Si se hace un análisis de la Constitución de 1961 y la de 1999 se pueden observar dos modelos de Estado totalmente diferentes, siendo la primera el soporte normativo de una democracia representativa orientada a satisfacer los intereses de las élites económicas y políticas del país; mientras que la segunda es el fundamento y guía de una Democracia Participativa y Protagónica que atiende las necesidades y aspiraciones del pueblo, sin exclusiones. El Estado emergente de la Constitución de 1961 fungió como un agente de las élites económicas, fundamentalmente representadas en Fedecámaras; administrado políticamente por las organizaciones AD y COPEI, con el apoyo vigilante de la Fuerza Armada Nacional y bajo la bendición de la jerarquía de la Iglesia Católica. Bajo este esquema político representativo se desconoce la voluntad popular y, de manera flagrante, se excluye al pueblo de la toma de decisiones, incluso en los aspectos fundamentales de la vida nacional.

El Pacto de Punto Fijo, suscrito originalmente por AD, COPEI y URD (este último se retiraría más tarde del mismo), vino a reforzar esa función del Estado, el cual instrumentó una política asistencialista hacia los sectores medios y populares de la sociedad, que creaba la ilusión de vivir en un país que perseguía el bienestar de todos sus ciudadanos/as; no evidenciándose la construcción de un nuevo país, ni muchos menos ofreció horizonte alguno para concretar una duradera transformación social; ni siquiera en los años 70, época de la llamada "Venezuela Saudita", cuando el país recibe ingentes recursos por la exportación de petróleo. ¿Cómo explicar esta desidia estatal? Es sencillo, el Estado estaba abocado a consentir las apetencias de los reducidos grupos económicos del país a través de las bondades del oro negro, mientras mantenía instituciones públicas deficitarias que estuvieron de espaldas al pueblo. Mientras existieron recursos para costear las políticas asistencialistas sin afectar los privilegios de la oligarquía, el Estado tuvo capacidad de maniobra para desmovilizar cualquier presión popular; pero, en los años 80 el país se ve enfrentado a una crisis económica caracterizada por los altibajos de los precios del petróleo, que hizo insostenible el papel del Estado no sólo en la economía sino en la social, y esa capacidad de manejar la nación manteniendo la llamada "Paz Social".

Para paliar esta crisis, el Estado, administrado por el presidente Carlos Andrés Pérez iniciando su segundo mandato en 1989, hizo marcado énfasis en la capitalización de la economía nacional, cuya recesión era creciente, y generó las condiciones para la aplicación de medidas de ajuste de corte neoliberal bajo los "nobles" auspicios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Pérez presentó en cadena nacional su plan de gobierno denominado "El Gran Viraje", conocido popularmente como el "Paquetazo Económico", el cual imponía, una vez más, grandes sacrificios a la población más desposeída con medidas como: aumento de la gasolina, liberación de precios, congelación de los sueldos y salarios del sector público, creación de impuestos como el IVA, aumento de las tarifas del transporte público en más de 100%, liberación de las tasas de interés, disminución de los subsidios, flexibilización de las políticas que protegían a los trabajadores, protección del Estado a empresas privadas y privatización de empresas públicas, entre otras. Como era de esperarse, este paquete económico provocó un descontento en la gente que se materializó en la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, y días subsiguientes, conocida como "El Caracazo", que se expresó en todo el país.

Durante estos hechos, el ejército arremetió contra los grupos marginados y discriminados que irrumpieron en la escena política del país para oponerse a las medidas de ajustes.

Se suspendieron las garantías durante 10 días y comenzó el toque de queda más cruento de la historia. Las fuerzas militares callaron con sus armas ciento de víctimas que bajaron de los cerros a defender sus derechos.

Y es bueno hablar de ciento de personas porque, hasta el momento, en Venezuela todavía se desconoce el número de víctimas que se produjeron durante la masacre de esos días y las cifras aportadas son parciales, por lo que sería irresponsable especular sobre datos específicos y fidedignos. Como dice el coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, los familiares de las víctimas del 27F no encontraron espacio para sus denuncias, lo que generó una total impunidad en sus demandas.

Esto se viene a profundizar en el año 99 con la creación de la Defensoría del Pueblo, encargada de velar y defender a los ciudadanos/as de este tipo de arbitrariedades a raíz de estos hechos. De esta manera, las "bondades" del Paquetazo no cristalizaron, y no sólo por la efervescencia social que se generó, sino porque este modelo económico desencadenó una crisis social y de gobernabilidad que desembocó en las insurrecciones del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, protagonizadas por militares nacionalistas, quienes enarbolando el bolivarianismo como fundamento ideológico y moral, insurgieron contra el gobierno de CAP, socavando las bases de éste y ganándose la simpatía popular. Uno de los líderes más destacado de ese movimiento fue el comandante Hugo Chávez Frías.

El viejo Estado: Esta insurgencia militar alertó a los estamentos políticos y económicos del país sobre los riesgos que corría su sistema, iniciándose la decadencia de AD y COPEI como partidos hegemónicos, y ascendiendo Rafael Caldera a la Presidencia en el año 93.

Sin embargo, tampoco Caldera satisfizo las demandas populares: persistieron y se profundizaron el desempleo, el deterioro de los salarios, la contracción del consumo y la pobreza, que agudizaron la inequidad y la exclusión social. La democracia mantenía su carácter representativo, pero el Estado comenzó a debilitarse, especialmente por exigencias de las oligarquías regionales y partidos políticos emergentes, en consonancia con el diseño formulado para los países de América Latina, según los postulados

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